Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: las claves y los apoyos confirmados

El futuro de los dos reales decretos de vivienda, aprobados por la vía de urgencia por el Consejo de Ministros tras el estallido social provocado por el desahucio de Maricarmen, encara horas críticas. El Congreso de los Diputados tendrá este viernes la última palabra y el Gobierno ultima las negociaciones con los grupos parlamentarios sin tener cerrados los apoyos para ninguno de los dos decretos.

Mientras tanto, la tensión en la calle es máxima, síntoma de años de descontento social por la dejadez de las administraciones. Los sindicatos y asociaciones vecinales ya han convocado varias caceroladas y manifestaciones en distintos puntos del territorio español que comenzarán este mismo jueves y se prolongarán, como mínimo, hasta el domingo, independientemente del resultado de las votaciones.

La votación se entiende como un matchball para el presidente del Gobierno, que prometió una legislatura enfocada en la vivienda en vísperas de año electoral. Los dos decretos serán defendidos ante el Pleno por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, con un texto a cargo de cada una de las partes del Gobierno de coalición.

El decreto ‘Mari’

¿Qué se vota exactamente el viernes? La Cámara Baja votará el bautizado como Decreto Maricarmen, que en realidad fue troceado en dos partes para salvar algunas de las medidas y retratar a los partidos. El Gobierno es más optimista con el primero de los decretos, que incorpora la prórroga de dos años de los contratos de alquiler en vigor y la protección de los desahucios a colectivos vulnerables hasta el año 2030, dos medidas que beneficiarán a cinco millones de personas, según los cálculos de Sumar. También incorpora la prohibición de compra de vivienda por fondos buitre —aunque la letra pequeña matiza que solo se restringirá su compra por debajo del 70% del valor de tasación—, líneas de crédito al 0% para la compra de la primera vivienda y el aumento de impuestos a los pisos turísticos.

¿Qué muestra la calculadora parlamentaria? Que hay posibilidades de acuerdo. Las negociaciones para sacar adelante este decreto llevan sucediéndose meses. El Gobierno, con Sumar encabezando las conversaciones, ha tenido que hacer equilibrios a derecha e izquierda para recoger todas las exigencias. Es por eso que el paquete contiene ciertas bonificaciones fiscales a los caseros que reclamaron PNV y Junts per Catalunya.

También ha tenido que contener a Podemos, que amenazó con tumbar la medida por este último punto, aunque finalmente confirmó su apoyo tras pedírselo el Sindicato de Inquilinas. Los nacionalistas vascos dan por hecho el sí, mientras que el partido de Carles Puigdemont trata de enfriar los ánimos del Ejecutivo. Su portavoz, Miriam Nogueras, expresó su preocupación por el contenido concreto de la norma, advirtiendo que “no se para a los fondos buitres porque pueden seguir comprando”. Lo cierto es que el Gobierno solo necesitaría su abstención, que permitiría sumar más votos (uno más) que la mayoría alternativa conformada por PP y Vox (siempre que Coalición Canaria no vote en contra). Junts ha convocado esta noche a su Ejecutiva para decidir cuál será su intención de voto.

El decreto ‘Carmen’

La otra parte queda recogida en el segundo decreto, que entró en vigor este mismo jueves desde su publicación en el BOE. La votación se prevé más complicada porque el ejecutivo no tiene los apoyos garantizados por parte del bloque de investidura. La principal medida es la renovación automática de los contratos de alquiler y la incorporación de una penalización a los caseros que decidan suspender el contrato sin justificación. El texto recoge hasta seis excepciones. Una de ellas es que el arrendador necesite la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí o para sus familiares en segundo grado.

El contrato de alquiler indefinido es una exigencia que el sindicato de inquilinas fijó como línea roja en sus manifestaciones. La previsible caída de este segundo decreto será la baza con la que jugarán para prolongar las movilizaciones en las calles al grito de huelga general, como así llevan haciendo desde el inicio de la acampada en Sol, que cumplirá este sábado su primera semana.

El Ayuntamiento de Madrid ya ha amagado con llevar a cabo un desalojo forzoso que añadiría todavía más tensión social. Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, avanzó este jueves que el Gobierno regional de Madrid presentará inmediatamente un recurso, con petición de medidas cautelarísimas, para reclamar a la Justicia la “inmediata disolución” de la acampada instalada ante la “inacción” de la Delegación del Gobierno de España.