El Gobierno del Principado de Asturias entiende que la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en Santander ha de estar "a la altura" de las circunstancias y ofrecer "acuerdos amplios" que superen "trincheras partidistas".
Según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional, la actual situación con trabajos aún para recuperar la normalidad en las zonas de Levante devastasdas por la dana añade un "plus de responsabilidad" a todas las instituciones del Estado.
Tal y como ha señalado este miércoles en una rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, el Ejecutivo regional ha señalado que aprovechará la Conferencia para practicar "política útil", siempre con la defensa de los intereses de Asturias como premisa.
A la Conferencia asistirá el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, además del consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Peláez.
Desde el Gobierno de Asturias señalan que sus posiciones sobre financiación autonómica han sido explicitados en numerosas ocasiones y que el propio Adrián Barbón se ocupó de transmitírselos al presidente Pedro Sánchez. Se basan en el acuerdo sobre financiación alcanzado por todos los grupos parlamentarios de la Junta General, con la excepción de Vox.
El Principado reconoce que todas las comunidades están infrafinanciadas, reclama más recursos, demanda que el sistema garantice la equidad en la prestación de los servicios públicos con independencia del lugar de residencia y aboga por la multilateralidad.
Por otro lado, desde Asturias consideran una "prioridad absoluta" la política de vivienda. El Ejecutivo de Adrián Barbón aprueba tanto la Ley de Vivienda como las iniciativas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, incluida la constitución de una empresa pública dedicada a este objetivo.
Desde el Gobierno asturiano señalan que, en coherencia con este criterio, el proyecto de presupuestos del Principado para 2025 eleva más de un 59% los fondos destinados a este objetivo, hasta 143,6 millones. Si en 2024 se ha iniciado la construcción de 600 nuevas viviendas públicas y la rehabilitación de otras 180, el próximo año se promoverán 400 más. Aparte de ampliar las deducciones fiscales que facilitan el acceso a la vivienda -como la prevista para menores de 36 años-, el Ejecutivo trabaja en la declaración de zonas tensionadas para los barrios de La Arena y Cimadevilla, en Gijón.
Recuerdan que una de las acciones más novedosas será la aplicación del programa 'Alquilámoste', pensado para poner en el mercado viviendas vacías a precios asequibles y con garantías para las personas propietarias.
Por lo que respecta a la gestión migratoria, el Gobierno de Asturias propugna una respuesta "solidaria, compartida y proporcional de todas las administraciones". A estos efectos, el Principado señala que continuará colaborando en los distintos programas de acogida (básicamente de jóvenes) en la medida de sus posibilidades.
Además, en relación a la escasez de profesionales sanitarios, desde Asturias señalan que ya están desplegando vairas iniciativas para paliar una carencia "derivada en parte de la política de recortes aplicada por el PP durante su mandato".
Recuerdan que fue una ministra asturiana, María Luisa Carcedo, quien "revertió aquella decisión y posibilitó el aumento de plazas MIR". Para el Ejecutivo autonómico es conveniente reforzar la coordinación nacional para aplicar criterios homogéneos para la captación de profesionales de otros países o potenciar la especialidad de medicina de familia.
En otro orden de cosas y con independencia de los asuntos mencionados, el Principado aprovechará la Conferencia de Presidentes para proponer un Pacto de Estado por la siniestralidad laboral.
Desde el Gobierno autonómico explican que en Asturias ya está en marcha un plan de choque acordado con los sindicatos y la patronal y que cuenta tanto con la Inspección de Trabajo como con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
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