Amenazas de muerte, 25 personas en un piso, 20 en un garaje y 6.000 euros por traslados a la Península: dos operaciones en Ceuta contra el abuso a migrantes

La Guardia Civil ha identificado a 25 migrantes que vivían en un piso de Ceuta en condiciones de extrema precariedad. Entre ellos había seis menores de edad, según informó el instituto armado. Los migrantes entraron en la ciudad autónoma durante los días 30 y 31 de julio. La investigación permitió localizar la vivienda en la que se alojaban, con unas condiciones de salubridad que, según la Guardia Civil, eran “nulas”. Los agentes detuvieron a los dos propietarios del inmueble, un hombre y una mujer.

Poco después, la Policía Nacional ha confirmado otro caso en el que han desarticulado una estructura que abusaba de los migrantes en la ciudad autónoma, ofreciendo precios abusivos por alojarles en pisos que también tenían pésimas condiciones. Este organismo llegó a cobrar hasta 6.000 euros por hacer traslados a la Península de migrantes irregulares que entraron en Ceuta.

En el caso de la Guardia Civil, por el momento, no trascendieron los delitos concretos que se les imputan ni las circunstancias en las que los migrantes llegaron a residir en el piso. Mantiene abiertas las diligencias para esclarecer el caso y determinar cómo se gestionó. En muchas ocasiones, este tipo de situaciones responden a casos que envuelven a una red mayor.

La Policía Nacional ha confirmado que los dos detenidos están acusados de explotar a migrantes en situación de vulnerabilidad, a quienes presuntamente alojaban en garajes, trasteros y otros espacios sin condiciones de habitabilidad a cambio de pagos que podían llegar a 900 euros mensuales. La investigación comenzó tras las quejas de vecinos de un garaje comunitario próximo a la barriada del Príncipe, donde se detectó la presencia recurrente de personas que dormían en el suelo, en zonas destinadas al estacionamiento de vehículos. En algunos momentos, el número de migrantes que pernoctaba allí habría rondado la veintena.

Según las pesquisas, la red captaba a personas recién llegadas a Ceuta, les ofrecía alojamiento y controlaba los pagos. Los investigadores sostienen que cada plaza podía costar unos 30 euros diarios. La entrega de colchones y mantas también quedaba supeditada al abono total de las cantidades exigidas. Los responsables habrían cobrado además entre cinco y diez euros por una carga completa de teléfono móvil. La Policía considera que estos ingresos permitieron a la organización obtener beneficios económicos a partir de la situación de necesidad de las víctimas.

La estructura investigada también ofrecía el traslado irregular de migrantes a la Península por importes que podían alcanzar los 6.000 euros. Para ello, sus integrantes se repartían las tareas de localización y captación de personas, gestión de cobros, desplazamientos hacia los alojamientos y vigilancia de quienes permanecían en esos lugares. Los testimonios recogidos por los agentes apuntan a que algunas víctimas recibieron indicaciones para ocultarse y evitar cualquier contacto con la Policía mientras aguardaban una posible salida de la ciudad.

Amenazas de muerte para impedir que declararan

La investigación incorporó denuncias sobre presuntas amenazas de muerte y coacciones contra los migrantes. El objetivo, según la Policía Nacional, era imponer el silencio y evitar que colaboraran con las autoridades o declararan contra los responsables. Durante el operativo, los agentes localizaron a varias personas en situación irregular y con especial vulnerabilidad.

Algunas mostraron temor ante la presencia policial. Varias aceptaron después prestar declaración, lo que permitió reconstruir el funcionamiento de la red y la presunta distribución de funciones entre sus miembros. La investigación contó con la coordinación de unidades policiales de la costa andaluza y de servicios centrales, junto con la Fiscalía especializada en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.