La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Italia lleva casi tres años intentando demostrar que es posible gestionar parte de la inmigración irregular fuera de las fronteras de la Unión Europea. Para ello, el Gobierno de Giorgia Meloni puso en marcha un sistema inédito entre los Veintisiete: trasladar a Albania a determinados migrantes interceptados en el Mediterráneo para tramitar allí sus solicitudes de asilo antes de que puedan entrar en territorio comunitario. El denominado ‘modelo Albania’ se ha convertido en la piedra angular de la política migratoria de la primera ministra italiana, aunque su aplicación ha quedado condicionada por las resoluciones de los tribunales italianos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El origen del proyecto se remonta al 6 de noviembre de 2023, cuando Meloni y el primer ministro albanés, Edi Rama, firmaron un protocolo de cooperación migratoria que posteriormente fue ratificado por los parlamentos de ambos países. El acuerdo permitió a Italia construir y gestionar dos centros en territorio albanés destinados exclusivamente a migrantes interceptados por las autoridades italianas en el Mediterráneo antes de que pudieran desembarcar en suelo italiano.

La iniciativa supuso un paso sin precedentes dentro de la Unión Europea. Hasta entonces, los procedimientos de protección internacional se tramitaban una vez que los solicitantes llegaban al territorio del Estado miembro correspondiente. Con el acuerdo alcanzado con Tirana, Italia pretendía trasladar esa fase inicial del proceso fuera del territorio comunitario sin renunciar al control de las instalaciones ni a la aplicación de su propia legislación.

Para ello se levantaron dos centros con funciones diferenciadas. El primero se encuentra en Shëngjin, un puerto situado en la costa albanesa donde los migrantes son desembarcados, identificados y sometidos a las primeras comprobaciones. Desde allí son trasladados al segundo complejo, ubicado en Gjadër, una antigua base militar transformada en centro de internamiento en el que se resuelven las solicitudes de asilo mediante un procedimiento acelerado y, si la resolución es negativa, se organizan las devoluciones al país de origen.

Aunque ambos recintos están situados en Albania, el Gobierno italiano los considera instalaciones bajo jurisdicción italiana. Son financiados por Roma, están gestionados por funcionarios italianos y aplican la legislación italiana, una singularidad jurídica que desde el primer momento despertó dudas entre expertos en derecho internacional y organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de los migrantes.

Una pieza más de la estrategia migratoria de Meloni

Pese a la atención que ha acaparado el acuerdo con Albania, el proyecto constituye únicamente una parte de la política migratoria que Meloni ha impulsado desde que llegó al poder en octubre de 2022.

La primera ministra ha defendido de forma reiterada que el actual sistema europeo favorece la inmigración irregular porque permite que quienes consiguen llegar a las costas comunitarias permanezcan durante largos periodos de tiempo mientras se resuelven sus expedientes. Su propuesta pasa por endurecer el acceso al asilo, acelerar los procedimientos, aumentar las expulsiones y reforzar la cooperación con países de origen y tránsito para impedir que los migrantes lleguen a territorio europeo.

El ‘modelo Albania’ responde precisamente a esa filosofía. El Ejecutivo italiano sostiene que buena parte de quienes emprenden la ruta del Mediterráneo lo hacen con la expectativa de entrar en Europa y permanecer allí mientras se tramita su solicitud de protección internacional. Trasladar ese procedimiento fuera de la Unión pretende romper ese incentivo y enviar el mensaje de que acceder irregularmente a las costas italianas ya no implica entrar automáticamente en territorio comunitario.

Al mismo tiempo, el Gobierno considera que esta fórmula puede contribuir a debilitar el negocio de las organizaciones dedicadas al tráfico de personas, al reducir las posibilidades de que quienes pagan a las mafias logren finalmente establecerse en Europa. A ello se suma otro objetivo que Meloni ha defendido desde el inicio de su mandato: facilitar las devoluciones de quienes no cumplen los requisitos para obtener protección internacional.

Sin embargo, el sistema no está diseñado para todos los migrantes. El protocolo firmado con Albania limita su aplicación a un perfil muy concreto: hombres adultos interceptados por embarcaciones italianas en aguas internacionales, procedentes de países considerados seguros y que no presenten circunstancias de especial vulnerabilidad.

Quedan fuera de este mecanismo los menores de edad, las mujeres embarazadas, las familias con niños, las víctimas de trata y las personas con problemas médicos o situaciones personales que requieran una protección específica. Si la solicitud de asilo presentada en Albania es aceptada, el migrante es trasladado posteriormente a Italia. Si es rechazada, la intención del Ejecutivo italiano es ejecutar directamente desde territorio albanés su devolución al país de origen.

Los límites que han impuesto los tribunales

La puesta en marcha del modelo Albania, sin embargo, ha estado marcada por los obstáculos judiciales. Apenas comenzaron los primeros traslados, varios tribunales italianos empezaron a cuestionar algunos de los fundamentos jurídicos sobre los que se asentaba el sistema.

El principal punto de conflicto ha sido la utilización del concepto de “país seguro”, una condición imprescindible para aplicar el procedimiento acelerado previsto por el Gobierno. Italia sostiene que determinados Estados ofrecen, con carácter general, garantías suficientes para que las solicitudes de sus ciudadanos puedan resolverse de manera más rápida. Sin embargo, diversos jueces italianos entendieron que esa consideración no podía aplicarse automáticamente y que cada expediente debía analizarse de forma individual para comprobar si el solicitante corría un riesgo real de persecución.

Como consecuencia de esa interpretación, varios magistrados ordenaron trasladar a Italia a migrantes que habían sido enviados previamente a Albania para que sus solicitudes fueran examinadas dentro del territorio italiano.

Las discrepancias terminaron llegando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante varias cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales italianos. La justicia europea acabó fijando límites al uso de los procedimientos acelerados y reforzó las garantías que deben respetarse antes de mantener retenidos a solicitantes de asilo, una interpretación que redujo significativamente el margen de actuación previsto inicialmente por el Gobierno de Meloni.

Estas resoluciones han condicionado el funcionamiento del proyecto desde sus primeros meses. Durante largos periodos, los centros construidos en Albania han permanecido prácticamente vacíos mientras continuaban los recursos judiciales y las decisiones de los tribunales sobre la legalidad de los traslados.

A pesar de ello, la primera ministra italiana no ha renunciado a convertir este sistema en el eje de su estrategia migratoria. Al contrario, ha defendido en repetidas ocasiones que el acuerdo con Albania puede servir de referencia para otros países europeos y ha insistido en la necesidad de que la Unión Europea avance hacia un modelo que permita externalizar parte de la gestión migratoria mediante acuerdos con terceros Estados.

Ese planteamiento va más allá del caso albanés. El Ejecutivo italiano también apuesta por ampliar la lista de países considerados seguros, reforzar la cooperación con Estados de origen y tránsito, incrementar las devoluciones y acelerar la resolución de las solicitudes de asilo. Buena parte de esas medidas, sin embargo, dependen del margen que permitan tanto la legislación europea como la interpretación que hagan de ella los tribunales, que hasta ahora han marcado los principales límites al desarrollo del modelo con el que Meloni aspira a transformar la política migratoria italiana y sentar un precedente para el resto de la Unión Europea.