Antonio Narváez, el juez del Supremo que pilota el caso de la ‘ley de nietos’: el número uno de su promoción que eligió ser fiscal y acabó en la cúpula de la Justicia

Antonio Narváez Rodríguez se ha convertido en uno de los nombres propios de la decisión judicial que mantiene en suspenso las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los ciudadanos nacionalizados al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’. Su nombre figura como magistrado ponente de uno de los procedimientos que han desembocado en la medida cautelar acordada esta semana por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, aunque la resolución no corresponde a una decisión individual suya, sino al criterio adoptado por la Sección Cuarta, integrada por seis magistrados y con un voto particular.

Y ese matiz importa. En un tribunal colegiado, el ponente es el magistrado encargado de estudiar el procedimiento en profundidad, analizar las cuestiones jurídicas planteadas y preparar la propuesta de resolución que después se somete a deliberación y votación del resto de integrantes de la Sala. Es también quien redacta finalmente el auto o la sentencia conforme al criterio que haya resultado aprobado. En este caso, ese trabajo ha recaído en Narváez, un jurista cuya trayectoria resulta bastante más extensa y singular que la de un magistrado que acaba de aterrizar en el Supremo.

Porque Narváez lleva más de cuatro décadas moviéndose por las instituciones superiores de la Justicia española. Ha sido fiscal, fiscal jefe, teniente fiscal del Supremo y magistrado del Tribunal Constitucional. Y, antes de llegar a la Sala Tercera del Alto Tribunal, ya había pasado por sus dependencias durante años, aunque entonces lo hacía desde la otra parte de la mesa: como miembro del Ministerio Público.

El número uno que escogió ser fiscal

La historia comienza en 1982. Antonio Narváez, nacido en Badajoz en 1958, ingresó aquel año en la Escuela Judicial como número uno de la XXVIII promoción. Un comienzo que apuntaba directamente hacia la judicatura, pero que terminó tomando otro camino. Narváez optó por incorporarse a la Carrera Fiscal y comenzó así una trayectoria que acabaría llevándole hasta algunos de los puestos de mayor responsabilidad del Ministerio Público.

Su primer destino fue la Audiencia Provincial de Córdoba. Allí fue nombrado abogado-fiscal en 1982 y dos años después ascendió a la categoría de fiscal. En 1987 llegó a Teruel para hacerse cargo de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que dirigió durante una década. Para entonces ya había dejado atrás los primeros escalones de la carrera y empezaba a perfilarse el ámbito en el que desarrollaría buena parte de su trayectoria: el Derecho público y, especialmente, la jurisdicción contencioso-administrativa.

En 1997 dio el salto a Madrid y se incorporó a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Permaneció allí diez años, una etapa que le permitió trabajar desde dentro con algunos de los grandes conflictos constitucionales que llegaban al órgano de garantías. En 2007 regresó al Tribunal Supremo, pero de nuevo como fiscal. Fue nombrado Fiscal de Sala y asumió la jefatura de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Alto Tribunal.

Su ascenso dentro del Ministerio Público continuó hasta uno de los puestos de mayor responsabilidad de la institución. En 2013 fue nombrado teniente fiscal del Tribunal Supremo, el segundo escalón de la Fiscalía después del fiscal general del Estado. Para entonces, Narváez había construido ya una carrera marcada por el paso por los principales órganos jurisdiccionales del país.

Y no solo desde los despachos. Su currículo recoge también una amplia actividad docente y jurídica. Ha participado en la formación de fiscales y jueces y es autor de distintos trabajos especializados. Entre ellos figura una monografía sobre el Tribunal del Jurado publicada en 1995 y varios estudios relacionados con el Derecho electoral y la intervención del Ministerio Fiscal en los procesos electorales.

Del Ministerio Fiscal al Constitucional

El siguiente salto llegó en 2014, cuando Narváez fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. Pasó así de defender la posición del Ministerio Público ante los tribunales a ocupar uno de los doce asientos del órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes.

Su llegada coincidió con algunos de los años más convulsos de la política española reciente. Durante su casi década en el Constitucional participó en decisiones relacionadas con el desafío independentista catalán, el funcionamiento de las instituciones parlamentarias y los recursos derivados de las medidas adoptadas durante la pandemia de coronavirus.

Entre las resoluciones en las que intervino figura la sentencia sobre el segundo estado de alarma decretado durante la pandemia, así como distintos pronunciamientos sobre el funcionamiento de las instituciones catalanas y sobre derechos fundamentales. No siempre actuó como ponente: como integrante del Pleno, su papel consistía en participar en la deliberación y votación de las resoluciones que correspondían al tribunal.

Su pasado como fiscal llegó a tener también consecuencias en su etapa constitucional. En algunos procedimientos se plantearon recusaciones o abstenciones relacionadas con su intervención previa desde el Ministerio Público. Uno de ellos estuvo vinculado a un recurso de amparo promovido por dirigentes de la izquierda abertzale, que cuestionaron su participación después de que hubiera intervenido anteriormente como fiscal en un procedimiento relacionado con Sortu. El Constitucional estudió entonces el incidente.

Aquellos episodios ilustran una particularidad de la trayectoria de Narváez: buena parte de su carrera se desarrolló antes en las instituciones a las que posteriormente llegó como magistrado. Conocía desde dentro tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo y, cuando se incorporó al Constitucional, llevaba años trabajando en asuntos que llegaban precisamente a ese órgano.

El regreso al Supremo, esta vez con toga de magistrado

Narváez terminó su etapa en el Constitucional a finales de 2022. Y, en lugar de abandonar el entorno del Alto Tribunal, regresó a la Fiscalía del Supremo como Fiscal de Sala adscrito a la Sección de lo Contencioso-Administrativo.

El cambio definitivo llegó en 2025. El Consejo de Ministros formalizó su nombramiento como magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para cubrir la vacante producida tras el fallecimiento de Ángel Aguallo Avilés. Su acceso se produjo por el turno reservado a juristas de reconocida competencia, de modo que llegó a la magistratura del Supremo después de una carrera desarrollada fundamentalmente fuera de la judicatura ordinaria.

Hay algo especialmente llamativo en ese recorrido: cuando Narváez se incorporó a la Sala Tercera no necesitó familiarizarse con el edificio ni con la jurisdicción que tenía delante. Ya había trabajado durante años en la Fiscalía del Supremo y había ejercido como teniente fiscal de la institución. La diferencia era que ahora ocupaba el otro lado del tribunal.

Desde septiembre de 2025 forma parte de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Apenas un año después de su llegada, su nombre ha quedado ligado al procedimiento sobre las inscripciones electorales de los beneficiarios de la ‘ley de nietos’.

No es, además, un terreno completamente ajeno a su trayectoria. Mucho antes de convertirse en magistrado del Supremo, Narváez había dedicado parte de su actividad profesional y académica al Derecho electoral. En 2006 publicó un trabajo sobre la intervención del fiscal en los procesos electorales y, durante su etapa al frente de la sección contencioso-administrativa de la Fiscalía del Supremo, participó en la organización de actividades de formación especializada sobre esta materia.

También había estudiado el funcionamiento del Tribunal del Jurado, una figura jurídica sobre la que publicó en los años noventa. Son dos ámbitos distintos y no existe una relación directa entre aquellos trabajos y el procedimiento que ahora tiene sobre la mesa, pero forman parte de una trayectoria jurídica que ha estado durante décadas vinculada al Derecho público, los derechos fundamentales y los procedimientos ante los tribunales superiores.

Ahora, desde su asiento en la Sala Tercera y como ponente de uno de los recursos sobre la aplicación electoral de la Ley de Memoria Democrática, Narváez vuelve a aparecer en primer plano. Esta vez ya no como fiscal ante el Supremo ni como magistrado del Constitucional, sino como integrante del tribunal que debe resolver un litigio con implicaciones sobre el acceso al censo electoral de miles de ciudadanos.