El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

Ultimátum: la Asociación Ecología y Libertad ha mandado un burofax a todos los propietarios del campo de golf de La Moraleja, seguramente la urbanización más elitista de la Comunidad de Madrid, ubicada en el municipio de Alcobendas. El mensaje enviado es claro y contudente: la empresa que gestiona el complejo deportivo tiene que dejar de usar agua procedente de pozos subterráneos para regar las instalaciones. Y segundo, tiene que dejar de usar una de las parcelas que le cedió el Ayuntamiento porque este suelo no puede tener uso deportivo, según la calificación urbanística de los terrenos. Los burofax fueron remitidos el pasado 12 de junio a todos los accionistas de Golf Park Entertainment SL.

Los principales accionistas son importantes inversores financieros: la familia Rubio, la familia Lewin, German Manuel Gamazo Hohenlohe y Joaquín Cayuela Verges. Daniel Rubio (familia Rubio) es fundador de Capital Strategies, una sociedad privada regulada por la CNMV y especializada en representar a gestoras de activos internacionales (uno de sus clientes por ejemplo, es el mayor banco sueco). Rodolfo Lewin (familia Lewin) es un consultor financiero que trabajó para Mango y que ahora asesora a ONG nacionales e internacionales. Luego está Germán Manuel Gamazo Hohenlohe, que ostenta varios títulos nobiliarios y es el cuñado del conocido financiero y mecenas artístico Juan Abelló.

El cuarto accionista es Joaquín Cayuela, un conocido empresario del sector del pistacho. De hecho, es secretario de Pistamancha, una cooperativa ubicada en Castilla La-Mancha (la región que lidera el cultivo de este fruto seco en España). La cooperativa inauguró el año pasado una fábrica que permitirá procesar hasta dos millones de kilos de pistacho en verde, el equivalente a 660.000 kilos de pistacho seco comercializable. Todos ellos son los propietarios de la empresa que gestiona el campo de golf La Moraleja y todos ellos han recibido el burofax. Hay que destacar que la Fiscalía de Madrid investiga desde hace tiempo si el complejo está cogiendo agua de varios pozos de manera irregular.

El campo de golf se ubica sobre dos parcelas: una de titularidad privada y otra de titularidad municipal. El complejo deportivo se compone de un campo de golf de 9 hoyos, una zona recreativa (minigolf, cancha de prácticas, cafetería, terrazas, quioscos), pistas de pádel y un servicio de lavado de coches. La superficie cuenta además con dos lagos, especies arbustivas (aproximadamente 183 árboles y 2.000 arbustos) y una extensión de césped de 107.738 metros cúbicos. Los ecologistas denuncian que para regar solo el césped (sin tener en cuenta el consumo de agua del resto de instalaciones), Golf Park necesitaría 57.680 metros cúbicos de agua cada año.

¿De donde sale el agua?

Este campo de golf fue inaugurado en 1997, cuando el PSOE gobernaba Alcobendas. La empresa ha mantenido una concesión municipal con alcaldes del PP, socialistas y de Ciudadanos. La instalación se asienta sobre dos parcelas, una privada y una pública (la concesión dada por el Consistorio). Para cubrir las necesidades de agua se apuntaba como solución la reutilización de las aguas sobrantes de las piscinas, el sistema de climatización de un polideportivo municipal, y la extracción de aguas subterráneas de varios pozos con un límite máximo de 7.000 metros cúbicos al año por pozo. Solo de 7.000

La Confederación Hidrográfica del Tajo tiene registrados dos aprovechamientos de aguas subterráneas dentro del campo de golf. Dos aprovechamientos, dos pozos. Los ecologistas denuncian que Golf Park no es titular del aprovechamiento del primer pozo y tiene “prohibido utilizar el agua”. Un agua que además se utiliza sin contador. El segundo pozo está en la parcela de titularidad municipal. Y aquí se denuncian varias irregularidades: Golf Park no puede ostentar legítimamente la titularidad de este aprovechamiento y el uso del agua no comprende en ningún caso el riego del campo de golf. Además, la Comunidad de Madrid exigió en junio de 2014 la obtención de una concesión de aguas depuradas provenientes de la Estación Depuradora de Arroyo de la Vega. A día de hoy, y según ha confirmado la propia Confederación, Golf Park no dispone de dicha concesión.

Con carácter adicional a los dos pozos que se acaban de describir, la asociación ecologista ha tenido conocimiento de que Golf Park estaría extrayendo agua de, al menos, otros dos pozos que no se encuentran inscritos en el Registro de Aguas ni cuentan con concesión ni autorización alguna por parte de la Confederación, “lo que constituye una ilegalidad manifiesta”. En razón de todo lo expuesto, “dados los daños que el uso ilegal del agua causa al medio, independientemente de las infracciones administrativas, los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente (artículo 325 del Código Penal)”, señala el escrito que han recibido los propietarios del campo de golf.

No puede albergar un complejo deportivo

La asociación Ecología y Libertad también señala se ha podido cometer una infracción urbanística muy grave (tipificada en el artículo 204.2 de la Ley del Suelo, de la Comunidad de Madrid) porque el Ayuntamiento de Alcobendas cedió a esta empresa una parcela pública para que se ampliara el campo de golf cuyo uso es el de zona verde, incompatible con la ordenación urbanística aplicable. “Y este es un delito que nunca prescribe”, explica un portavoz de este colectivo ecologista, que apunta como responsables a varios cargos políticos del Ayuntamiento de Alcobendas, hoy gobernado por el PP. Entre los señalados, la alcaldesa del municipio, Rocío García, y el director del Área de Medio Ambiente del Consistorio, Guzmán Arias.

“Para el caso de que Golf Park no atienda los requerimientos expuestos en los plazos indicados, la asociación Ecología y Libertad se reserva expresamente el ejercicio de cuantas acciones judiciales le asistan en derecho, incluidas expresa y particularmente las de naturaleza penal, a efectos de la defensa de sus fines estatutariamente reconocidos”. Infobae se ha puesto en contacto con el Consistorio de Alcobendas para trasladarle algunas cuestiones. Al cierre de esta información no había recibido respuesta.