Un juzgado de Ceuta investiga las denuncias de ocho menores migrantes por presuntos malos tratos, vejaciones y amenazas en un centro de acogida

Un juzgado de Ceuta investiga las denuncias presentadas por ocho menores migrantes no acompañadas que aseguran haber sufrido presuntos malos tratos, vejaciones y amenazas durante su estancia en centros de acogida habilitados por la Ciudad Autónoma. Las jóvenes, que habían llegado a la ciudad durante la entrada masiva de finales de julio y fueron trasladadas a estos recursos a comienzos de septiembre, acudieron a la Policía después de varias fugas y relataron episodios de golpes, insultos, castigos y falta de atención médica.

La Fiscalía de Menores de Ceuta ha remitido al órgano judicial las actuaciones de las que tuvo conocimiento, pero ha hecho una precisión importante: no existe una investigación general sobre los centros de menores de la ciudad ni sobre supuestos abusos sistemáticos en estos recursos. Según fuentes del Ministerio Público citadas por EFE, se trata de denuncias concretas presentadas ante la Policía y posteriormente puestas a disposición judicial.

La decisión de trasladar el asunto al juzgado responde, según esas mismas fuentes, a “razones estrictamente funcionales y de organización”, ante la extraordinaria carga de trabajo que soporta actualmente la Fiscalía de Ceuta. El objetivo es evitar que unos mismos hechos sean investigados de forma paralela y que las diligencias queden en manos del órgano competente, según explicó el Ministerio Público a EFE.

Las denuncias se producen después de que varias adolescentes abandonaran los centros habilitados en las Naves de El Tarajal y regresaran a los asentamientos informales donde habían permanecido durante las semanas posteriores a su llegada a Ceuta. Allí, según relató El País, algunas de ellas contaron a vecinos y organizaciones que habían decidido escapar por las condiciones en las que se encontraban en los recursos de acogida.

Las denuncias: golpes, insultos y amenazas

Los hechos que ahora debe esclarecer el juzgado se remontan a los primeros días de septiembre, cuando las menores fueron trasladadas a dos instalaciones situadas en el polígono de las Naves de El Tarajal y gestionadas por las entidades Samu y Engloba. Hasta entonces, algunas habían permanecido durante más de un mes en campamentos improvisados levantados por vecinos de Ceuta para atender a las personas migrantes que habían llegado a la ciudad.

Según la información publicada por El País, las menores denunciaron ante la Policía haber sufrido insultos, castigos físicos, amenazas con ser devueltas a Marruecos y falta de atención médica. Una de las adolescentes aseguró al diario que los trabajadores las llamaban “putas”, las golpeaban y las castigaban cuando pedían utilizar el teléfono móvil o disponer de una almohada.

Las jóvenes también relataron que algunas presentaban lesiones. Una de ellas mostró un moratón en el muslo que, según aseguró, era consecuencia de una supuesta agresión por parte del personal del centro. Otras menores presentaban magulladuras y heridas que fueron fotografiadas e incorporadas, según El País, al atestado policial.

Una de las acusaciones más graves se refiere a la atención sanitaria. Las menores aseguraron que en algunas ocasiones no eran trasladadas al médico cuando tenían problemas de salud. Una de ellas relató al diario el caso de otra adolescente que habría llegado a vomitar sangre sin recibir asistencia médica. Estas afirmaciones forman parte de las denuncias y deberán ser contrastadas durante la investigación judicial.

También se investiga un episodio ocurrido, según las denunciantes, durante la noche del 10 de septiembre. Dos hombres uniformados de seguridad habrían entrado en la zona donde dormían las jóvenes y, según sus testimonios, habrían proferido insultos de carácter sexual y amenazas explícitas de violación.

La Policía identificó a los dos vigilantes señalados por las menores, fueron relevados de sus funciones y sustituidos por mujeres. También fue identificada una educadora a la que las adolescentes atribuyen presuntos golpes reiterados.

Fiscalía activa la protección y el caso pasa al juzgado

El jueves, la Fiscalía de Menores recibió el informe policial acompañado de documentación médica y psicológica y tomó declaración a las jóvenes. Ese mismo día intervino el área de menores de la Ciudad Autónoma, que ostenta la tutela de las adolescentes.

Como primera medida de protección, las menores denunciantes fueron separadas de los recursos en los que habían relatado los supuestos abusos y se buscó para ellas una nueva ubicación. La Fiscalía abrió expedientes de protección y el Ministerio Público permanece especialmente atento a cualquier situación que pueda afectar a la integridad, seguridad o derechos de los menores bajo tutela.