El municipio almeriense de Pechina, con unos 4.500 habitantes, podría albergar una granja de 39.999 gallinas ponedoras camperas, una cifra que casi multiplica por nueve la población local. El proyecto, promovido por Salinas Clemente S.L., ha generado oposición entre vecinos y organizaciones que cuestionan el consumo de agua, las posibles molestias por ruido y olores y la incidencia sobre el entorno natural.
La instalación se situaría, según los colectivos críticos, a menos de un kilómetro de Pechina y de la localidad vecina de Rioja. La plataforma Stop Macrogranja Pechina, junto con Ecologistas en Acción y Adelante Andalucía, ha presentado alegaciones y pide que las administraciones impidan la puesta en marcha de la explotación.
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La movilización vecinal ya salió a las calles en septiembre, cuando la plataforma convocó una concentración en la Plaza de la Villa de Pechina. En octubre, la parlamentaria andaluza Inma Manzano, de Adelante Andalucía, se reunió con representantes del colectivo y trasladó el rechazo de la formación al proyecto.
El abastecimiento de agua: la principal preocupación
La disponibilidad de agua es una de las principales preocupaciones de quienes se oponen. La plataforma sostiene que el contrato aportado por la empresa promotora contempla un suministro de carácter temporal, sujeto a límites de caudal o a la disponibilidad del recurso. A su juicio, esas condiciones no garantizan un abastecimiento permanente para una explotación de casi 40.000 aves.
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La actividad requeriría agua para los animales, la limpieza de las instalaciones y el funcionamiento habitual de la granja. Los vecinos sitúan esta cuestión en el contexto de un territorio afectado por la escasez de recursos hídricos.
Los vecinos también piden que el proyecto detalle qué ocurrirá con la gallinaza -el estiércol generado por las aves- y otros desechos de la explotación. Reclaman que se especifique cómo se recogerán, dónde se almacenarán y qué destino tendrán, ante el riesgo de que una gestión deficiente afecte al suelo o a las aguas de la zona.
Su cercanía a las viviendas aumenta las dudas por el ruido y los olores
Stop Macrogranja Pechina cuestiona la proximidad de la explotación a zonas habitados. Los opositores advierten de posibles molestias por olores, ruido, partículas, bioaerosoles y tránsito de vehículos pesados asociados a la actividad.
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La plataforma también alude a la cercanía de una residencia de mayores. No existe una resolución pública que haya confirmado esas afecciones, que deberán ser valoradas durante la tramitación administrativa y ambiental del proyecto.
A pesar de que la iniciativa ha sido definida como “macrogranja” por sus opositores debido a su capacidad, el término no corresponde a una categoría administrativa específica. La documentación difundida sobre el proyecto prevé una explotación de gallinas ponedoras camperas, un modelo que contempla el acceso de las aves al exterior.
Flora protegida, fauna y patrimonio
El conflicto incluye posibles efectos sobre el entorno. Según publicó el diario Ideal, un informe del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Almería, fechado el 25 de junio de 2026, identificó en el área especies como Euzomodendron bourgaeanum, catalogada como vulnerable en Andalucía, y Salsola papillosa.
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La plataforma vecinal también comunicó a la Administración la presencia de mochuelo común en las inmediaciones del área prevista para la granja y sus accesos. Entre sus objeciones figuran además el posible carácter forestal de los terrenos, los movimientos de tierra y la cercanía del enclave arqueológico de El Chirichi.
La cifra de 39.999 aves abre otro debate
La capacidad prevista para la explotación se ha convertido en otro punto de controversia. Adelante Andalucía sostiene que establecerla en 39.999 aves, una menos que 40.000, podría responder a un intento de evitar exigencias ambientales más estrictas.
La formación registró un escrito ante el Ayuntamiento de Pechina y pidió a la Junta de Andalucía un informe ambiental. Esa hipótesis forma parte de las alegaciones presentadas por los opositores y no hay una resolución pública que haya acreditado irregularidades o fraude de ley.
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El futuro de la granja dependerá de los informes técnicos y sectoriales, además de la evaluación de su compatibilidad urbanística, el suministro de agua, la gestión de residuos y las medidas de protección ambiental.
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