
El Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar la pretensión de Vox de ampliar la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la denominada ‘ley de nietos’ y extenderla también a sus hijos mayores de edad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de reposición presentado por la formación contra el auto del pasado 9 de noviembre, que permitió a este segundo colectivo mantener su participación en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los magistrados consideran que, a estas alturas del calendario electoral, iniciar una nueva revisión del censo de residentes en el extranjero impediría completar las comprobaciones y resolver las posibles alegaciones con las garantías necesarias.
La resolución, fechada este miércoles 18 de noviembre, confirma así que los descendientes mayores de edad que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática podrán votar en los próximos comicios, aunque sus progenitores tengan suspendida cautelarmente la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
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La controversia tiene su origen en la interpretación que hizo el Ministerio de Justicia de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022. Esta norma permitió que descendientes de españoles nacidos en el extranjero pudieran optar a la nacionalidad, una vía que se amplió a través de una instrucción administrativa de octubre de 2022. Vox e Iustitia Europa cuestionaron los criterios empleados por el Gobierno, especialmente la presunción de exilio aplicada a determinados emigrantes, al considerar que había permitido incorporar al censo a personas que no reunían los requisitos legales.
A petición de ambas formaciones, el Supremo acordó el pasado 10 de septiembre suspender cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones de quienes habían obtenido la nacionalidad por esta vía sin acreditar documentalmente su condición de descendientes de exiliados. La medida afectaba inicialmente a 163.020 personas y se adoptó con el argumento de preservar la regularidad del censo y la transparencia del proceso electoral.
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(Noticia en ampliación)
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