Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Islandia se posicionó como el segundo mejor sistema de pensiones del mundo, según el Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025, con una calificación global de 84 puntos sobre 100, solo por detrás de Países Bajos. El país nórdico, de apenas 380.000 habitantes, obtuvo la nota más alta del ranking en sostenibilidad financiera, con 85,7 puntos, un resultado que contrasta con la fragilidad que muestran otros sistemas europeos, incluido el español.

El modelo de Islandia combina una pensión pública básica financiada con impuestos, fondos de pensiones ocupacionales obligatorios y plenamente capitalizados, y un tercer nivel de ahorro individual voluntario con incentivos fiscales, según un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe sobre mercado de trabajo y negociación colectiva en Islandia. Esta estructura, negociada históricamente entre sindicatos y patronal desde 1969, según describe la OCDE, combina el reparto con la capitalización, lo que en la práctica reduce la dependencia exclusiva de la recaudación anual.

El primer pilar opera como una red de seguridad. Se financia con impuestos generales y su acceso depende de la residencia, no de las cotizaciones: se necesitan 40 años de residencia entre los 16 y los 67 para cobrar la pensión básica completa, aunque basta con tres años para recibir una prestación proporcional, según datos de la Comisión Europea. Esta prestación está sometida a estrictas pruebas de ingresos: se reduce en un 45% sobre los ingresos laborales o de capital que superen ciertos umbrales exentos, lo que concentra el gasto público en quienes menos recursos acumularon en los otros pilares.

Los fondos ocupacionales concentran el grueso del ahorro previsional

El segundo pilar constituye el corazón financiero del sistema. Desde 1980, la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores islandeses de entre 16 y 70 años, incluidos los autónomos. La contribución mínima, que en 2023 subió del 12% al 15,5% del salario —11,5 puntos a cargo del empleador y 4 del trabajador—, alimenta fondos gestionados por entidades vinculadas a sindicatos y patronal, bajo supervisión de la autoridad financiera, según un documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el sistema previsional islandés.

El resultado de décadas de acumulación es notable: los activos de estos fondos alcanzaron en 2025 cerca de 8,2 billones de coronas islandesas, unos 58.000 millones de euros, equivalentes a 179% del producto interno bruto (PIB) del país, según cifras difundidas por la asociación islandesa de fondos de pensiones (Lífeyrismál). Solo Dinamarca supera esa proporción entre las economías desarrolladas, según datos de la OCDE. Alrededor del 41,5% de esos activos está invertido en el extranjero, una diversificación que reduce la exposición a shocks domésticos, de acuerdo con el análisis del banco islandés Íslandsbanki sobre el desempeño de los fondos en 2025.

Estos fondos funcionan bajo un esquema de “ambición definida”: fijan un objetivo de tasa de sustitución del 72% del salario medio de carrera para quienes cotizan 40 años, pero sin garantizarlo de forma rígida. Si la rentabilidad real de las inversiones —cuya referencia actuarial se sitúa en 3,5% anual— se desvía de lo previsto, los fondos pueden ajustar las prestaciones futuras o la indexación de las pensiones ya en pago, un mecanismo que, según el FMI, reparte los riesgos entre todos los afiliados en lugar de trasladarlos al Estado.

El tercer pilar atrae a seis de cada diez islandeses

El ahorro voluntario, vigente desde 1997, permite aportar hasta un 4% del salario con exención fiscal, más un 2% adicional que iguala el empleador. Cerca del 60% de la población islandesa participa en estos productos, gestionados por los mismos fondos ocupacionales, bancos o aseguradoras, según los datos recogidos por Lífeyrismál. Las prestaciones tributan como renta al momento del cobro, lo que mantiene la coherencia del incentivo: la ventaja fiscal se aplica al aportar, no al retirar.

La combinación de los tres niveles produce tasas de sustitución netas —el porcentaje del salario previo que se mantiene tras la jubilación— cercanas al 70%, según cálculos de la OCDE, muy por encima del promedio de 59% que registra el organismo entre sus países miembros.

La edad de jubilación converge en los 67 años, pero con reglas distintas

La edad ordinaria de jubilación en Islandia es de 67 años, tanto para la pensión pública como para la mayoría de los fondos ocupacionales del segundo pilar, según la normativa recogida por el portal oficial island.is, gestionado por la Administración de Seguros Sociales islandesa. Existen excepciones para colectivos específicos, como ciertos grupos de marinos, que pueden retirarse a los 60 años.

El sistema permite adelantar el cobro a los 65 años, aunque con una penalización permanente de aproximadamente 12,24% sobre la cuantía de la pensión pública, equivalente a una reducción del 0,5% por cada mes de anticipo. En sentido inverso, quienes postergan el inicio del cobro más allá de los 67 años reciben un incremento del 0,5% por cada mes de retraso, con límites que, según la fecha de nacimiento del cotizante, pueden extenderse hasta los 72 u 80 años.

España converge hacia el mismo umbral, aunque de forma gradual: la edad legal ordinaria se sitúa en 2026 en torno a los 66 años y 10 meses, con la llegada definitiva a los 67 prevista para 2027, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre el sistema de pensiones español. A diferencia de Islandia, esa edad se aplica dentro de un esquema de reparto que depende casi por completo de las cotizaciones corrientes, sin el respaldo de un segundo pilar capitalizado de peso equivalente.

España iguala a Islandia en adecuación, pero se hunde en sostenibilidad

El contraste con España resulta revelador. El mismo informe de Mercer y el CFA Institute otorga al sistema español una calificación de 63,8 puntos, con una nota de adecuación de 83. La diferencia decisiva aparece en sostenibilidad, donde España obtiene apenas 34,2 puntos, menos de la mitad que Islandia.

La explicación está en la lógica financiera de cada sistema. España sostiene su modelo casi por completo en el reparto: las cotizaciones actuales financian las pensiones actuales, sin acumulación significativa de activos capitalizados a nombre de los trabajadores. Los planes privados y de empleo apenas representan el 5,3% del total de pensiones de jubilación pagadas en el país, según un informe del Banco de España. Islandia, en cambio, canaliza el ahorro obligatorio hacia fondos que invierten y generan patrimonio real, lo que explica que sus activos previsionales equivalgan a varias veces el peso relativo que tienen en España.