La Justicia confirma que una compañía minera tiene derecho a recuperar 14.982 euros por un pedido de equipos industriales que nunca se entregó

Para evitar el pago, la empresa vendedora y su administrador sostuvieron que solo habían intermediado entre la minera y un fabricante alemán, y que el envío correspondía a una tercera empresa radicada en Murcia

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena solidaria de una sociedad mercantil y de su administrador al pago de casi 15.000 euros a una empresa minera (Eduardo Parra - Europa Press)
La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena solidaria de una sociedad mercantil y de su administrador al pago de casi 15.000 euros a una empresa minera (Eduardo Parra - Europa Press)
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La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena solidaria de una sociedad mercantil y de su administrador al pago de casi 15.000 euros a una empresa minera onubense, tras comprobar que el material industrial adquirido y abonado por adelantado nunca llegó a entregarse. La sentencia, fechada el 16 de octubre de 2026, desestima el recurso de apelación y confirma en su totalidad el fallo dictado en marzo de 2023 por un juzgado de lo mercantil de Madrid.

El origen del litigio se remonta a finales de 2016. Una compañía titular de un proyecto minero en Huelva necesitaba equipos para su planta de tratamiento de mineral de cobre y cerró la compra con una empresa dedicada a aplicaciones de alta tensión. La operación quedó confirmada por correo electrónico el 7 de noviembre de ese año, tras una oferta remitida unos días antes, el 27 de octubre. Las condiciones pactadas incluían el pago íntegro por adelantado, una exigencia que, según explicó en su momento el administrador de la vendedora, venía impuesta por el fabricante alemán del producto. La minera transfirió 15.191,10 euros el 19 de diciembre de 2016, con un plazo de entrega estimado de un mes.

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El pedido nunca llegó al comprador

El material nunca llegó. Pasadas varias semanas sin noticias, la compradora pidió explicaciones el 7 de febrero de 2017. La respuesta que recibió fue que el pedido venía de Alemania, que no había fecha prevista de llegada y que la empresa cerraría la semana siguiente. De todo lo encargado solo se entregaron dos piezas menores, valoradas en poco más de doscientos euros entre ambas, calificadas por los propios trabajadores de la minera como accesorias y sin utilidad al margen del resto del pedido.

La defensa de la vendedora intentó eludir responsabilidad alegando que únicamente había actuado como intermediaria entre la minera y el fabricante alemán, y que el dinero había sido transferido a un tercero que se encargaría del envío directo. El tribunal rechazó este planteamiento al comprobar que todos los documentos de la operación —oferta, pedido, albarán y factura— estaban emitidos por la propia vendedora, sin mención alguna al supuesto fabricante. La empresa señalada como receptora del dinero resultó ser una compañía española con sede en Murcia, cuyo exempleado declaró no recordar la transferencia ni que existiera una cuenta bancaria vinculada a esos hechos. Sobre la carga de la prueba, la sala fue clara: “No corresponde a la actora acreditar que no recibió el pedido. Se trata de un hecho negativo cuya prueba no puede exigírsele.”

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Imagen ilustrativa ajena al caso de una excavadora de rueda de cangilones que opera en una mina a cielo abierto (Raimond Spekking)
Imagen ilustrativa ajena al caso de una excavadora de rueda de cangilones que opera en una mina a cielo abierto (Raimond Spekking)

La vendedora alegó haber actuado como intermediaria

El segundo frente del recurso afectaba a la responsabilidad personal del administrador. Este sostenía haber actuado con diligencia al convocar la junta de disolución el 21 de marzo de 2017, antes de que venciera el plazo legal para formular las cuentas anuales. Sin embargo, el balance de la sociedad a 31 de diciembre de 2016 reflejaba un patrimonio neto negativo superior a los 82.000 euros, situación que obliga por ley a convocar la disolución en un plazo máximo de dos meses. El tribunal recordó que ese plazo empieza a contar desde que el administrador conoció o debió conocer la causa de disolución, “de ajustar su comportamiento al de un ordenado empresario”, sin que valga esperar al cierre contable formal.

Respecto al momento en que nació la deuda, la sala aplicó un criterio reciente del Tribunal Supremo según el cual, en los contratos de compraventa, la obligación se entiende generada en la fecha de la firma, con independencia de cuándo se reclame su cumplimiento. Como el contrato se suscribió en noviembre o, como muy tarde, en diciembre de 2016, la causa de disolución ya existía y el plazo para actuar ya se había agotado sin que la empresa hubiera iniciado ningún trámite.

Finalmente, la Audiencia desestimó el argumento sobre las costas, al considerar que la diferencia de poco más de doscientos euros entre lo reclamado y lo concedido no altera el carácter sustancialmente estimatorio de la demanda. Las costas de ambas instancias quedaron a cargo de la parte recurrente.

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