El Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Vivas se pelean por quién debe pagar los 80 euros que cuesta el informe forense para identificar que un migrante es menor

La gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha distanciado al Gobierno central presidido por Pedro Sánchez y al Ejecutivo ceutí que dirige el popular Juan Jesús Vivas. El choque frontal ha sido constante por los fallos de inteligencia, por el control del relato y por las competencias de la emergencia. La última disputa es sobre qué Administración debe pagar los 80 euros que cuesta el informe forense que determina si los migrantes que cruzan irregularmente a la ciudad autónoma son menores. Ceuta quiere que esta prueba la pague Madrid, argumentando que sus competencias se ciñen “a la acogida y tutela de estos menores”. Un portavoz del Ministerio de Sanidad señala que la normativa es clara y que debe pagarlo Ceuta, pero reconocen que la situación actual es excepcional y que por eso se están transfiriendo fondos extra para ayudar a la ciudad.

La situación de los menores es la más delicada. Porque en caso de duda, la Administración debe determinar si el migrante que ha cruzado la frontera es menor de edad o no. La única forma de hacerlo, en Ceuta, es a través de un grupo de forenses que aporta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dependiente del Ministerio de Justicia. Cada prueba cuesta 80 euros. Los menores extranjeros no acompañados constituyen un colectivo vulnerable, por lo que merecen especial protección por los poderes públicos. Muchos no pueden acreditar documentalmente su edad, por eso la Administración debe realizar unas pruebas médicas para determinar la edad cuando hay dudas.

Generalmente, el método médico basado en la anamnesis y exploración física, complementado con las técnicas de imagen (radiografía simple del carpo, ortopantomografía, TAC de extremidad proximal de clavículas) es el sistema más válido y fiable para ofrecer una estimación de probabilidad de edad del sujeto en estudio gracias a la comparativa de sus diferentes caracteres examinados. La llegada de entre 80.000 y 90.000 migrantes los dos últimos días de julio, que dejó unos 150 muertos, hizo que Justicia reforzara la plantilla del Instituto de Medicina Legal de Ceuta de siete a 19 profesionales, entre los que hay nueve forenses.

Ahora estos forenses se están dedicando a la identificación de los menores que plantean casos más dudosos. De momento, el Gobierno central tiene registrados en suelo ceutí a 2.048 menores extranjeros no acompañados, de los cuales 1.612 entraron a partir del 30 de julio. “La exigencia de estas pruebas médicas parte de la Fiscalía. Y llevamos tiempo reclamando que deben ser abonadas por el Ejecutivo central. Desde hace mucho tiempo. Pero ahora con esta crisis el gasto se ha disparado y creemos que, con más razón, este coste lo debe asumir Madrid”, explica a ‘Infobae’ un portavoz del Ejecutivo de Vivas, que no puede dar una cifra estimada del dinero que reclama. Un portavoz del ministerio de Sanidad, ya que Ceuta exige este dinero al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente de Sanidad, responde que la normativa dice que Ceuta debe correr con estos gastos.

Ayudas económicas

Sanidad recuerda además que el Gobierno central ha aprobado importantes ayudas de Ceuta precisamente para afrontar soluciones a la crisis migratoria. A principios de agosto, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigida a “la atención de los menores” que se encuentran en Ceuta. Esa cantidad se sumó a los 5,5 millones para Ceuta de los 35 que ya se repartieron entre el conjunto de las comunidades en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. El Congreso avaló este miércoles el plan de choque para ayuda a Ceuta que se estructura en cuatro ejes: refuerzo de los servicios esenciales (21 millones de euros), refuerzo en materia de seguridad (90 millones), acogida humanitaria (118 millones) y apoyo a la actividad económica (80 millones).

Además de los menores ya filiados, se estima que hay otra horquilla de entre 700 y 1.000 menores deambulando por las calles ceutíes. La batalla política se traslada ahora al reparto de estos menores en centros de acogida en la península. La capacidad ordinaria fijada para Ceuta por el Gobierno es de 29 plazas y actualmente atiende a alrededor de 2.100 menores. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicado que solo aquellos menores que tengan acreditado el poder acogerse al derecho de protección internacional, y solo los menores que no puedan ser reagrupados, podrán quedarse en España. Mientras, el PP cierra la puerta a que ningún menor de Ceuta vaya a la península. La competencia de estos traslados es de Ceuta, y sin la firma del presidente ceutí del PP, es muy difícil que estos menores viajen a otras comunidades.