La empresa española Gases & Welding ha iniciado una acción internacional contra Guinea Ecuatorial tras perder el control de su compañía local y ver confiscados todos sus activos industriales y societarios sin compensación. Según la notificación oficial enviada el pasado 10 de marzo, la compañía acusa al Estado africano de expropiar su empresa gasística sin abonar indemnización alguna, luego de dos décadas de inversión y desarrollo de infraestructura en el país.
De acuerdo con los documentos presentados por Gases & Welding y su equipo legal, el conflicto comenzó cuando las autoridades de Guinea Ecuatorial bloquearon el acceso de la compañía a sus propias instalaciones, quedándose con todos los bienes y recursos de la firma. La empresa, representada por el bufete internacional PBX International Law, sostiene que el gobierno vulneró el tratado bilateral de protección de inversiones firmado entre España y Guinea Ecuatorial, lo que abre la puerta a un arbitraje internacional bajo el amparo del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones).
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La llegada de la empresa a Guinea Ecuatorial se remonta a 2004, cuando instaló la primera planta de separación de aire del país, dedicada a la producción de oxígeno y nitrógeno líquidos. Esta infraestructura marcó un hito industrial, facilitando el acceso a insumos estratégicos para la industria y la salud en la región.
Posteriormente, en 2015, el propio gobierno invitó a la compañía a participar en la creación de Gas Guinea S.A., una sociedad conjunta con la empresa estatal Sonagás S.A., destinada al almacenamiento, envasado y distribución de gas doméstico e industrial. Este proyecto permitió que, por primera vez, los hogares y empresas de la región continental contaran con un suministro regular de gas.
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Sin embargo, la relación entre ambas partes dio un vuelco casi una década después, con los embargos del Ejecutivo a la empresa gasística. Pablo Parrilla, socio de PBX International Law y abogado de la empresa afectada, calificó el caso como “una de las confiscaciones más significativas que haya sufrido un inversor español por parte del Estado guineano, en el marco de inversiones estratégicas en una industria esencial”.
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Una expropiación “sin recibir un solo euro”
La denuncia sostiene que Guinea Ecuatorial violó varios principios básicos del derecho internacional de inversiones, entre ellos el trato justo y equitativo, la plena protección y seguridad, y la prohibición de medidas arbitrarias o discriminatorias. El punto más grave, según la demanda, es la expropiación sin indemnización, práctica que contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado africano.
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Actualmente, el conflicto se encuentra en la fase de negociaciones amistosas, un paso previo obligatorio antes de recurrir a instancias internacionales. Si no se alcanza un acuerdo, Gases & Welding llevará el caso a arbitraje ante el CIADI, órgano dependiente del Banco Mundial especializado en la resolución de controversias entre inversores extranjeros y Estados.
La situación de la empresa española no es aislada. Según han explicado los abogados, Guinea Ecuatorial enfrenta otro arbitraje internacional con un inversor suizo (Shefa Gold SL). Una reclamación que supera los 862 millones de euros (1.000 millones de dólares). Los expertos advierten que la acumulación de laudos arbitrales adversos podría comprometer la financiación externa del país, así como la capacidad de la empresa estatal Sonagás para acceder a préstamos, líneas de crédito bilaterales o apoyos multilaterales, incluidas operaciones del Banco Mundial.
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La abogada Nicolás E. Bianchi, socia del bufete que representa a la compañía española, explicó que el proceso iniciado busca restituir los derechos de la empresa y obtener una compensación por la expropiación sufrida. Según Bianchi, la pérdida afecta no solo a la firma demandante sino también al desarrollo futuro de la industria gasística de Guinea Ecuatorial y a la confianza de los inversores extranjeros en el país.
La notificación de controversia enviada por Gases & Welding destaca que, tras invertir durante dos décadas en el desarrollo industrial y energético de Guinea Ecuatorial, el resultado ha sido la confiscación de todos sus activos “sin recibir un solo euro” de compensación.
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