
El Tribunal Supremo ha puesto en marcha la ejecución de la condena a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el ‘caso mascarillas’, con una primera reclamación de 170.250 euros en multas y el inicio de los trámites para recuperar otros 430.298 euros en ganancias procedentes del cohecho. La Sala de lo Penal ha abierto formalmente la ejecutoria, el procedimiento destinado a hacer efectiva la sentencia, y ha requerido a los tres condenados para que abonen las cantidades impuestas.
El exministro de Transportes deberá pagar 52.500 euros en multas; su antiguo asesor, 45.750 euros, y el empresario, 72.000 euros. Los tres disponen de un plazo de quince días para ingresar esas cantidades, bajo apercibimiento de que, si no acreditan el pago, se procederá por la vía de apremio.
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El tribunal exige también a Ábalos y Koldo García que indemnicen conjuntamente a las empresas públicas Ineco y Tragsatec con 34.450 euros y 9.500,54 euros, respectivamente, por los perjuicios reconocidos en la sentencia. Ambos deberán responder solidariamente de los 43.950,54 euros, también en un plazo de quince días.
El capítulo de mayor cuantía es, sin embargo, el decomiso de los beneficios que la sentencia atribuye a los delitos de cohecho. El Supremo reclama a los tres condenados 430.298 euros, con responsabilidad solidaria hasta cubrir la totalidad de las ganancias que el tribunal considera obtenidas por el grupo. No se trata de una multa adicional, sino de la recuperación del dinero y las ventajas económicas vinculadas a los delitos.
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El rastro de los 430.298 euros
La sentencia desglosó esa cantidad en tres conceptos. El principal corresponde a los 340.000 euros que Aldama entregó a razón de 10.000 euros mensuales durante 34 meses. A esa suma se añaden 82.295 euros por el alquiler de la vivienda de la plaza de España de Madrid y otros 8.000 euros por la renta del chalé de Villa Parra, en Marbella.
Los pagos mensuales, según consideró probado el Supremo, servían para atender los gastos fijos de Ábalos y formaban parte de la relación entre los integrantes de la organización. La Sala también apreció carácter delictivo en el pago de los alquileres de las viviendas vinculadas al exministro. La condena declaró acreditado un reparto de funciones entre los tres acusados y el aprovechamiento de la posición institucional de Ábalos para favorecer intereses empresariales a cambio de contraprestaciones.
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Para gestionar la recuperación de los bienes y cantidades pendientes, el tribunal ha encomendado a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) la gestión y realización de los importes decomisados, con el destino legalmente previsto.
Las penas de prisión
El Tribunal Supremo condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años y ocho meses por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La sentencia, dictada por unanimidad, fijó un máximo de cumplimiento efectivo de 16 años y medio para el exministro y de 15 años para su antiguo asesor. Ambos ingresaron en prisión provisional el 27 de noviembre de 2025, situación que pasó a ser definitiva tras la condena.
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El empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero el Alto Tribunal suspendió la ejecución de su pena durante cinco años por su colaboración con la Justicia. La medida está condicionada a que no vuelva a delinquir, presente semestralmente información sobre sus actividades profesionales y empresariales y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad. La Sala consideró especialmente relevante su contribución al esclarecimiento de los hechos, que permitió aplicar la atenuante de confesión muy cualificada.
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