Madrid, 29 oct (EFE).- La Mesa del Congreso ha acordado ampliar el plazo de enmiendas a la ley que crea un impuesto complementario para asegurar una tributación mínima de las multinacionales, con lo que el Gobierno gana algún tiempo de margen para acordar los impuestos de banca y energéticas, que se iban a incorporar a esta norma.
Según han confirmado a EFE fuentes de la Mesa, el plazo de enmiendas parciales a este texto, que se iba a cerrar este miércoles tras varias prórrogas -entró en el Congreso en junio-, se volverá a ampliar hasta el 6 de noviembre.
Este proyecto de ley transpone una directiva europea que pretende regular el denominado Pilar 2, por el que se pretende evitar una competencia fiscal a la baja entre países en el impuesto de sociedades.
En España ya opera una tipo mínimo efectivo del 15 % de la base imponible para empresas que facturan más del 20 millones de euros, que ahora se complementa con el nuevo tributo, sin que suponga una doble imposición.
Este impuesto complementario afectará a los grupos con una facturación superior a 750 millones de euros, de manera que garantizará que tributan al menos un 15 % de su resultado contable ajustado en cada uno de los territorios donde operan.
La ampliación del plazo de enmiendas ajusta aún más el plazo para aprobar la transposición de la directiva -que ya está fuera de plazo- antes de final de año, ya que todavía tiene que pasar por comisión, Pleno y el Senado.
Más allá del texto estricto del proyecto de ley, se espera que se aproveche la tramitación ya avanzada de esta norma para incorporar otras regulaciones pendientes, entre ellas la conversión en impuestos permanentes del gravamen sobre la banca y las energéticas.
Estos gravámenes se plantearon como extraordinarios y temporales y decaerán a final de año salvo que se prorroguen o se conviertan en impuestos permanentes, tal y como pactaron PSOE y Sumar en la investidura y el Gobierno ha comprometido en el plan fiscal remitido a Bruselas.
La conversión en permanentes de estos gravámenes -que este año han recaudado 2.859 millones de euros- implica convertirlos en impuestos, algo que solo puede hacerse con una ley, cuyo trámite parlamentario se prolonga durante varios meses, por lo que, en este momento, la única opción es incluirlos en un texto que ya haya iniciado el procedimiento.
Entre las medidas fiscales pendientes de adoptar antes de final de año también figura la propuesta de neutralizar el impacto recaudatorio de la anulación de la reforma del impuesto de sociedades de 2016, incluida en la uno de los paquetes anticrisis pendientes de tramitar en el Congreso. EFE
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