El Gobierno publica este miércoles cerca de 40 documentos e informes reservados sobre lo ocurrido en la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando unas 72.000 personas accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma, a nado o a pie por el espigón del Tarajal. El conjunto de material, que se difunde a través de la web de la Presidencia del Gobierno, reúne análisis elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto por la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). La ministra portavoz, Elma Saíz, avanzó que se publicarían más informes relevantes si hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen “nada que esconder”.
El Ejecutivo insiste en que ninguno de esos informes recoge pruebas que acrediten una actuación deliberada de las autoridades marroquíes para propiciar o impulsar las entradas masivas registradas en la frontera, a pesar de que la Audiencia Nacional investiga la participación de “agentes no uniformados” marroquíes que habrían actuado como guías y “dinamizadores” del flujo de personas. Así lo ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista concedida este miércoles al programa Mañaneros 360 de TVE, donde sostuvo también que los documentos únicamente reflejan un aumento en los cruces irregulares, sin que existiera ningún indicio previo de un episodio migratorio de la escala que finalmente se produjo.
La tesis del Gobierno, más de un mes después del suceso, sigue siendo la misma: “Mafias de tráfico de personas” propiciaron la difusión de bulos en internet que tergiversaban la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que prohibía la expulsión en frontera de los migrantes que accedieran de forma irregular a España a nado, para asegurar que la frontera estaba abierta. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), sin embargo, descarta que esas organizaciones tuvieran capacidad para orquestar un movimiento migratorio de tal magnitud.
Garamendi (CEOE): “Lo de Ceuta es un problema de soberanía nacional y la responsabilidad de España”
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha advertido hoy en Ceuta que la crisis que atraviesa la ciudad es un “problema de soberanía nacional” y ha subrayado que la responsabilidad hay que pedírsela “a España”.
En declaraciones a los periodistas en Ceuta, recogidas por Efe, y acompañado por la presidenta de los empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, el líder empresarial ha señalado que la entrada de “casi la misma población que hay en Ceuta -unos 85.000 habitantes- no puede volver a pasar, porque es un atentado contra la soberanía y nadie me convencerá de lo contrario”.
Nueve de cada diez españoles señalan al Gobierno de Marruecos como principal responsable de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio, según el sondeo elaborado por 40dB para El País y la Cadena SER. La encuesta, realizada entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, revela además un fuerte castigo ciudadano a la gestión del Ejecutivo, aunque sin que ese malestar se traduzca todavía en un vuelco electoral significativo.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto una causa para investigar la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio al apreciar, de forma provisional, indicios de un posible delito contra la paz y la independencia del Estado y considerar que los hechos pudieron constituir un “ataque” contra la “integridad territorial” de España. El auto, dictado este lunes, atribuye a la Audiencia Nacional la competencia para investigar lo sucedido al entender que no se trata de una entrada irregular aislada, sino de una operación “a gran escala” que habría movilizado a “decenas de miles de personas” desde territorio extranjero con la finalidad de cometer delitos graves en España.
Este miércoles salen a la luz los documentos policiales sobre la entrada masiva de 70.000 migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó su desclasificación en su última comparecencia en el Congreso, donde aseguró que, tras haberlos consultado todos, constatarían que la magnitud de la avalancha migratoria era inimaginable más allá del riesgo anunciado. El Ejecutivo defiende que se trata de un acto de transparencia para “desmentir los bulos” que rodean la crisis.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber “desprotegido” a España por la crisis migratoria de Ceuta y le ha advertido en el Congreso de que España “se lo hará pagar” en las urnas.

Pedro Sánchez ha reconocido dos aspectos en los que considera que se debe mejorar tras la crisis de Ceuta. El primero es la preparación ante “ataques híbridos” y el segundo el refuerzo de las fronteras de Ceuta y Melilla. Lo ha hecho en la entrevista en Mañaneros de TVE, donde, al ser cuestionado sobre si realiza autocrítica, no se ha mostrado arrepentido por marcharse de vacaciones ni ha apuntado a Marruecos. Sánchez ha negado cualquier tipo de chantaje desde el gobierno alaui, al sostener que “no tienen nada que esconder”, y defiende que la desclasificación demostrará que no pudo prever la entrada masiva.
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