Todavía es difícil hablar de normalidad en Ceuta. Más de 20 días después de la avalancha migratoria en la ciudad autónoma, la ciudad sigue en vilo a la espera de resolver la situación de los más de 7.000 migrantes que permanecen todavía en las costas, entre ellos 2.168 menores, según cifras del Ministerio de Juventud e Infancia.
El suceso del pasado 30 de julio sorprendió a los agentes, que apenas pudieron observar impasibles la llegada repentina de cerca de 70.000 personas. Y pese a que las horas más difíciles ya han pasado, las autoridades continúan desbordadas, tratando de mantener la seguridad en distintos puntos del enclave. El ministro Fernando Grande-Marlaska envió un dispositivo inédito para reforzar los efectivos con 3.600 agentes, entre policías, guardias civiles y militares desplazados desde la península. Sin embargo, desde que desembarcaron en Ceuta, los policías que trabajan sobre el terreno denuncian que apenas disponen de 77 euros para desayunar, comer, cenar y dormir. Una paga “irrisoria” que ha llevado a una situación límite.
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Laura García, portavoz del sindicato policial Jupol, afirma en una conversación con Infobae que los efectivos apenas cuentan con 40 euros al día para alojarse, una búsqueda que se hace imposible porque “en ningún sitio de España puedes hospedarte con ese dinero”. “No encuentran nada y, si no fuese por la hospitalidad de los militares, los compañeros estarían durmiendo en la playa”, lamenta. Desde el ministerio de Fernando Grande-Marlaska han declinado hacer comentarios sobre las declaraciones de los sindicatos, si bien defienden que las dietas de los funcionarios “no son discrecionales”, sino que están fijadas en la normativa vigente.
La portavoz explica que los militares del Ejército de Tierra ofrecieron como alternativa hospedarse en sus instalaciones “de manera gratuita”. “Les han llevado aires acondicionados, ventiladores, regletas, porque no tenían ni para cargar el teléfono móvil”, añade García, para después arremeter contra el Ministerio de Interior por “dejar tirados a los compañeros de Policía Nacional”.
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En instalaciones viejas y con problemas de sarna
García afirma que las instalaciones en las que los policías se encuentran hospedados son “muy mejorables”, ya que están habitualmente en desuso, sin el mantenimiento higiénico preceptivo, con antecedentes conocidos de plagas y en situación de hacinamiento. El sindicato CEP (Confederación Española de Policía) ha difundido imágenes en las que aparecen siete agentes alojados en una habitación, sin aire y con un solo baño.
Una insalubridad que ya fue denunciada previamente por los sindicatos militares ATME (Asociación de Tropa y Marinería Española) y UMT (Unión de Militares de Tropa), quienes expusieron en un comunicado publicado a inicios de agosto que los regulares se encontraban alojados, desde el 30 de julio, en las antiguas instalaciones de la Batería K-8, “hacinados” en unas dependencias que habrían originado un brote de sarna en el personal. A día de hoy, Defensa ha contabilizado hasta 24 casos de sarna entre los militares desplegados, además de un agente de la UIP, cuerpo perteneciente a la Policía Nacional. Y este viernes, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha confirmado el primer caso de sarna entre los agentes del cuerpo desplegados en Ceuta desde el pasado 30 de julio.
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Desde la cartera que dirige Margarita Robles se ha defendido la decisión, recordando que la sarna es una “infección común en zonas de elevada humedad” como la ciudad autónoma. Además, Defensa ha confirmado que ya “se han tomado medidas” tanto para atender a los infectados como para proceder a la higienización de las instalaciones. “Todos se encuentran recibiendo el tratamiento aconsejado por las autoridades sanitarias tras confirmarse el diagnóstico”, han insistido.
La ministra de Defensa y el titular de Interior comparecerán la semana que viene en el Congreso de los Diputados, al igual que otros cinco ministros, para responder a las preguntas sobre las condiciones de trabajo de los agentes, entre otros asuntos. Robles será la primera en rendir cuentas, el próximo 25 de agosto, mientras que Grande-Marlaska hará lo propio el día 28.
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