La crisis de Ceuta compromete al PP: cumplir la ley ya le costó todos los gobiernos con Vox en 2024 y la historia se repite

La crisis por la entrada en Ceuta de más de 72.000 personas y que se cobró 140 vidas no quedará disuelta hasta la asignación de cada uno de los migrantes que no regresaron a Marruecos, con especial preocupación sobre los menores. Pero lo que debiera ser un debate humanitario lo es político. Italia aparte -a la que se ha sumado Dinamarca-, la crisis no solo ha agudizado la distancia entre Gobierno y oposición sino que también compromete la relación entre PP y Vox, ahora que habían logrado rehacerla en Extremadura, Aragón y Castilla y León y reproducirla en Andalucía. El precedente más inmediato augura un laberinto para Alberto Núñez Feijóo.

Es un presidente del PP, Juan Jesús Vivas, quien está gritando socorro y pidiendo solidaridad. La ley le ampara, precisamente una reforma de 2025 del actual ejecutivo central, del PSOE, que hace obligatorio el reparto de los menores, algo que hasta entonces dependía de la buena voluntad de las autonomías. Para obrarlo, el Ministerio de Infancia ha convocado una reunión el jueves precisamente en Ceuta, pero hay tres comunidades que han avanzado que ni van a presentarse: Extremadura, Aragón y Castilla y León, todas ellas gobernadas por compañeros de filas de Vivas. Madrid tampoco le ayudará, esta sin Vox de por medio.

También era verano, julio de 2024, cuando Santiago Abascal anunció el fin de las coaliciones, la ruptura con el PP. El motivo, que este había accedido en sus territorios al reparto de menores migrantes no acompañados. Además de los mencionados, se desbarataba el pacto en Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia. Abascal acusó a Núñez Feijóo de “imponer políticas de fronteras abiertas” y de favorecer “la invasión de inmigración ilegal”. “Si quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas, allá él”, zanjó el dirigente. Los vicepresidentes autonómicos de Vox le secundaron y presentaron su dimisión.

La postura del PP

Para el Gobierno, la propridad es la reagrupación familiar “siempre que sea posible y atendiendo al interés superior del menor”, ha informado la ministra Sira Rego. Esta reagrupación dependerá de dónde se encuentren los familiares del menor y podría producirse en su país de origen, en otra región española o en otro país europeo. Sin embargo, señala Rego, muchos de estos niños y adolescentes llegados a Ceuta carecen de allegados, por lo que son las comunidades las que deben ejercer su tutela y garantizar sus derechos. Un equipo de su ministerio se ha trasladado a la ciudad “para garantizar una acogida digna a todos ellos”.

El PP está muy molesto con lo que entiende una imposición del Gobierno, criticando también a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien entienden debe defender la legalidad y el interés superior de los menores, no salir al auxilio de Pedro Sánchez. Esto a raíz de que Peramato indicara a los fiscales delegados de las comunidades autónomas que intervengan si una de ellas se niega a acoger a los menores que sean derivados desde Ceuta al sistema de protección. Los populares piden saber cuántos de los menores llegados tienen su edad determinada o cuántos expedientes se han incoado, datos que no se les ha proporcionado.

Asegura el PP que su posición y la de sus gobiernos autonómicos es inequívoca: protección de los menores, solidaridad con Ceuta, cooperación entre administraciones y cumplimiento de la legalidad. Defiende que no hay rebelión sino exigencia de rendición de cuentas; que antes, cada administración cumpla las obligaciones que le corresponden y que la ley se aplique a todos por igual.

La postura de Vox

Desde Vox se cuestiona ya el propio texto de convocatoria de la reunión, en el que “no existe ni una sola mención a los gravísimos hechos” del 30 y 31 de julio, cuando la entrada masiva de migrantes “forzó nuestra frontera, poniendo en serio riesgo la Seguridad Nacional, el Orden Público y la integridad de los españoles”. La misiva omite también, dice Vox, la “responsabilidad” del Gobierno en asegurar la frontera “ni el ofrecimiento formal de Marruecos, calificado como país seguro por el Consejo y el Parlamento Europeo”, para hacerse cargo de todos los menores.

La cercanía de unas elecciones generales y la necesaria diferenciación entre las distintas siglas amenaza con que se repita la historia. La normativa vigente se debió más que a Ceuta, a Canarias, que reclamó de forma reiterada un mecanismo permanente que evitara que la atención a los menores migrantes recayera casi exclusivamente sobre sus servicios sociales. Ceuta y Melilla se sumaron a la demanda. El reparto, la solidaridad, no podía estar supeditado a un consenso autonómico cada vez más politizado, por lo que la única vía efectiva era, es, la imposición. Así, el Gobierno aprobó una reforma del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería.

No obstante, la redistribución de los menores no se realiza de manera uniforme, sino en base a unos parámetros objetivos para medir el esfuerzo del que es capaz cada territorio. Tienen que ver la población, la situación económica, la tasa de desempleo, el número de menores que ya tiene bajo tutela o la respuesta dada en repartos anteriores. Bajo estos criterios se calcula la capacidad de acogida de menores y se activa o no el mecanismo.

Una manifestación histórica

Este domingo tuvo lugar en Ceuta una manifestación histórica. Entre 5.000 y 10.000 personas -según se atienda a las cifras de la Policía Nacional o los organizadores- se concentraron en la Plaza de la Constitución convocadas por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad: cristiana, musulmana, hebrea e hindú, junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. La protesta transcurrió sin incidentes bajo el lema ‘Basta ya. Ceuta no se rinde’. Reclamaron al Gobierno, a las instituciones europeas y al resto de administraciones una respuesta “inmediata, decidida y proporcionada”.