El interés inversor por España ha ganado fuerza en las últimas semanas. Bank of America la sitúa como la bolsa europea con mayor respaldo entre los gestores para el próximo año, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos resalta su crecimiento, su posición geográfica y sus infraestructuras como factores de atracción para las empresas extranjeras.
La encuesta de octubre de Bank of America sitúa a la bolsa española como la preferida para los próximos 12 meses, mientras el Gobierno de Donald Trump describe al país como “especialmente atractivo” para la inversión extranjera directa pese a los choques del mandatorio con el Ejecutivo socialista, al que ha llegado a calificar como un “aliado terrible” y una “causa perdida”.
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Los dos análisis miden fenómenos distintos. El sondeo de Bank of America recoge el posicionamiento previsto por gestores respecto de los mercados bursátiles europeos. El informe estadounidense analiza condiciones más amplias para que empresas extranjeras instalen negocios, compren activos o desarrollen proyectos en España. Aun así, ambos documentos coinciden en varios elementos que hacen de España un destino a tener en cuenta para la inversión.
El 28% de los gestores europeos apuesta por sobreponderar la bolsa española
Un 28% neto de los gestores consultados por Bank of America afirmó que sobreponderaría la renta variable española en los próximos 12 meses. Es el registro más alto desde mayo de 2018 en la encuesta europea de gestores de fondos de la entidad.
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Detrás de España aparecen Alemania y Suiza, ambas con un 16% neto de sobreponderación. Los encuestados también mostraron una preferencia por la periferia de la eurozona: un 31% la eligió frente al 19% que se inclinó por el núcleo formado por Alemania y Francia.
La preferencia por España se explica, en parte, por el deterioro de la percepción sobre Francia. Un 56% neto de los gestores dijo que infraponderaría la bolsa francesa, el peor registro de la serie. El 63% señaló la sostenibilidad de las cuentas públicas francesas y el ciclo electoral previsto para 2027 como el principal riesgo político para la renta variable europea.
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El contraste entre ambos países no implica necesariamente flujos inmediatos de capital desde París hacia Madrid. Refleja, en cambio, una orientación de las carteras de gestores europeos en un horizonte de 12 meses, dentro de un escenario marcado por las dudas fiscales y políticas en Francia.
Washington destaca el crecimiento, las infraestructuras y la posición geográfica
El Departamento de Estado de EEUU, dirigido por el secretario Marco Rubio, publicó a fines de septiembre su informe sobre el clima de inversión en España. El documento sostiene que el país resulta “especialmente atractivo” para la inversión extranjera directa por la diversificación de la economía y por las oportunidades en actividades de mayor valor añadido.
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El análisis destaca que España fue la economía de mayor crecimiento entre los principales países de la Unión Europea. También subraya su ubicación entre el Atlántico y el Mediterráneo, que convierte al país en una puerta de acceso de las empresas estadounidenses al mercado único europeo.
El informe menciona la disponibilidad de profesionales cualificados en sectores determinados, un mercado interno amplio, costes de energía relativamente bajos y una red de infraestructuras que incluye la mayor red ferroviaria de alta velocidad de Europa, puertos y telecomunicaciones. También señala que la legislación permite, por regla general, que los inversores extranjeros posean hasta el 100% de empresas españolas, sujeto a mecanismos de control y a restricciones en sectores específicos.
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Para el Departamento de Estado, la apertura al capital y el marco jurídico han contribuido a la llegada de inversiones extranjeras en sectores de alta tecnología. Ese diagnóstico coincide con el mayor interés de los gestores por el mercado español, aunque parte de fundamentos y plazos diferentes.
El informe alerta por la burocracia, los decretos y la inseguridad regulatoria
El documento estadounidense incluye una lista extensa de factores que, a su juicio, pueden afectar la confianza empresarial. Entre ellos figuran la carga fiscal, el aumento de los costes laborales y energéticos, la lentitud de permisos y licencias y las diferencias regulatorias entre comunidades autónomas.
El Departamento de Estado advierte que en algunos sectores una empresa debe comprender hasta 17 conjuntos de normas regionales. Según el informe, esa fragmentación puede dificultar la integración del mercado interno y reducir la previsibilidad para los inversores.
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También cuestiona el uso creciente de mecanismos legislativos de emergencia. El texto sostiene que la aplicación de decretos, sin procesos de consulta pública, puede tomar por sorpresa a compañías que deben adaptar sus operaciones a nuevas reglas.
Las críticas abarcan la contratación pública. El informe apunta que algunos procedimientos pueden carecer de transparencia o sufrir demoras sin una explicación clara. Además, plantea que la prioridad otorgada a las ofertas de menor coste puede limitar la evaluación de criterios como calidad, fiabilidad o experiencia.
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