La Ley de Propiedad Horizontal lo ratifica: el sencillo gesto en la comunidad que puede acarrear una multa 3.000 euros

Sacudir una alfombra, un felpudo o una manta desde el balcón sigue siendo una escena habitual en muchos edificios. Sin embargo, esta costumbre, aparentemente inofensiva, puede acabar en una importante sanción económica si el polvo o la suciedad caen sobre la vía pública o afectan a otros vecinos. Además de las multas previstas en distintas ordenanzas municipales, la Ley de Propiedad Horizontal también contempla medidas contra quienes mantengan este comportamiento de forma reiterada.

La prohibición no se limita a una ciudad concreta, sino que está recogida en diversas ordenanzas municipales de España con el objetivo de proteger la limpieza urbana y la convivencia vecinal. En Madrid, la Ordenanza 12/2022 prohíbe expresamente ensuciar el espacio público mediante el goteo procedente de la limpieza de balcones y terrazas, así como por la limpieza o sacudida de alfombras, prendas y otros objetos similares. Las sanciones se dividen en tres niveles: las infracciones leves pueden alcanzar los 750 euros; las graves, entre 751 y 1.500 euros; y las muy graves, hasta 3.000 euros.

En Sevilla, la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos considera esta conducta una infracción grave, castigada con multas de entre 750,01 y 1.500 euros. Otras ciudades también contemplan restricciones similares. En Barcelona, la Ordenança de la convivència limita aquellas conductas que deterioran la convivencia y la limpieza del espacio público. En Santa Cruz de Tenerife, la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno prohíbe sacudir alfombras y otros objetos desde balcones y ventanas hacia la vía pública después de las siete de la mañana. Por su parte, la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Mijas (Málaga) incluye expresamente esta práctica entre las conductas sancionables.

La comunidad de vecinos también puede actuar

Más allá de las multas municipales, quienes sacudan alfombras o felpudos de forma reiterada pueden enfrentarse a un procedimiento dentro de su propia comunidad de propietarios. La Ley de Propiedad Horizontal establece que ni los propietarios ni los ocupantes de una vivienda pueden desarrollar actividades prohibidas por los estatutos o que resulten molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Si la conducta genera molestias continuadas, la comunidad dispone de herramientas legales para exigir su cese.

El procedimiento comienza con un requerimiento del presidente de la comunidad para que el vecino ponga fin a la actividad. Si el comportamiento continúa, la junta de propietarios puede autorizar una acción judicial de cesación. Durante el proceso, el juez incluso puede acordar la suspensión cautelar inmediata de la actividad mientras se resuelve el procedimiento.

En los casos más graves, cuando el juez estime la demanda presentada por la comunidad de propietarios, la sentencia puede obligar al infractor a cesar definitivamente la actividad y a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. Además, si el responsable es el propietario de la vivienda y la conducta reviste especial gravedad, el tribunal puede acordar en casos extremos la privación del derecho de uso de la vivienda o del local por un plazo máximo de tres años.

Dos vías compatibles

Las sanciones previstas por los ayuntamientos y las medidas contempladas en la Ley de Propiedad Horizontal son completamente independientes y compatibles entre sí. Esto significa que un vecino puede ser multado por ensuciar la vía pública al sacudir una alfombra desde el balcón y, al mismo tiempo, enfrentarse a una acción judicial impulsada por su propia comunidad de propietarios si esa conducta genera molestias reiteradas. Mientras la sanción administrativa corresponde al ayuntamiento, la vía civil depende de la iniciativa de los vecinos a través del presidente de la comunidad y del correspondiente acuerdo adoptado en junta.