Del “no podemos normalizar la corrupción” a una condena de 24 años de cárcel: así defendió Ábalos que una sentencia obligaba a asumir responsabilidades políticas

Hay discursos políticos que envejecen con el paso del tiempo y otros que regresan años después cargados de un significado distinto. El que José Luis Ábalos pronunció en el Congreso de los Diputados el 31 de mayo de 2018 pertenece a esta segunda categoría. Aquel día, como secretario de Organización del PSOE y principal defensor de la moción de censura contra Mariano Rajoy, Ábalos construyó una intervención centrada en la idea de que la corrupción no podía quedar sin respuesta política.

Ocho años después, aquellas palabras adquieren una dimensión distinta. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro socialista a 24 años de prisión en la causa de las mascarillas derivada del ‘caso Koldo’ al considerarle responsable de diversos delitos relacionados con organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

La paradoja es difícil de ignorar. Buena parte de los argumentos empleados por Ábalos para justificar la salida de Rajoy del Gobierno giraban precisamente en torno a la necesidad de reaccionar frente a la corrupción, asumir responsabilidades políticas y evitar que la impunidad se instalara en las instituciones.

Precisamente, Ábalos arrancó su intervención de 2018 sosteniendo que ya no se estaba ante sospechas o acusaciones políticas, sino ante hechos acreditados judicialmente. La sentencia de Gürtel, argumentó entonces, obligaba a actuar. Su tesis era que las responsabilidades penales y las responsabilidades políticas no podían confundirse. De hecho, insistió varias veces en que esperar al resultado de todos los procesos judiciales no era suficiente cuando la confianza en las instituciones estaba comprometida.

La corrupción como argumento central

La idea de la impunidad aparecía una y otra vez en la intervención de Ábalos. Para el entonces dirigente socialista, permitir que nada ocurriera tras una sentencia como la de Gürtel enviaba un mensaje devastador a la ciudadanía y contribuía a deteriorar la confianza en las instituciones. “No podemos normalizar la corrupción”, afirmó durante aquel debate.

La frase resumía buena parte de su planteamiento. Ábalos sostenía que la corrupción no era únicamente un problema judicial, sino también político e institucional. A su juicio, dañaba la credibilidad de los gobiernos, erosionaba la confianza de los ciudadanos y terminaba debilitando la propia democracia.

Por eso presentó la moción de censura como una cuestión de regeneración democrática más que como una simple disputa entre partidos. A lo largo de la sesión defendió que la continuidad de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo era incompatible con la autoridad moral que, según sostenía, debía tener cualquier Gobierno democrático. “Primero esto, después las elecciones”, afirmó al rechazar la posibilidad de limitar la respuesta a una convocatoria electoral.

Con esa frase resumía una de las ideas centrales de su intervención: que antes de acudir a las urnas debía producirse una censura política explícita que dejara claro que la corrupción tenía consecuencias.

También defendió que la permanencia de Rajoy al frente del Gobierno afectaba directamente a la credibilidad institucional. “La permanencia en la Presidencia del Gobierno del máximo responsable de una formación política declarada judicialmente como parte de un auténtico sistema de corrupción institucional afecta gravemente a la credibilidad de la Presidencia y del Gobierno y a la propia dignidad de nuestra democracia”, defendió desde la tribuna.

A lo largo de la sesión apeló además a conceptos como la ejemplaridad pública, la autoridad moral de los gobernantes y la necesidad de proteger el prestigio de las instituciones frente al desgaste provocado por los casos de corrupción. “Esta es una moción de censura para recuperar la dignidad de nuestra democracia”, llegó a subrayar.

Ocho años después

Es precisamente esa argumentación la que adquiere una dimensión distinta tras la sentencia conocida este lunes. El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en la causa derivada del caso Koldo. La resolución considera acreditada su participación en una trama junto a Koldo García y Víctor de Aldama y describe distintos beneficios obtenidos a cambio de actuaciones vinculadas a su posición política.

Entre los hechos declarados probados figura el disfrute gratuito de inmuebles que el tribunal vincula a gestiones realizadas en favor de terceros, así como diversas actuaciones relacionadas con influencias ejercidas desde el entorno ministerial.

El paralelismo con el discurso de 2018 resulta inevitable porque una parte esencial de aquella intervención descansaba sobre la idea de que una vez que existe una sentencia, la política debe asumir las consecuencias de los hechos acreditados judicialmente. Ábalos defendía entonces que las responsabilidades políticas no podían quedar en suspenso ni aplazarse indefinidamente.

Vista desde 2026, esa misma lógica proyecta inevitablemente interrogantes sobre el PSOE y sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Si en 2018 Ábalos argumentaba que una sentencia judicial obligaba a adoptar consecuencias políticas inmediatas, hoy es su propia condena la que sitúa ese razonamiento en el centro del debate público.

La moción de censura de 2018 acabó con el Gobierno de Rajoy, llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa y convirtió a Ábalos en una de las figuras más influyentes del nuevo Ejecutivo. Aquel discurso fue también una defensa de la ejemplaridad pública y de la necesidad de que la corrupción tuviera consecuencias políticas además de judiciales.

Ocho años después, la condena de 24 años de prisión impuesta por el Supremo ha convertido aquella intervención en una especie de espejo político. Porque si en 2018 Ábalos defendía que una sentencia judicial transformaba las sospechas en certezas y obligaba a actuar, hoy es precisamente una sentencia judicial la que le sitúa a él en el centro de los argumentos que utilizó contra sus adversarios.