Madrid, 31 may (EFE).- Sumar ha avisado a los "tres, cuatro o cinco fiscales" que no quieren aplicar la ley de amnistía que deben ajustarse a criterios jurídicos y no "politizados" y ha recordado que el Tribunal Constitucional (TC) es la última instancia para dirimir si la aplicación de la norma se ajusta a las obligaciones constitucionales.
En rueda de prensa en el Congreso el diputado de Sumar Enrique Santiago ha señalado que el problema que se está generando a partir de la aprobación de la ley de amnistía "no es para el Gobierno", sino "para el poder judicial" y ha confiado en que la Fiscalía determine la posición que deben seguir los fiscales en la aplicación de la ley.
No obstante y aunque es consciente de que algunos jueces pueden elevar cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos y dejar en suspenso el levantamiento de medidas cautelares, ha señalado que estos jueces deberán acotar los artículos concretos de la ley en los que tienen duda por considerar que la norma puede colisionar con el derecho comunitario.
Santiago ha confiado en que la Fiscalía General determine la posición sobre la aplicación de la ley y se mantenga "la unidad y la jerarquía" dentro del poder judicial.
Los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del 'procés' comunicaron ayer al fiscal general que se oponen a amnistiar el delito de malversación porque la propia norma lo excluye y, además, "afecta a intereses financieros de la Unión Europea (UE)", al tiempo que le informaron de que la orden de detención contra el expresident catalán Carles Puigdemont no puede ser retirada por la amnistía.
"Muchos de ellos, interpretan la ley como una forma de enmendar y es un craso error. La amnistía es una potestad de un Estado para resolver un conflicto político. Pero siempre hay personas que anteponen visiones personales y se creen el centro de la democracia. Sorprenden con argumentos absolutamente politizados y no jurídicos", ha recalcado el diputado de Sumar.
En todo caso, ha señalado que la persona encausada que pide la amnistía podría recurrir al Tribunal Constitucional si no se le aplica, ya que es el TC el que determina si la aplicación de la norma se ajusta a las obligaciones constitucionales o no.
Por otra parte, Enrique Santiago ha recordado que tras la aprobación definitiva de la ley ayer por el Congreso, la Constitución da un margen de 15 días para que sea promulgada y ve "normal" que la publicación no sea inmediata.
"Son tramitaciones. Pero no cabe duda de que la ley de amnistía se va a publicar dentro de los plazos de la Constitución", ha dicho tras restar importancia a las críticas del abogado de Carles Puigdemont, Gonzayo Boye, que ha acusado al Gobierno de estar "reteniendo" la publicación de la ley de amnistía para que no le perjudique en la campaña de las elecciones europeas.EFE
rdm/bal
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