El Gobierno sigue sin encontrar las fincas rústicas que prometió a los jóvenes agricultores nueve meses después

El Gobierno prometió el pasado mes de enero movilizar unas 17.000 fincas rústicas propiedad del Estado para ponerlas a disposición de jóvenes agricultores. Nueve meses después, ninguno de los 15.510 registros identificados como patrimonio rústico estatal publica una referencia catastral completa, el dato que permitiría localizar cada parcela en el Catastro, según el informe ‘Antes de movilizar la tierra’, elaborado por el Servicio de Estudios de Cocampo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la medida el 14 de enero de este año: “Hay unas 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado que analizaremos para valorar su aptitud para la actividad agraria y, en su caso, ponerlas a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales”, afirmó entonces. La propuesta se enmarcó en un paquete de medidas para atajar el que el propio Sánchez calificó como “gran obstáculo” para la incorporación de jóvenes al sector agrario: el acceso a la tierra.

Las fincas se pondrían a disposición de los interesados a través de Tierra Joven, una plataforma digital cuyo despliegue, según prometió entonces el presidente, comenzaría “de manera inmediata”. “No vamos a tardar meses en hacerlo”, añadió, en referencia al real decreto que debía regular su funcionamiento en los primeros meses de este año. Nueve meses después, ese decreto no se ha aprobado y no consta públicamente que la plataforma haya entrado en funcionamiento.

Ningún registro tiene una referencia catastral completa

El informe de Cocampo analiza la información pública disponible en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. De los 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, 15.510 figuran con la etiqueta “Patrimonio del Estado” en el campo denominado “Uso”. Ninguno de esos registros incluye un identificador catastral estructurado de 14 o 20 caracteres, el código único que permite consultar directamente un inmueble en el Catastro.

Sin ese código, la alternativa es un sistema más antiguo y menos preciso: el par de polígono y parcela, que solo indica en qué sector del término municipal se encuentra el terreno y qué número tiene dentro de ese sector, sin garantizar que ese número sea único o esté actualizado. El informe de Cocampo comprobó cuántos de los 15.510 registros permiten reconstruir, al menos, ese dato mínimo a partir del texto publicado por la Administración.

El resultado es desigual. En 9.855 casos, el 63,5% del total, el par de polígono y parcela aparece de forma explícita. En otros 2.108 registros (13,6%) puede deducirse a partir del formato del texto, aunque no esté escrito de forma directa. En los 3.547 restantes, el 48,7%, la identificación falla en distintos grados: en 888 (5,7%) la información es parcial, múltiple o contradictoria, y en 2.659 (17,1%) no existe ningún dato catastral aprovechable. En conjunto, 3.547 registros, el 22,9% del total, no permiten reconstruir ni siquiera ese par mínimo con claridad suficiente.

Ni siquiera cuando el par de polígono y parcela aparece de forma clara queda garantizada la identificación de la finca. El propio informe advierte de que esa información no permite comprobar de forma automática que la numeración siga vigente, que conduzca a una única parcela o que esa parcela coincida realmente con la finca registral que el Estado dice poseer.

Fincas de escaso tamaño para la actividad agraria

Más allá de la dificultad para localizarlas, el tamaño de los inmuebles cuestiona su utilidad para instalar a un nuevo agricultor o ganadero. La superficie mediana de los 15.510 registros es de 0,416 hectáreas. El 76,4% tiene menos de una hectárea, solo 176 alcanzan las 10 hectáreas y únicamente 40 igualan o superan las 30.

El propio informe recoge que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ya había planteado esta duda el día posterior al anuncio de enero, al advertir de que una parte de las fincas podría ser terreno de secano, de escasa utilidad para la explotación agraria.

Tierra Joven, la plataforma que debía estar lista en meses

Desde el anuncio de enero, el Gobierno solo se ha pronunciado una vez sobre el avance de Tierra Joven. El 27 de febrero, un mes y medio después de la presentación inicial, una nota de prensa de La Moncloa ya no mencionaba el real decreto ni ninguna fecha de lanzamiento: se limitaba a señalar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabajaba en la creación de la plataforma a través del Grupo de Trabajo de Movilización de Tierras Agrarias Infrautilizadas.

Desde esa actualización de febrero hasta la publicación del informe este 14 de octubre, no se han emitido nuevos comunicados oficiales sobre el estado de Tierra Joven.

Un problema que no nace en enero

La dificultad para localizar las fincas del Estado no es un caso aislado. Responde a un problema más amplio que arrastra España desde hace más de una década: la falta de coordinación entre el Catastro, que describe la forma y los límites físicos de cada parcela, y el Registro de la Propiedad, que certifica quién es su dueño. Cuando ambas descripciones no coinciden, identificar con exactitud dónde empieza y dónde termina una finca se vuelve mucho más difícil, algo que afecta tanto al patrimonio público como a las fincas privadas.

La Ley 13/2015 creó un mecanismo para resolver ese desajuste: la coordinación gráfica, un proceso mediante el cual el Registro incorpora la cartografía exacta del Catastro para cada finca. Once años después de su aprobación, ese proceso avanza con lentitud. Según los datos de la Dirección General del Catastro que recoge el informe, solo 1.476.595 parcelas aparecían coordinadas a 27 de septiembre, sobre un total de 52,86 millones de parcelas rústicas y urbanas que gestiona el organismo. Es decir, apenas el 2,79% del total, según cálculos de Cocampo.

El ritmo de coordinación ha crecido con fuerza en los últimos años: las fincas coordinadas pasaron de 606.371 en 2021 a 1.327.316 en 2025, un aumento del 118,9%. Aun así, ese avance no resuelve de golpe el enorme volumen de fincas que arrastran descripciones desactualizadas desde hace décadas, como ocurre con buena parte del patrimonio rústico del Estado.

Cuando la Administración saca una finca al mercado para venderla o cederla, sí suele publicar su referencia catastral completa: el informe de Cocampo ha identificado 11.576 referencias de este tipo en procedimientos publicados entre 2012 y 2026. Eso demuestra que el Estado sabe identificar sus fincas con precisión cuando lo necesita. La pregunta que deja abierta el informe es por qué ese mismo nivel de detalle no se ha aplicado todavía a las 17.000 fincas que Sánchez prometió movilizar hace nueve meses.