La subdirectora de Gestión de Fondos Europeos del Gobierno de Canarias, Pilar Almeida, ha señalado este lunes que el contrato de compra con la empresa RR7 por un millón de mascarillas que no se recibieron no estuvo sujeto al uso de fondos europeos.
En una comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias ha señalado que "no hay ningún gasto" de fondos europeos para ese contrato ni consta declaración del contrato por parte del Servicio Canario de Salud (SCS).
"No nos llegó ninguna declaración de gasto del SCS, no sabemos nada, no tiene expediente, no formaba parte de las declaraciones de gasto del SCS", ha indicado.
Almeida no ha sabido aclarar por qué hay una investigación en curso de la Fiscalía Europea --"no tengo ni idea"-- si bien la ha vinculado, quizás, a que inicialmente se incluyera en una relación de gastos susceptibles de ser imputados a fondos de la UE.
"Es una práctica normal, se indica desde el minuto uno pero eso no quiere decir que todas las subvenciones se incluyan", ha indicado, al tiempo que ha señalado que la Fiscalía Europea no ha solicitado "nada" a su departamento.
Almeida no ha obviado tampoco que en los momentos iniciales de la pandemia había un problema de desabastecimiento y dificultades para conseguir material por parte de los proveedores.
Tanto CC como PP han mostrado su extrañeza por este "gran misterio" y la confusión del relato dado que hay resoluciones firmadas por la directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, que vinculan ese contrato con los recursos comunitarios.
Ha descrito que para operar con fondos europeos, ya sea Feder, Fondos Social Europeo o React-UE, se hace una programación con objetivos como desarrollo del tejido productivo, gastos de corporaciones locales o infraestructuras sanitarias.
Ha dicho que en la pandemia se incluyeron "por primera vez" contratos de emergencia con cargo a fondos europeos, que ha asignado a casi 37 millones de euros, en tanto que de forma ordinaria se certificaron en varios ejes contratos por importe de 270 millones.
Almeida sí ha admitido que si finalmente se demostrara que el contrato de RR7 fue abonado con fondos europeos, la comunidad autónoma tendría que reintegrar el dinero a la Comisión Europea.
Igualmente ha señalado que contratos de Soluciones de Gestión, empresa vinculada al 'caso Koldo', sí están afectados por fondos europeos por importe de 10,9 millones si bien han sido "descertificados" con retirada de preventiva de fondos al abrirse una causa judicial.
En todo caso ha comentado que el contrato cumplía desde el punto de vista administrativo con mascarillas entregadas que se pagaban al ser recibidas, y las que no eran avaladas por los servicios de prevención, no se abonaban.
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