(Actualiza la EC2379 con más información)
Madrid, 8 abr (EFE).- El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, va a abrir una actuación de oficio con todas las comunidades autónomas para conocer su parque de viviendas públicas, las medidas que tienen previstas para incrementar ese número y el de casas asequibles, y si van a declarar zonas tensionadas.
Gabilondo ha hecho este anuncio en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde también ha informado de que va a iniciar una actuación con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para conocer el grado de ejecución de los planes anunciados.
Asimismo, va a recabar información sobre las medidas adoptadas por las administraciones competentes, en este caso los ayuntamientos, para limitar el alquiler turístico.
Gabilondo ha abogado por limitar el alquiler de uso turístico e incentivar el de larga duración como una de las medidas que deben adoptar los municipios para combatir el incremento sostenido de los precios del arrendamiento en España.
"Ya que está generalmente aceptado que el acelerado incremento del alquiler turístico supone una disminución de viviendas para alquiler habitual y perturba el equilibrio del entorno humano y los servicios necesarios, parece razonable limitar el alquiler de uso turístico en los numerosos municipios en que produce esos problemas, para incentivar el de larga duración y la correlativa reducción de los precios", ha afirmado.
También ha señalado que las administraciones públicas "deben procurar utilizar las herramientas" dispuestas en la Ley por el Derecho a la vivienda para hacer frente a esa escalada de precios, entre otras la declaración de zonas tensionadas y el control de precios.
En una intervención ante la comisión mixta de diputados y senadores para informar, a petición del PP, de sus actuaciones en relación con el problema de la vivienda y la 'okupación', Gabilondo ha destacado que su oficina recibe "más quejas sobre desahucios que sobre ocupación"
Según sus datos, en 2024 recibió 200 quejas relativas a procesos de desahucios frente a 45 quejas de vecinos por molestias, problemas de convivencia y vandalismo relacionadas con ocupaciones de viviendas y 41 quejas de propietarios.
Tras explicar que el Defensor del Pueblo no puede intervenir en procedimientos judiciales, ha indicado que esta institución adoptó el año pasado 102 actuaciones en este ámbito frente a las 60 de 2023.
Ha destacado también que más de 300 quejas recibidas en 2024 denunciaban las "largas esperas" en procesos de adjudicación de vivienda pública con "miles de inscritos", lo que, a su juicio, pone de manifiesto la "escasez" de viviendas de esa naturaleza en España, algo que "no permite amortiguar las consecuencias sociales del incremento de los precios". EFE
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