
La Audiencia Provincial de Pontevedra otorgó la custodia compartida de dos niños de siete y cinco años a sus padres después de que el progenitor dejara su trabajo en una universidad de México y se instalara en Vigo para vivir cerca de ellos. La resolución, dictada el 9 de octubre de 2026, revocó la decisión de primera instancia, que mantenía la guarda exclusiva de la madre.
La Sección Sexta de la Audiencia, con sede en Vigo, estimó el recurso presentado por Máximo —nombre utilizado en la resolución— y modificó las medidas acordadas en el convenio de divorcio del 4 de mayo de 2024. Ese acuerdo había atribuido la custodia exclusiva a la madre, Modesta.
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El tribunal concluyó que el traslado del padre a España representa un cambio cierto y relevante en la situación familiar. Por ese motivo, consideró procedente reemplazar la custodia exclusiva por un sistema compartido, con períodos semanales alternos para cada progenitor.
El padre dejó México para vivir cerca de sus hijos
Máximo dejó su empleo en una universidad mexicana, obtuvo la nacionalidad española y alquiló una vivienda en Vigo para permanecer cerca de sus hijos. También inició una actividad empresarial vinculada a la explotación de un local para fiestas infantiles. Durante el proceso, el padre explicó su decisión con una frase que recogió la sentencia: “Yo dejé todo por mis hijos porque mis hijos son una prioridad”.
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Su defensa sostuvo que la distancia entre México y Vigo era el único obstáculo que impedía implantar una custodia compartida cuando se firmó el convenio de divorcio. La Audiencia Provincial aceptó ese planteamiento, al entender que la residencia definitiva del padre en España modificó de forma efectiva las condiciones existentes en 2024.
La resolución aplica el artículo 90.3 del Código Civil, que permite revisar las medidas fijadas tras un divorcio cuando cambian las circunstancias de los progenitores o las necesidades de los hijos.
La Audiencia descartó que el cambio fuera imprevisible
El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vigo había desestimado la demanda de modificación de medidas. Su argumento fue que el convenio regulador ya contemplaba la posibilidad de que el padre se trasladara a España, por lo que esa situación no podía considerarse imprevista.
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La Audiencia Provincial descartó ese criterio. Los magistrados indicaron que “la mayor o menor previsibilidad del cambio de circunstancias” no permite excluir una modificación de las medidas familiares.

Según la sala, la ley exige que el cambio sea real y relevante, además de compatible con el interés superior de los hijos. La resolución también cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para recordar que, desde la reforma de 2015, ya no resulta necesario acreditar una modificación “sustancial”, sino una variación significativa en las circunstancias.
La declaración de la madre fue otro de los elementos valorados. Consultada por el Ministerio Fiscal sobre las capacidades del padre, Modesta afirmó que era “un padre amoroso que está pendiente de los niños”. El tribunal también tuvo en cuenta la audiencia del hijo mayor, Darío, de siete años, quien expresó su deseo de pasar más tiempo con su padre.
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Las objeciones de la madre no impidieron el cambio de custodia
La madre planteó tres objeciones contra la custodia compartida. La primera fue que los niños ya se desenvolvían en un entorno estable bajo su cuidado. La sala reconoció esa estabilidad, aunque señaló que el correcto funcionamiento de la custodia exclusiva no impide revisarla si surgen circunstancias nuevas que aconsejen otro modelo.
La segunda objeción se centró en la situación económica del padre. La Audiencia constató que Máximo declaró ingresos de 1.400 euros mensuales por el alquiler de una vivienda en México, además de los derivados de su negocio en Vigo.

Los magistrados precisaron que una peor situación económica no excluye por sí misma la custodia compartida. En todo caso, esa diferencia podría justificar una pensión de alimentos a cargo del progenitor con mayores ingresos, siempre que exista prueba suficiente sobre la situación patrimonial de ambos.
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La tercera cuestión fue la ausencia de una red de apoyo familiar del padre en España. Máximo reconoció que no tiene familiares en Vigo. La Audiencia consideró que ese aspecto tampoco impide el nuevo régimen, ya que imprevistos como una enfermedad o una obligación laboral pueden resolverse con cuidadores profesionales.
La resolución añadió que, en situaciones excepcionales, el otro progenitor debe colaborar en el cuidado de los hijos, conforme al principio de solidaridad familiar que se mantiene tras la ruptura matrimonial.
Custodia semanal y sin pensión de alimentos
El régimen de custodia compartida se organizará en periodos semanales, de viernes a viernes. La entrega y recogida de los menores se realizará en el centro escolar. El progenitor que no tenga a los hijos esa semana podrá verlos dos tardes: los lunes y los jueves, desde la salida del colegio hasta las 20.00 horas.
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Durante las vacaciones de Navidad, el período comprendido entre el día posterior al fin de las clases y el 7 de enero a las 20.00 horas se dividirá en dos partes. La primera corresponderá a la madre en los años pares y al padre en los impares. El segundo tramo se distribuirá a la inversa.
La Semana Santa no se dividirá. Los niños la pasarán con la madre en los años impares y con el padre en los pares. En verano se mantendrá la alternancia semanal, aunque cada progenitor podrá elegir una quincena en julio o agosto, con al menos dos meses de antelación.
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La madre solicitó que, si se establecía la custodia compartida, el padre abonara 200 euros mensuales por cada hijo, un total de 400 euros, por la diferencia de ingresos entre ambos. La Audiencia Provincial rechazó esa petición. La jurisprudencia del Tribunal Supremo permite fijar una pensión de alimentos en sistemas de custodia compartida cuando existe una diferencia económica relevante, pero exige que quien la reclama acredite sus ingresos y patrimonio.
La sala señaló que la madre no aportó esa información ni al responder a la demanda ni al oponerse al recurso. Ante la falta de prueba, determinó que cada progenitor asumirá los gastos ordinarios de alimentación durante los períodos en los que los hijos permanezcan bajo su cuidado.
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