Pasó 15 meses en la cárcel por una errata y lleva diez años durmiendo en la calle a la espera: el Estado le debe una indemnización de 109.000 euros

Sobrevivir durmiendo en un cajero o en un banco del parque sabiendo que el Estado te debe 109.000 euros es la realidad de un hombre de 53 años en el norte de Italia. Tras soportar 465 días recluido en una celda por un delito que jamás cometió, la justicia admitió su equivocación y le asignó dicha compensación económica. Sin embargo, un fallo —una letra de más al escribir su nombre— bastó para frenar la orden de pago y sepultar el expediente durante diez años.

“Cuando leímos los documentos no podíamos creerlo”, afirma con indignación la letrada Isabella Arena, portavoz de una organización de asistencia jurídica gratuita al diario Corriere della Sera. “El derecho a la indemnización había sido reconocido por un juez hace nada menos que dos lustros. Solo faltaba que el nombre estuviera escrito correctamente”, subraya la letrada, perpleja ante el descuido formal.

El origen de este calvario se remonta al año 2011. El afectado, un ciudadano norteafricano cuya vida en Italia ya arrastraba una marcada precariedad económica y la falta de papeles, terminó envuelto por error en una macrooperación antidroga coordinada por la Fiscalía de Venecia. Los agentes lo arrestaron bajo la acusación de tráfico de estupefacientes y fue enviado preventivamente a la prisión veneciana de Santa Maria Maggiore.

Allí pasó recluido un año y tres meses entre rejas. El encierro concluyó cuando el magistrado encargado de la audiencia preliminar decretó su libertad tras certificar “no haber cometido el hecho”. Tras abandonar el penal con las manos vacías, el hombre inició la batalla para exigir la reparación del daño sufrido. En 2016, el Tribunal de Apelación de Venecia le dio la razón, fijando en 109.000 euros el importe que las arcas públicas debían abonarle en concepto de indemnización por detención ilegal.

Una letra sobrante

Aquella suma representaba la posibilidad de alquilar un piso, regularizar su situación y rehacer su vida. Sin embargo, en el momento de redactar las resoluciones para autorizar el ingreso bancario, un funcionario tecleó mal su identidad. Esa letra sobrante provocó un desfase entre sus datos reales y la orden de cobro, paralizando de inmediato la transferencia.

Para un ciudadano con recursos, subsanar una errata de este tipo habría supuesto un trámite de ventanilla de apenas unas semanas. Para una persona sin techo y sin asesoramiento letrado, se convirtió en una barrera invisible. El dinero quedó bloqueado y el afectado continuó malviviendo a la intemperie durante toda una década, dependiendo exclusivamente de la caridad y de los comedores sociales de la comarca de Treviso.

Hasta que la asociación de asistencia jurídica a personas sin hogar Avvocato di strada asumió el caso de forma altruista, localizó el fallo y tramitó la rectificación correspondiente. “Por un error material, que se habría podido corregir con una simple solicitud, una persona ha perdido diez años de su vida”, remarca Arena al recordar el desamparo que sufren las personas sin hogar ante la frialdad del sistema.