París, 6 nov (EFECOM).- La OCDE considera que los cambios introducidos en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE), que fue objeto de una revisión a comienzos de año ante las protestas del sector, ha dado más flexibilidad en las reglas medioambientales que le alejan de los objetivos en ese terreno.
En su informe anual sobre evaluación de las políticas agrícolas publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) constata también sobre esa cuestión que en la UE se han retrasado o retirado varias propuestas legislativas.
Alude en particular al marco legislativo para los sistemas alimentarios sostenibles o el reglamento sobre el uso de productos fitosanitarios que, a su parecer, "muestran las dificultades de incorporar los objetivos europeos del Pacto Verde" a la PAC.
"Esos contratiempos -advierte- no reducen la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea, ni la importancia de encontrar una vía de soluciones eficaces para unos retos medioambientales acuciantes y antiguos".
La actual PAC se empezó a aplicar en enero de 2023 y debe estar en vigor hasta 2027, período en el que está previsto que movilice unos 307.000 millones de euros de dinero público, de los cuales en torno a dos tercios serán en pagos directos e intervenciones sectoriales, y el resto para el desarrollo rural.
Los autores del informe señalan que el pasado año se empezaron a poner en marcha los nuevos tipos de pagos directos a los agricultores, que incluían incentivos para aquellos que voluntariamente decidían aplicar métodos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
Pero a continuación puntualizan que esa condicionalidad medioambiental ha quedado flexibilizada con la revisión de la PAC que se aprobó a comienzos de año en respuesta a las protestas del sector.
El juicio del informe sobre esas modificaciones es más bien crítico: "aunque esos cambios pueden facilitar la aplicación, pueden limitar la eficacia de ese mecanismo para promover bienes públicos o reducir los daños medioambientales".
Su propuesta es que, en lugar de aumentar el grado de flexibilidad, habría que estudiar "los beneficios potenciales de reformar la condicionalidad" de las ayudas para centrarse en "un número reducido de prácticas (medioambientales) que sean exigibles y controlables a gran escala".
Según los cálculos de los autores del estudio, las ayudas de la PAC representaban un 16 % de los ingresos de los agricultores europeos en el periodo 2021-2023, por encima de la media del 13,7 % en la OCDE.
Fuera de la UE, los países en los que esas ayudas públicas tenían un mayor peso son Noruega, Islandia, Suiza y Corea del Sur, donde suponían más del 40 % de los ingresos de los productores; y en Japón, donde representan un 33 %.
En Estados Unidos o en Canadá las subvenciones aportan entre el 5 y el 9 % de los ingresos. EFECOM
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