Reconocidas 63 víctimas de la extrema derecha o las fuerzas de seguridad entre 1979 y 1983

Madrid, 18 jun (EFE).- Una comisión impulsada por el Gobierno sobre vulneración de derechos humanos entre 1979 y 1983 ha identificado a 63 víctimas que murieron en ese periodo inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución a manos de la extrema derecha o de fuerzas de seguridad, dos de ellas en el primer año del Ejecutivo socialista de Felipe González.

En su informe tras la finalización de los trabajos, al que ha tenido acceso EFE, la comisión reconoce un total de 63 víctimas siguiendo dos criterios: que los casos acabaran en muerte y que ocurriera en un contexto de violencia por motivaciones políticas.

En concreto, hay 34 víctimas de actuaciones de la extrema derecha y 29 de excesos policiales entre el 29 de diciembre de 1978 (la fecha de entrada en vigor de la Constitución) y el 31 de diciembre de 1983, todas ellas acordadas tras un intenso debate en el seno de la comisión, prevista en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y presidida por el secretario de Estado, Fernando Martínez.

La mayoría de víctimas son de 1980 (28 casos), seguido de 1979 (22 casos), 1981 (9 casos), 1982 (tres casos) y 1983 (un caso).

La extensión de los trabajos de la comisión hasta finales de 1983, incluyendo el primer año de Gobierno del socialista Felipe González, fue fruto de una enmienda pactada con EH Bildu y se convirtió en uno de los aspectos de la ley que generó más polémica política.

De las 63 víctimas recogidas en el informe, dos corresponden al inicio del mandato de Felipe González, en concreto Salvador Sampedro de Dios (5 de diciembre de 1982) y Juan Félix Domínguez (19 de febrero de 1983).

El primero era un taxista que falleció en la provincia de Valladolid por una agresión con arma blanca y un posterior atropello de dos integrantes de un comando ultraderechista denominado 'Grupo armado 28 de octubre', que habían cogido el taxi con destino a Salamanca para tratar de proporcionar armas al grupo.

Y el segundo un niño de dos años que murió por disparos de la guardia civil en un control ubicado en un cruce de carreteras en Valmojado (Toledo), al no detenerse el coche en el que viajaba con su familia ante las señales de los agentes.

En el listado figuran también Juan Mañas, Luis Montero y Luis Manuel Cobo, del conocido como 'caso de Almería', que murieron el 10 de mayo de 1981 torturados por la guardia civil tras ser detenidos al ser confundidos con miembros de ETA.

Otra víctima reconocida es Jesús María Zubikarai, que fue detenido en 1975 y encarcelado tres meses bajo la acusación de pertenecer a ETA y que figura en el listado por haber sido secuestrado y asesinado el 2 de febrero de 1980 en Éibar (Guipúzcoa) por el comando de extrema derecha Batallón Vasco Español.

También figuran el concejal independiente de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián Tomás Alba, asesinado el 28 de septiembre de 1979 en Astigarraga (Guipúzcoa) por integrantes del Batallón Vasco Español, y la estudiante y militante del partido Socialista de los Trabajadores Yolanda González, asesinada el 1 de febrero de 1980 en Madrid por miembros de Fuerza Nueva.

La comisión concluye que, entre 1979 y 1983, siguió habiendo prácticas autoritarias bajo un "patrón estructural de impunidad" y menciona el terrorismo de ETA entre los focos de violencia.

Eso sí, las personas vinculadas a grupos terroristas quedaron excluidas expresamente de la posibilidad de ser consideradas víctimas, según el acuerdo del Consejo de Ministros de abril de 2024 que aprobó esta comisión.

Más allá de su presidente, la comisión estaba integrada por doce vocales, entre ellos el confundador de CCOO y exlíder del PCE Nicolás Sartorius, que estuvo encausado en el llamado proceso 1001; el exdirector de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza; o la socialista y activista por la paz y la memoria Paca Sauquillo.

El informe con las conclusiones propone algunas medidas, como la creación de un "canal institucional permanente" con las víctimas o la ampliación del estudio a otras vulneraciones de derechos humanos. EFE