
Un hogar joven con hijos en España tiene entre seis y diez veces más probabilidad de sufrir privación material severa que uno de mediana edad en idéntica situación económica. Así lo documenta un análisis publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que examina la evolución de la pobreza en el país entre 2008 y 2025 a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El estudio revela que la penalización económica asociada a la crianza se concentra de forma especialmente intensa en los hogares cuya persona de referencia tiene menos de 30 años.
La investigación mide esta penalización a través de la carencia material y social severa (CMSS), un indicador que identifica a los hogares incapaces de acceder a al menos siete de trece bienes y condiciones de vida considerados básicos. En la especificación más completa del modelo, que controla simultáneamente por renta equivalente, empleo y características sociodemográficas, los hogares jóvenes con hijos presentan una probabilidad de carencia 7,26 puntos porcentuales superior a la de los hogares sin hijos de la misma edad. En los hogares con persona de referencia de entre 30 y 44 años, esa diferencia cae a 0,71 puntos; en los mayores de 45, a 1,16 puntos.
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Lo que hace especialmente relevante este resultado es su resistencia a los controles estadísticos. La mayor vulnerabilidad de los hogares jóvenes con hijos no desaparece al comparar familias con los mismos ingresos ni con la misma situación laboral. Dado que la carencia material severa afecta en torno al 8-9% de los hogares en España, un aumento de 7,26 puntos porcentuales representa un incremento relativo de entre el 80% y el 90% sobre la media, lo que sitúa a estos hogares en una posición de fragilidad muy alejada del resto de la población con hijos.
Menos dinero ahorrado y dificultades en el acceso a la vivienda
El informe de Fedea apunta a varias razones para explicar este patrón. Los hogares jóvenes afrontan la crianza con menor ahorro acumulado, trayectorias laborales menos consolidadas y mayor inestabilidad residencial. Los costes asociados a la llegada de un hijo en las primeras etapas del ciclo vital (cuidados, equipamiento, vivienda adecuada, gastos recurrentes) resultan especialmente difíciles de absorber cuando los recursos líquidos son todavía limitados.
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La situación se agrava de forma notable en los hogares monoparentales. Con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) del 50,3% y una pobreza monetaria del 41,2%, estos hogares concentran los peores indicadores de vulnerabilidad del conjunto del análisis. Cuando la persona de referencia tiene menos de 30 años, la CMSS alcanza el 26,2%, desciende al 21,3% en la franja de 30 a 44 años y se mantiene en el 18,3% a partir de los 45 años. A diferencia de lo que ocurre en los hogares biparentales, la vulnerabilidad de las familias monoparentales no se diluye con el avance del ciclo vital: la brecha respecto a los hogares unipersonales sin hijos oscila entre 11 y 14 puntos porcentuales en todas las franjas de edad.
La tasa de pobreza infantil más alta de Europa
El estudio sitúa estos hallazgos en un contexto más amplio que agrava su alcance. España ocupa el primer puesto entre los 27 países de la Unión Europea en tasa AROPE infantil, con una proporción cercana al 30% de menores en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,3% de media comunitaria. En 2025, 2,07 millones de niños y adolescentes vivían en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza relativa, y la tasa de pobreza infantil del 28,3% supera la registrada en 2008, cuando se situaba en el 27,1%. El coste social de esta situación se estima en el 5,1% del PIB.
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Frente a este diagnóstico, los investigadores señalan que las políticas universales de apoyo a la infancia, aunque necesarias, resultan insuficientes si no se acompañan de instrumentos focalizados en los hogares donde la crianza coincide con mayor fragilidad estructural. El informe apunta específicamente a las familias monoparentales y a los hogares jóvenes en las primeras etapas del ciclo vital como los grupos que requieren intervenciones más específicas, que combinen transferencias de ingresos, medidas de conciliación y apoyo directo. De no actuar en esa dirección, advierten los autores, el riesgo es que la desigualdad económica se transmita de una generación a la siguiente.
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