La Audiencia Provincial de Cantabria niega la adopción de dos menores a un matrimonio español residente en Dubái

Tener el pasaporte español y una casa en Cantabria no basta para que la justicia española tramite una adopción internacional si la vida real de la familia transcurre a miles de kilómetros. La Audiencia Provincial de Cantabria ha cerrado la puerta a un matrimonio residente en Dubái que buscaba constituir en España la adopción de dos menores originarios de Sierra Leona (África occidental), advirtiendo del riesgo legal de crear vínculos familiares que solo tengan validez sobre el papel en territorio español.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cantabria ha desestimado el recurso de apelación presentado por Eufrasia y Carlos Alberto, confirmando que los tribunales españoles carecen de competencia internacional para tramitar su expediente. Mediante un auto, dictado el pasado 22 de octubre, la sala ratifica íntegramente la decisión previa del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Santander, que ya se había inhibido del caso en diciembre de 2025.

Aunque el matrimonio cuenta con nacionalidad española y conserva una vivienda en Cantabria donde sitúan su último domicilio en el país, los magistrados consideran que estos datos no bastan para activar la jurisdicción nacional. La pareja ya residía de forma habitual en Dubái en 2020, año en que adoptaron a los dos menores en Sierra Leona, y es en el emirato donde desarrollan su vida laboral, familiar y social sin que conste ningún proyecto de traslado a España.

El choque entre la ley y la realidad familiar

En su recurso, los solicitantes defendieron que se había vulnerado el artículo 14 de la Ley de Adopción Internacional (LAI), norma que establece con carácter general la competencia de los jueces españoles cuando el adoptante es español o reside en el país. Además, invocaron el principio de seguridad jurídica —alegando que el juzgado sí había admitido a trámite el expediente inicialmente— y el interés superior de los menores.

La sala desestima ambos argumentos. Por un lado, recuerda que los jueces están obligados a comprobar de oficio si tienen jurisdicción para resolver un asunto, por lo que admitir inicialmente a trámite una solicitud no les impide declararse incompetentes más adelante. Por otro, precisa que el principio del interés superior del menor rige a la hora de decidir sobre el fondo del caso, pero no permite atribuir competencia a un tribunal español cuando legalmente no le corresponde.

El peligro de las “adopciones claudicantes”

El argumento central de la resolución es la falta de una “conexión mínima” con España. La sala subraya que la propia exposición de motivos de la LAI ordena a los jueces abstenerse si el caso no guarda una vinculación real con el país, aunque formalmente se cumpla el requisito de la nacionalidad. Aceptar el expediente únicamente por el pasaporte de los padres convertiría una regla ordinaria en un “fuero exorbitante”, prohibido por la Constitución española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Los magistrados alertan de la consecuencia práctica que tendría dictar una sentencia en estas condiciones: dar lugar a las denominadas “adopciones claudicantes”. Se trata de resoluciones plenamente válidas en España, pero inexistentes o sin eficacia legal en el extranjero —tanto en Dubái, donde vive la familia y donde la adopción debe surtir efectos reales, como en Sierra Leona, país de origen de los niños—. Con este pronunciamiento, contra el que ya no cabe recurso alguno, la justicia cántabra zanja el procedimiento sin imponer costas a la pareja debido a las dudas jurídicas que suscitaba el caso.