La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto una causa para investigar la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio al apreciar, de forma provisional, indicios de un posible delito contra la paz y la independencia del Estado y considerar que los hechos pudieron constituir un “ataque” contra la “integridad territorial” de España. El auto, dictado este lunes, atribuye a la Audiencia Nacional la competencia para investigar lo sucedido al entender que no se trata de una entrada irregular aislada, sino de una operación “a gran escala” que habría movilizado a “decenas de miles de personas” desde territorio extranjero con la finalidad de cometer delitos graves en España.

La resolución parte del informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), solicitado por el juzgado después de las distintas denuncias y querellas presentadas tras los acontecimientos de finales de julio. Tardón considera que los primeros datos recabados apuntan a que lo ocurrido no puede explicarse como un fenómeno espontáneo. “Esta entrada masiva no puede considerarse como un hecho aislado ni casual”, afirma en el auto, que descarta igualmente que se trate de un acontecimiento “por generación espontánea”. La jueza habla, por el contrario, de un “proceso” en el que la finalidad migratoria habría sido solo uno de los elementos de una movilización de mucha mayor dimensión.

La investigación todavía se encuentra en una fase inicial y la propia magistrada deja claro que la calificación jurídica de los hechos es provisional. Lo que sí considera suficientemente relevante para asumir el asunto es la dimensión de la operación, su presunta preparación desde fuera de España, la utilización de redes sociales para coordinarla y el impacto que tuvo sobre el funcionamiento de la frontera de Ceuta.

La Audiencia Nacional asume el caso por su dimensión internacional

La cuestión de la competencia ocupa buena parte del razonamiento del auto. Tardón distingue expresamente lo sucedido en Ceuta de los casos habituales de inmigración irregular en los que una embarcación es interceptada y el asunto se investiga en el lugar correspondiente. “No nos encontramos ante un supuesto de interceptación de un buque o un vehículo en el que se transporta a migrantes”, señala la resolución.

En este caso, sostiene la magistrada, se investiga “una operación a gran escala” que habría movilizado a “decenas de miles de personas para que traspasaran la frontera” y cuyos presuntos responsables se encontrarían fuera de España. La resolución entiende que la actividad investigada habría sido planificada y ejecutada en el extranjero con la finalidad de cometer delitos graves en territorio español, una circunstancia que, a juicio de Tardón, permite atribuir la competencia a la Audiencia Nacional conforme a las normas de jurisdicción internacional y a la Convención de Palermo.

Pero la jueza añade otro elemento. Según el auto, el informe policial describe una actuación dirigida a provocar “el colapso del sistema de control fronterizo” mediante la movilización coordinada de decenas de miles de personas, la saturación de infraestructuras y la reducción de la capacidad operativa de los agentes desplegados en El Tarajal.

Ese impacto, añade la resolución, no se limitaría al funcionamiento de la frontera. La operación habría tenido consecuencias sobre “el orden público” y otros bienes colectivos, desde la seguridad pública y los servicios sanitarios hasta la confianza en las instituciones, además de generar episodios de “desinformación” y “agitación de perfil sociopolítico”.

Es en este contexto donde Tardón introduce una de las expresiones más contundentes del auto: “guerra híbrida” o “zona gris”. La magistrada sostiene que, del examen provisional de los hechos, se desprende una posible “intencionalidad de atentar contra el Estado” mediante la vulneración de su integridad territorial. Para explicar esa valoración, la resolución recuerda que el presidente del Gobierno, durante su visita a Ceuta el 31 de julio, calificó lo sucedido como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”.

María Tardón ha acordado mantener en secreto únicamente una pieza separada con aquellas diligencias cuyo conocimiento pudiera comprometer el resultado de la investigación y ha pedido a los juzgados de Ceuta que se inhiban de las actuaciones relativas a las muertes producidas durante los cruces a nado entre Castillejos y El Tarajal. También deberán informar de si existen otros procedimientos abiertos por lesiones