Pueblos en Cuenca sin agua potable y una macrogranja con un millón de gallinas en proyecto: “Es una irresponsabilidad”

Las macrogranjas son instalaciones de ganadería intensiva que acogen a miles de cabezas de ganado en un mismo espacio y siguen siendo objeto de debate en España por su impacto ambiental y social. Según denuncian organizaciones como Ecologistas en Acción o Greenpeace, estas instalaciones no solo generan malos olores, sino que contaminan suelos y aguas por la acumulación de purines, entre otros efectos. Los promotores de estos proyectos defienden los puestos de trabajo que generan, pero los colectivos críticos aseguran que son muy pocos en relación con la gran cantidad de animales que concentran, debido a su elevada automatización, y esa también es otra de las razones por las que buena parte de los vecinos de las localidades elegidas para estos proyectos rechaza su instalación.

Es el caso de la macrogranja que el Grupo Avícola Rujamar quiere construir en el término municipal de San Clemente, en el sur de la provincia de Cuenca, con capacidad para un millón de gallinas y que prevé una producción anual cercana a los 235 millones de huevos. El proyecto cuenta con la oposición de organizaciones ecologistas y de vecinos de la zona, que aún no pueden entender cómo el pasado mes de abril el Gobierno de Castilla-La Mancha concedió la Autorización Ambiental Integrada, que supone un avance en la materialización de la infraestructura, aunque aún quedan pendientes otros trámites esenciales, como el permiso del suministro de agua. Además, el proyecto original ya se frenó en 2022 debido tanto a la oposición vecinal como a circunstancias económicas.

“Es absurdo que se plantee una macrogranja de estas características cuando en la zona hay localidades como Ventas de Alcolea -perteneciente al Ayuntamiento de Villarrobledo en Albacete- que no tienen agua potable desde el año pasado” por la alta concentración de sulfatos y la sobreexplotación del acuífero Rus-Valdelobos, explica a Infobae Llanos Ortiz, vecina de ese pequeño municipio y portavoz de STOP Macrogranja de gallinas de San Clemente. Los niveles de sulfatos, aclara, alcanzan actualmente 773 miligramos por litro, una concentración que supera en más de tres veces el parámetro de referencia de la Comunidad Europea, fijado en 250 miligramos por litro.

La activista advierte que este tipo de instalaciones requieren grandes cantidades de agua para funcionar. En este caso, el abastecimiento no dependería solo de la empresa promotora, sino también del transporte de agua en camiones cisterna por parte del Ayuntamiento de San Clemente.

“No solo supone una irresponsabilidad por el consumo de agua y el impacto ambiental. También implica un riesgo sanitario ante la posible aparición de enfermedades zoonóticas, como ha ocurrido con la gripe aviar”, añade. De hecho, según critican las organizaciones ecologistas, las macrogranjas incrementan de forma exponencial el riesgo de transmisión de enfermedades de animales a los seres humanos: desde el año 2003 se han notificado, en todo el mundo, 993 casos de gripe aviar en humanos (477 muertes) y dos casos en España, habiendo saltado a otros mamíferos, como vacas, visones o lobos marinos.

En concreto, la instalación se construiría en el paraje Hoya Cabrera, dentro del término municipal de San Clemente, y cerca de zonas habitadas de Casas de Los Pinos, Los Estesos, Casas Roldán y Ventas de Alcolea.

Esta macrogranja de gallinas se ubicaría, además, a tan solo 700 metros de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de San Clemente, con el riesgo de contagio procedente de aves silvestres, advierten. Con una superficie de más de 38.800 metros cuadrados, con ocho naves para puesta y recría, se convertiría en la explotación avícola industrial “más grande de España” y en “una de las más grandes de Europa”.

“Nos quitan recursos básicos como el aire que respiramos”

Llanos asegura que en zonas rurales como esta los vecinos “viven una desigualdad total”, cuando no debería suponer “tener menos derechos”. “Vivimos bajo la amenaza constante de que nos quiten los recursos tan básicos como el agua o el aire que respiramos, y todo porque un señor empresario busca ganar dinero, porque este tipo de proyectos ni siquiera suponen la creación de muchos puestos de trabajo. Todo está automatizado”, critica. “Nos sentimos indignados y abandonados”, subraya.

Desde la plataforma advierten que “no van a parar” hasta que consigan paralizar el proyecto por la vía legal, porque “aún confían en la justicia”.