El Congreso vota hoy la ley del PP para que fiscal general no designe al custodio de datos personales en la Fiscalía

El análisis del protocolo que permitió el borrado de datos del teléfono del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de una investigación sobre posible revelación de secretos, ocupa un puesto relevante en el debate actual acerca de la designación del responsable de protección de datos en la Fiscalía. Según detalló Europa Press, el Congreso de los Diputados examina y vota este martes una propuesta presentada por el Partido Popular (PP) que busca revertir el mecanismo por el cual el fiscal general designa directamente a la figura encargada de custodiar la información personal gestionada por la institución. La propuesta del PP se enfoca en modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal, de modo que la elección de este responsable vuelva a depender de una votación por mayoría absoluta del Consejo Fiscal, en lugar de la designación unilateral del fiscal general como sucede desde la última reforma.

Europa Press consignó que la proposición de ley del PP fue registrada en abril y que ahora enfrenta su primer examen parlamentario. El partido justifica su planteo argumentando que el sistema actual, instaurado por una reforma promovida por el Gobierno mediante la llamada Ley de Eficiencia de la Justicia, representa “un riesgo evidente”: permite que el mismo funcionario sometido a control nombre a la persona que debería vigilarlo, lo que afecta la neutralidad e independencia exigidas para la función. En la exposición de motivos de la proposición, recogida por Europa Press, se afirma que la actual redacción del artículo 12.n del Estatuto del Ministerio Fiscal se aparta de “los criterios de independencia y transparencia exigidos por la normativa europea" y subraya que "no puede ser nombrada por quien debe ser controlado sin riesgo de poner en peligro la independencia de quien va a desempeñar la función".

El contexto del debate parlamentario se ve influido por la investigación en curso del Tribunal Supremo sobre el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz. Europa Press reportó que García Ortiz afronta un proceso judicial en el que se lo acusa de un presunto delito de revelación de secretos, por supuestamente filtrar un correo electrónico con información confidencial relativa a un presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Durante la instrucción, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil determinó que en el teléfono de García Ortiz no existían registros de mensajes instantáneos ni correos electrónicos relacionados con González Amador.

La Fiscalía indicó que García Ortiz se ampara en un protocolo de protección de datos que implica el borrado sistemático de la información contenida en su teléfono móvil. Europa Press puntualizó que el actual responsable de protección de datos de la Fiscalía, Agustín Hidalgo, deberá comparecer como testigo en el juicio, tras haberse requerido que presentara copia de la normativa interna sobre el manejo de dispositivos móviles y correos electrónicos por parte del Ministerio Fiscal. Ello permitirá examinar si el borrado de datos efectuado por el fiscal general se correspondió con lo estipulado en la regulación vigente al respecto.

Agustín Hidalgo ocupa el cargo desde el 25 de junio de 2020, cuando fue elegido por mayoría en el Consejo Fiscal durante el mandato de Dolores Delgado. Su nombramiento contó con el respaldo de los seis miembros de la Asociación de Fiscales, que integran la mayoría en ese órgano. El mandato de Hidalgo, que dura cinco años, está próximo a finalizar. Según la actual normativa, sería Álvaro García Ortiz quien tendría la facultad de nombrar directamente al próximo responsable de protección de datos, sin requerir la aprobación del Consejo Fiscal, como ocurría antes de la última reforma impulsada por el Ejecutivo.

De acuerdo con la argumentación del Partido Popular difundida por Europa Press, el cambio legislativo promovido por el Gobierno transformó a la figura del responsable de protección de datos en una “unidad más de la Fiscalía General del Estado”, en lugar de una autoridad independiente como era previamente. Por este motivo, el PP propone restaurar un sistema que, según su visión, permita garantizar “un procedimiento transparente y ajustado a los principios constitucionales y europeos en materia de protección de datos”.

Europa Press detalló que la propuesta se encuentra en su primer trámite parlamentario y que este debate se produce mientras persisten cuestionamientos sobre la autonomía y el control en la gestión de la información sensible dentro del Ministerio Fiscal, especialmente en contextos donde la propia cúpula del organismo está bajo escrutinio judicial. El desarrollo de la votación y el contenido final de la reforma decidirán el futuro de la designación del responsable de protección de datos y la alineación del sistema con las exigencias normativas de independencia y transparencia tanto a nivel nacional como europeo.