La Justicia retira la custodia a una madre y se la entrega al padre: la mujer tiene esquizofrenia y “obsesiones satánicas” y solo podrá ver al niño en el Punto de Encuentro Familiar

La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado la retirada cautelar de la patria potestad a una madre y ha dejado a su hijo de cuatro años bajo la custodia exclusiva del padre. La decisión mantiene el contacto materno-filial limitado a visitas vigiladas de hasta dos horas semanales en el Punto de Encuentro Familiar de Alicante.

La ruptura de la convivencia familiar desembocó en un expediente de protección, después de que el juzgado valorara los antecedentes clínicos de la madre: un diagnóstico de esquizofrenia con reacciones paranoides, cuadros psicóticos y abandonos intermitentes del tratamiento farmacológico y del control médico. La resolución atribuye al padre, de forma provisional, todas las decisiones relevantes sobre el niño: podrá autorizar tratamientos médicos o psicológicos, intervenciones quirúrgicas, actividades escolares y extraescolares, además de tramitar o renovar su documento nacional de identidad y su tarjeta sanitaria, sin requerir el consentimiento de la madre.

La sala considera que estas restricciones son necesarias para proteger al menor. Los magistrados dieron valor a la declaración de la madre, en la que apreciaron “una clara falta de conciencia de su enfermedad”, y al testimonio de una doctora que afirmó haber detectado, desde septiembre de 2025, síntomas de descompensación, “obsesiones religiosas y satánicas”.

La madre recurrió las medidas y aportó documentación de urgencias: el informe señalaba que aquel día no había sintomatología psicótica o afectiva mayor ni ideas de autolesión o de daño a terceras personas que exigieran un ingreso hospitalario. También presentó un decreto de la Fiscalía de Discapacidad, que descartó la necesidad de medidas judiciales de apoyo para ella. Pero la Audiencia separó ambas cuestiones del objeto de este expediente. Los magistrados entendieron que la ausencia de síntomas graves durante aquella consulta de urgencias no eliminaba el valor de las pruebas anteriores ni el riesgo que el juzgado había apreciado para el niño. El decreto de Fiscalía, añadieron, se refería a la posible necesidad de apoyos judiciales para la mujer, no a las medidas de protección sobre el niño.

La duración de la medida y el proceso que debe seguir

Un dato que el tribunal destacó como factor adicional de confirmación es que la propia resolución de primera instancia fijó una duración inicial de tres meses para las medidas cautelares. Ese diseño temporal, a criterio de la Audiencia, refuerza la razonabilidad de las medidas: no se trata de una resolución definitiva, sino de una protección provisional mientras se sustancia el procedimiento de fondo. Los jueces rechazaron también las alegaciones de la mujer, que pedía tener decisiones sobre la escolarización, asistencia y adaptación del menor a su centro educativo. El tribunal de apelación señaló que dichos antecedentes clínicos quedaban acreditados tanto en el auto recurrido como en los informes del Ministerio Fiscal.

Los magistrados confirmaron la resolución impugnada e impusieron a la mujer las costas de esta apelación. Durante el plazo cautelar, quien corresponda deberá promover un proceso plenario, con más posibilidades de prueba, para que un juzgado decida si procede adoptar medidas más estables sobre la patria potestad, la custodia y las visitas. Contra el auto de la Audiencia no cabe recurso.