“Será difícil recuperar la normalidad en Ceuta mientras miles de migrantes sigan en la calle”: las ONG piden a las autonomías que ayuden a descolapsar la ciudad

La crisis de Ceuta sigue lejos de resolverse cuando ya casi se cumple un mes y medio de la entrada masiva desde Marruecos, pese a que el Gobierno continúa aumentando la capacidad para acoger a las personas migrantes que permanecen en la ciudad en distintos dispositivos. En las últimas semanas ha aumentado tanto la tensión entre los propios migrantes que esperan una plaza para dormir bajo un techo seguro como el malestar de la población ceutí, que quiere volver a la normalidad. También se han multiplicado los discursos de odio contra las personas extranjeras que alimentan el racismo y la xenofobia, según denuncian las organizaciones humanitarias, que reclaman “solidaridad” a las autonomías para que acojan a parte de los migrantes y ayuden a descolapsar Ceuta.

Ese clima de criminalización y hostilidad hacia los migrantes ya se ha traducido en episodios de violencia, incluso contra menores. El 7 de septiembre, Alí, un niño de 8 años, sufrió una herida en la cabeza después de que varios encapuchados disparasen con perdigones mientras estaba con su familia en el asentamiento de El Príncipe. Otros menores ceutíes también han sido increpados durante algunas protestas por manifestantes que los “confundieron” con migrantes por el color de su piel. A ello se suman varios incendios en asentamientos que han obligado a intervenir a los bomberos, lo que vuelve a exponer la precariedad persistente en la ciudad autónoma.

Para la organización Luna Blanca, la situación “más preocupante” en términos humanitarios se localiza en el asentamiento de mujeres y niños de las naves del polígono industrial del Tarajal, donde permanecen unas 23 madres con hijos pequeños, si bien también hay menores no acompañados y hombres adultos que no reciben comida desde hace varios días por falta de recursos. La educadora social y portavoz de la asociación, Halima Ahmed, explica a Infobae que las medidas impulsadas por las instituciones resultan insuficientes y avanzan con lentitud.

“En esta entrada masiva, a diferencia de la mayo del 2021, hay muchas más familias con niños, pero también más mujeres y menores no acompañados. A día de hoy, el asentamiento más vulnerable es precisamente el que acoge a muchas mujeres con sus niñas, en el polígono industrial del Tarajal”, detalla.

La educadora social advierte que “será difícil recuperar la normalidad en Ceuta mientras miles de personas continúen en las calles”, sobre todo en los barrios de la periferia, “que están totalmente colapsados”, a diferencia del centro, donde la situación es mucho más estable, asegura. “Hay dos realidades muy distintas, pero lo que sí nos une a toda la población es el cansancio y el hartazgo, porque queremos recuperar nuestros días, nuestros espacios, para poder volver a la vida que teníamos antes del 30 de julio”.

La activista recuerda que Ceuta es una ciudad de tan solo 19 kilómetros cuadrados que no dispone de capacidad suficiente para abordar la emergencia. Por ello, reclama que se agilicen los procesos de filiación para determinar los casos en los que corresponde el retorno al país de origen y pide a las comunidades autónomas que acojan de forma temporal a parte de los migrantes. “Los protocolos que marca la ley también se pueden realizar desde otras autonomías y eso ayudaría mucho a descolapsar Ceuta”, añade.

De momento, las regiones gobernadas por el Partido Popular rechazan el reparto de migrantes a la península, tanto de adultos como de menores, y reclaman su devolución, aunque aseguran que “cumplirán la ley”. En las comunidades donde el PP gobierna junto a Vox, los Ejecutivos han anunciado además recursos judiciales contra los expedientes que no concluyan con la repatriación.

Tan solo Cataluña, País Vasco y Asturias se han mostrado dispuestos a acoger menores migrantes. Navarra es la única que, por ahora, ha confirmado que acogerá a cinco niñas.

El Gobierno central, por su parte, ya ha reiterado que no es posible expulsar a los migrantes directamente y recuerdan que existen procedimientos que se deben cumplir de acuerdo a la ley vigente. Tan solo

Personas del colectivo LGTBIQ+ “necesitan alojamiento seguro”

Desde la Asociación Elín, que lleva trabajando cerca de 30 años por los derechos de los migrantes en Ceuta, valoran positivamente la apertura de nuevos dispositivos para atender a las personas que permanecen en Ceuta, pero advierten que la respuesta de las instituciones sigue siendo insuficiente, especialmente para las familias con menores que necesitan ser atendidas. “Es inentendible cómo puede ser que estén priorizando a hombres solos antes que a familias con menores, porque aún hay muchas que no han sido acogidas. También hay muchas personas del colectivo LGTBIQ+ que no están recibiendo una alternativa de alojamiento donde se los proteja”, señala Pilu Alba, integrante de esta asociación.

Con el paso de los días, denuncia la activista, la situación de quienes siguen en la calle se deteriora, mientras las familias instaladas en las naves del Tarajal enfrentan condiciones cada vez más precarias. “[Las autoridades] no están protegiendo a los eslabones más débiles. Se están centrando en quitar a hombres de la calle. Se ve clara una línea que no aboga tanto por la protección de las personas o perfiles más vulnerables, sino por otras prioridades”, concluye Alba.