De los problemas para limpiar el monte al “terrorismo incendiario”: los bulos que rodean los incendios forestales en España

España atraviesa una emergencia nacional por los incendios forestales. El país, que ha visto arder más de 172.000 hectáreas en lo que va de año, centra sus esfuerzos en dos focos, uno en las provincias de Ávila, Madrid y Toledo y otro en el entorno del Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón.

En medio del caos, las redes sociales han impulsado discursos plagados de bulos, desinformación o información inexacta que atacan a los ecologistas, niegan el cambio climático o buscan pirómanos y empresas avariciosas a quienes culpar del fuego. Entre las narrativas más impulsadas desde las redes está la presunta prohibición de limpiar el campo.

Lo cierto es que la Ley de Montes sí permite limpiar el campo español e incluso lo promueve. La norma, aprobada en el año 2003, reconoce que el pastoreo extensivo, la trashumancia y una gestión sostenible de los montes contribuyen a reducir el riesgo de incendios. El texto, además, exige a las comunidades autónomas elaborar planes anuales de prevención activa de los incendios.

Las dificultades para limpiar el monte

En general, son las comunidades autónomas las que deben encargarse de los planes de desbroces, eliminación de vegetación, podas, limpieza de cortafuegos, puntos de agua... La tarea es complicada, en parte, por el abandono de la agricultura y la ganadería extensiva, que ayudaban a la limpieza de los montes.

Pero no son las únicas: según Greenpeace, el 73% de las masas forestales en España son de titularidad privada y, por tanto, es responsabilidad de su dueño cuidarlas de forma adecuada. “Por ley, los propietarios forestales deben mantener sus fincas limpias y en buen estado. Pero si no lo hacen, corresponde a los ayuntamientos exigir e incluso actuar de manera subsidiaria para garantizarlo”, explica la ONG. Sin embargo, muchos municipios carecen de recursos para llevar a cabo este trabajo.

“Las administraciones autonómicas deben implicarse con fondos, personal y campañas informativas que hagan llegar a cada propietario sus obligaciones. De lo contrario, se traslada toda la carga al vecino sin proporcionarle herramientas ni conocimiento, poniendo en riesgo tanto la seguridad de las personas como la salud de nuestros montes”, reclaman desde Greenpeace.

¿Qué está prohibido y qué no en el campo español?

La legislación impone restricciones, que han hecho que algunos usuarios critiquen que “no se puede coger ni una piña” sin arriesgarse a una multa. En general, la normativa permite cortar madera, podar, extraer corcho o resina, siempre bajo criterios de sostenibilidad. Ahora bien, en momentos de riesgo, como el verano, se prohíbe el uso de maquinaria que genere chispas o la quema de vegetación, medidas preventivas que intentan evitar la propagación del fuego.

De hecho, el mal uso de la maquinaria agrícola ha estado detrás del incendio forestal de Burgohondo (Ávila). La Guardia Civil detuvo el pasado viernes al presunto autor del fuego, que habría empleado maquinaria pesada en el lugar, prohibida como medida de prevención. Estas herramientas provocaron chispas e incendiaron los alrededores.

Respecto a las famosas piñas, cualquiera que se encuentre en el suelo se puede recoger libremente, pero las piñas cerradas en ramas de los árboles requieren autorización. Muchas veces, estos árboles no son de dominio público, sino que tienen un dueño.

Incendios provocados

Expertos y autoridades recuerdan cada año que el 95% de los incendios que asolan España los provoca el ser humano. Esto ha dado a algunas personas la falsa impresión de que la gran mayoría de los incendios son intencionados, ya sea por pirómanos que ejecutan un “terrorismo incendiario” o por compañías codiciosas que buscan recalificar el suelo, construir un parque de energía renovable o explotar algún yacimiento. Ni una opción ni la otra son verdad.

La gran mayoría de los incendios tienen un origen humano, sí, pero se debe más a imprudencias y descuidos que a la existencia de organizaciones criminales o problemas de piromanía. De hecho, los informes de la Fiscalía (2006-2017) concluyen que no existen evidencias de tramas criminales ni organizaciones que actúen de manera coordinada y planificada.

No obstante, sí existe una elevada intencionalidad (53%). WWF atribuye esta “cifra desorbitada” a prácticas tradicionales tan arraigadas como peligrosas, como las quemas agroganaderas para limpiar restos de cosechas, eliminar maleza o sanear pastos, o incluso a “graves conflictos sociales y económicos” dentro del medio rural.

Sobre intereses ocultos y económicos, el Gobierno recuerda que la Ley de Montes no permite recalificar el suelo quemado hasta 30 años después del incendio y que, desde su aprobación en el año 2003, no se ha llevado a cabo ninguna obra pública en zonas afectadas por el fuego “ni se ha probado la existencia de intereses especulativos vinculados a este tipo de terrenos”.

Sí hay una excepción a este límite temporal cuando existan “razones imperiosas de interés público de primer orden”. Para que se cumpla este criterio, el proyecto debe contar con la declaración de utilidad pública y situarse en suelos cuya recalificación ya estuviera prevista con anterioridad al incendio. Además, tiene que contar con el visto bueno de las comunidades autónomas. El Gobierno especifica que solo en la comunidad de Aragón se ha regulado la posibilidad de cambiar el uso del suelo, siempre que ese cambio de uso ya estuviera previsto antes del incendio.

La Moncloa señala, además, que para instalar plantas de renovables no se necesita recalificación del suelo. Estos parques ya pueden instalarse en suelo rústico o forestal sin cambiar su uso. Tampoco es necesario recalificar terreno en el caso de los yacimientos o las minas. En Galicia, Castilla y León y Extremadura, por ejemplo, la ley ya permite explotar minas en suelo rústico. Quemar este terreno no solo no les abre una vía legal, sino que tampoco supone una ventaja para su exploración o explotación.