La Audiencia Provincial de Madrid confirma la condena a un despacho de abogados que no pagó a un detective privado por investigar a sus propios letrados

El fallo obliga a LABE Abogados a abonar 5.406 euros más intereses, le impone las costas de la apelación y acuerda la pérdida del depósito

Hombre de espaldas en escritorio con balanza de la justicia, frente a mujer. Fondo de estantes y luz solar a través de persianas en un despacho.
Un abogado en traje atiende a una cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un despacho de abogados de Madrid deberá abonar los 5.406 euros que dejó sin pagar a un detective privado tras encargarle tres informes de seguimiento sobre varios letrados de su propia firma. Así lo establece la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia firme que rechaza todos los argumentos de defensa de la mercantil Law and Business Enterprises Worldwide SL, que opera comercialmente bajo la marca LABE Abogados.

La resolución, dictada el pasado 21 de octubre, ratifica íntegramente el fallo emitido en enero de 2025 por el Juzgado de Primera Instancia de la capital. Con esta decisión, que cierra la puerta a cualquier recurso ordinario o extraordinario, la compañía tendrá que asumir la deuda principal, los intereses moratorios y procesales, así como las costas de ambas instancias y la pérdida del depósito constituido para apelar.

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El litigio arrancó cuando el detective privado acudió a los tribunales para reclamar el cobro de una factura impagada correspondiente a tres investigaciones. Para sostener su demanda, aportó los contratos de prestación de servicios, los informes ya elaborados y la factura pendiente. Aunque en los contratos no se había fijado de antemano un precio cerrado, la Justicia concluyó que la firma demandada no aportó prueba alguna de que los 5.406 euros exigidos excedieran las tarifas habituales del sector ni de que no se correspondieran con el trabajo efectuado.

Un cliente del despacho recomendó al detective

Durante el procedimiento quedó acreditado el origen del encargo gracias a la declaración de un testigo que era cliente tanto del bufete como del investigador. Según recoge la sentencia, fue la propia empresa quien le pidió que le recomendara un detective privado para realizar seguimientos a determinados abogados de su despacho.

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La mercantil intentó invalidar este testimonio alegando una supuesta falta de imparcialidad y un conflicto de intereses por haber actuado como intermediario. Sin embargo, la Audiencia ha descartado esa objeción al constatar que el testigo no tenía ningún interés directo en el resultado del pleito ni relación laboral o societaria con el detective, destacando además que su relato coincidía plenamente con las pruebas documentales del caso.

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La coartada de la firma “a título personal”

El principal argumento de Law and Business Enterprises Worldwide SL para eludir el pago consistía en afirmar que los contratos habían sido firmados a título particular por su administrador, y no en nombre de la sociedad. Sin embargo, la Audiencia Provincial desmonta esta versión al señalar que el firmante intervino en calidad de administrador de LABE Abogados. Dado que este es únicamente el nombre comercial del despacho y carece de personalidad jurídica propia, la obligación recae sobre la sociedad mercantil que está detrás. Para reforzar esto, los tres informes terminados se remitieron directamente a una dirección de correo electrónico corporativa de la empresa.

En su recurso de apelación, la firma también denunció una supuesta vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, acusando al juzgado de primera instancia de haber valorado de forma errónea la documentación y de dictar una sentencia falta de motivación.

El tribunal rechaza ambas quejas. Tras revisar los documentos y la grabación del juicio, la Audiencia recuerda que un recurso de apelación no sirve para imponer la versión interesada de una de las partes por encima del criterio de un juez. En este caso, concluye que las pruebas se evaluaron con sentido común —lo que en términos jurídicos se conoce como “sana crítica”— y que la sentencia inicial explicó con claridad las razones legales por las que el despacho debe pagar su deuda.

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