El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

Un juzgado de Barcelona ha suspendido este jueves el desahucio de una vecina del barrio de Sant Andreu apenas unas horas después de que entrara en vigor el primer decreto de vivienda del Gobierno. Según el Sindicat de Llogateres, se trata del primer caso del que tiene constancia de una suspensión aplicada en virtud de la nueva norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y vigente desde este jueves 1 de octubre.

La mujer, identificada como Macarena, reside en su vivienda de la calle de Otger desde 2017. Los abogados del sindicato presentaron a primera hora de la mañana un escrito solicitando la paralización del lanzamiento al amparo del Real Decreto-ley 26/2026, y el juzgado aceptó la suspensión provisional antes de que la comitiva judicial llegara a presentarse en el domicilio, según ha informado Efe.

Decenas de vecinos y activistas se habían concentrado desde las 8:30 horas frente al edificio para intentar impedir el desalojo. No hizo falta: la comitiva judicial ni siquiera acudió, al estar ya resuelta la suspensión por vía judicial horas antes.

Un segundo intento de desahucio que ya se había frenado antes

No es la primera vez que Macarena se enfrenta a la pérdida de su vivienda. En julio, un primer intento de desahucio ya fue detenido gracias a la presencia de medio centenar de vecinos y activistas frente al inmueble. Esta segunda ocasión, sin embargo, se ha resuelto por una vía distinta: un incidente judicial basado en una norma que, en el momento de presentarse el recurso, llevaba menos de un día en vigor.

El mecanismo que permitió la suspensión está recogido en el artículo 2 del decreto, que amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la paralización de los procedimientos de desahucio que afecten a personas en situación de vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional. La norma obliga además a las comunidades autónomas a hacerse cargo de la deuda del inquilino cuando no ofrezcan una vivienda alternativa en un plazo de dos meses, siempre que el propietario sea una persona física o una entidad dedicada al alquiler asequible.

El decreto ya opera, pero su futuro depende del Congreso

El Real Decreto-ley 26/2026 se aprobó el martes en el Consejo de Ministros, tras una semana de protestas derivadas del desahucio de otra mujer, Maricarmen Abascal, de 87 años, que desembocó en una acampada de varios días en la Puerta del Sol de Madrid -la cual aún continúa-.

El Gobierno dividió entonces el paquete de medidas en dos decretos distintos: el que ya se aplicó este jueves en Barcelona, y un segundo texto, publicado también este jueves, que introduce la renovación automática de los contratos de alquiler.

Ambas normas deben superar este viernes 2 de octubre la votación de convalidación en el Congreso de los Diputados, en un pleno extraordinario solicitado por el propio Ejecutivo. Tras el apoyo ya anunciado por Podemos, el resultado de la votación depende ahora de Junts y el PNV. Al tramitarse en dos textos separados, cada decreto podrá aprobarse o decaer de forma independiente, un escenario que ya se repitió en abril, cuando un decreto similar sobre vivienda no logró los apoyos necesarios en la Cámara baja.

El caso de Macarena demuestra que la norma produce efectos jurídicos inmediatos, pese a que su continuidad depende de un resultado parlamentario incierto. Si el decreto no se convalida este viernes, quedará por determinar qué ocurre con las suspensiones de desahucio ya dictadas al amparo de una norma que, en ese escenario, dejaría de tener vigor.