
Casi un mes después de la entrada masiva de 70.000 migrantes marroquíes en Ceuta, el Consejo de Ministros ha aprobado las primeras medidas para afrontar la crisis que comenzó el 30 de julio. Aunque la mayoría de estas personas volvieron a pasar la frontera con Marruecos en los días siguientes, todavía hay miles de migrantes en la ciudad autónoma, entre ellos 2.500 menores extranjeros no acompañados.
Debido a la gravedad de esta situación, se han aprobado los primeros anteproyectos para reformar la ley de asilo y la ley de extranjería. Frente a esto, la Comisión Europea ha respaldado oficialmente las medidas de España, valorando positivamente el mando único y celebrando la cooperación con Marruecos que impidió nuevos intentos de entrada en los días posteriores. No obstante, el portavoz Markus Lammert ha advertido que aún persisten “importantes retos” por las miles de personas que continúan en la ciudad.
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Así, desde Bruselas se ha recalcado que la prioridad ineludible sigue siendo garantizar el retorno rápido de todos los que permanezcan de forma irregular, mientras la Comisión evalúa con carácter prioritario la solicitud de fondos de emergencia EMAS formulada por España para reforzar la protección fronteriza y la acogida de menores.

Las medidas que se plantean en Ceuta
De este modo, para solventar esta crisis, el Consejo de Ministros ha declarado a Ceuta como zona de “interés de seguridad nacional”, adoptando un Real Decreto para constituir un mando único estratégico encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Este órgano se encargará de coordinar la respuesta institucional y acelerar la movilización de recursos.
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La prioridad inmediata de Torres es agilizar la devolución de los adultos y menores llegados de manera irregular, bajo el estricto cumplimiento de la ley. “La prioridad del Gobierno de España es la devolución, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta que si hablamos de menores, reagrupación familiar y con procesos que establece el orden internacional”, ha dicho el ministro durante la rueda de prensa de hoy.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para la habilitación flexible de recursos y espacios públicos y privados dedicados a la acogida temporal, y se ha formalizado la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para pagar la asistencia y protección de los menores tutelados en la ciudad.
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Esta medida es fundamental para Ceuta, Melilla o Canarias, porque, como ha remarcado el ministro, puede “volver a repetirse” otra llegada de migrantes. Aun así, Torres ha insistido en que en estos momentos en Ceuta están saliendo cien personas “cada día” y “están entrando prácticamente muy pocos”.

En el plano legislativo, el Ejecutivo ha dado luz verde al anteproyecto de una nueva ley de asilo, diseñada para homogeneizar las normas nacionales con el Pacto Europeo de Migración y Asilo que rige desde junio de este año. Con un enfoque “garantista”, la futura ley actualiza las definiciones de protección internacional, incorporando expresamente la persecución por género o discapacidad como causales de asilo.
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Para agilizar la gestión de los expedientes, la normativa diferenciará entre el trámite ordinario y uno acelerado, que deberá resolverse en tres meses. También se introduce un procedimiento fronterizo de retorno, con un plazo máximo de 12 semanas en las que el solicitante permanecerá custodiado para facilitar su repatriación inmediata si su petición de asilo es desestimada.
De forma complementaria, la reforma parcial de la ley de extranjería regula la figura del “triaje” migratorio para personas que acceden al país sin controles. Este mecanismo obligatorio consiste en un reconocimiento médico, examen de vulnerabilidad, identificación biométrica, inspección de seguridad básica y la posterior derivación al expediente administrativo idóneo. Aunque la Unión Europea autoriza hasta siete días para este triaje, España mantendrá por ley el límite de 72 horas para reducir al mínimo el internamiento policial, requiriendo autorización judicial para cualquier prórroga.
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No obstante, estos anteproyectos se han aprobado por el momento en la primera vuelta. Para que se apliquen estas medidas, deberán ser aprobadas en una segunda votación dentro del Consejo de Ministros y, a continuación, en el Congreso de los Diputados. Así, la única medida que se incorporará tras la rueda de prensa que han dado el ministro del Interior, Marlaska, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, será la de crear un mando único que movilice los recursos.

45.000 vacunas, más camas en hospitales y un aumento de personal sanitario
Junto a estas estrategias, cabe recordar también las medidas que se han tomado en el ámbito sanitario. Tal y como informaban ayer desde el Ministerio de Sanidad, la Comisión de Salud Pública ha aprobado el envío de 45.000 vacunas a la ciudad autónoma: “15.000 dosis de triple vírica y 10.000 de difteria-tétanos, varicela y polio, tanto para personas ceutíes no vacunadas como para personas migrantes”, explicaron en un comunicado en sus redes sociales.
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Además, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha ampliado la capacidad en “camas hospitalarias e incorporado a más de 60 profesionales” en Ceuta. Con esto, el ministerio busca tranquilizar la tensión de la ciudadanía al asegurar que “el sistema no está colapsado y mantiene todas las citas programadas. La presión diaria ha caído un 72%: de 1.149 a 250-300 asistencias”. Del mismo modo, Sanidad sostiene que el envío de las vacunas no obedece a una declaración de emergencia médica, sino a la prevención y la protección de los derechos sanitarios de todos los residentes.
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