La Junta de Extremadura ha decidido llevar a los tribunales el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno. El Ejecutivo de María Guardiola ha autorizado a la Abogacía General de la comunidad a presentar un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra varios preceptos del real decreto que regula el programa estatal.
La presidenta extremeña ha dado cuenta de ambas decisiones este martes durante la reunión del Consejo de Gobierno. La Junta sostiene que determinadas disposiciones del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, exceden las competencias atribuidas al Estado y afectan a las facultades exclusivas de la comunidad autónoma en materias como vivienda, urbanismo y autonomía financiera.
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La batalla judicial llega después de que el Gobierno central rechazara, según la versión de la Junta, el requerimiento de incompetencia que había planteado Extremadura. El Ejecutivo autonómico considera que la respuesta del Estado no corrige las cuestiones que había señalado y que, por tanto, se ha visto obligado a acudir a los tribunales para defender su marco competencial.
La Junta sostiene que el Estado invade sus competencias
El conflicto que llegará al Constitucional se dirige contra los preceptos del real decreto que, a juicio de la Administración extremeña, regulan materias que corresponden a la comunidad. La Junta había aprobado el pasado 28 de julio los términos de la impugnación y ahora ha autorizado formalmente a su Abogacía General a iniciar el procedimiento.
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El Gobierno de Guardiola argumenta que la norma estatal introduce regulaciones que “exceden las competencias estatales” y afectan directamente a las atribuciones autonómicas en vivienda, urbanismo y autonomía financiera.
La comunidad recuerda que antes de acudir a la vía constitucional ya había reclamado al Gobierno que corrigiera los aspectos que consideraba invasivos. Según el Ejecutivo extremeño, ese requerimiento fue rechazado “íntegramente”, sin que se atendiera ninguna de las objeciones planteadas.
También recurrirá ante el Tribunal Supremo
La ofensiva judicial tendrá una segunda vía. La Junta ha autorizado a su Abogacía General a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra varios artículos del mismo real decreto. En este caso, el Ejecutivo autonómico considera que esos preceptos vulneran el ordenamiento jurídico al haber sido aprobados, según su interpretación, sin respetar el reparto constitucional de competencias.
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La Junta sostiene que las disposiciones cuestionadas no se ajustan al marco establecido por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Extremadura y la legislación aplicable. Por ello, defiende que deben ser declaradas nulas de pleno derecho al formar parte de una disposición administrativa que, a su juicio, vulnera normas de rango superior.
Antes de presentar el recurso ante el Supremo, la Administración extremeña había cumplido el trámite de requerimiento previo dirigido a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Este paso está previsto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa como requisito previo a determinadas impugnaciones de normas entre Administraciones públicas.
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Según la Junta, el requerimiento no recibió una respuesta formal dentro del plazo de un mes establecido por la ley. El Ejecutivo autonómico considera que esta circunstancia, unida al rechazo del requerimiento de incompetencia planteado para la vía constitucional, deja abierta la puerta a los dos procedimientos judiciales.
Nuevo frente judicial para el Gobierno
La decisión de Extremadura supone así un nuevo frente judicial sobre el Plan Estatal de Vivienda. La comunidad pretende que el Tribunal Constitucional determine si el Estado se ha extralimitado en sus atribuciones y que el Tribunal Supremo revise, por su parte, la legalidad de los preceptos concretos que la Junta considera contrarios al ordenamiento.
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El Gobierno extremeño defiende que su actuación responde a la necesidad de preservar las competencias reconocidas a la comunidad autónoma. El desenlace de ambos procedimientos determinará hasta dónde puede llegar la regulación estatal del plan y qué margen corresponde a las comunidades para diseñar y ejecutar sus propias políticas de vivienda.
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