La Guardia Civil entra en la Diputación de Cádiz para reclamar contratos de patrocinio de un empresario investigado por presunto blanqueo vinculado al narcotráfico

La Guardia Civil ha irrumpido este miércoles en la Diputación de Cádiz para reclamar varios expedientes de contratos de patrocinio concedidos a un conocido empresario de El Puerto de Santa María investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La solicitud de documentación forma parte de una operación policial desplegada entre las provincias de Cádiz y Sevilla, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María y la Fiscalía Antidroga, que también ha incluido registros en distintos negocios del hostelero.

Los agentes se han personado en el Edificio Roma, sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación, para requerir cinco expedientes relacionados con contratos privados de patrocinio concedidos a empresas del investigado para la organización de conciertos y festivales celebrados en distintos municipios de la provincia. La propia Diputación ha confirmado, a través de un comunicado, que la Guardia Civil solicitó esa documentación “en el marco de una investigación en curso” y que la institución facilitó los expedientes requeridos.

La actuación ha situado el foco sobre un área especialmente sensible desde el punto de vista político, ya que está coordinada por el alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación, Germán Beardo (PP). No obstante, fuentes cercanas a la investigación insisten a El País en que, por el momento, no existen indicios que impliquen a responsables políticos en la presunta trama que investiga el juzgado.

El propio Beardo quiso desvincularse de cualquier especulación poco después de conocerse la presencia de los agentes en la institución provincial. A través de un comunicado difundido en su perfil de Facebook, explicó que acudió al edificio “sin ser requerido” para ponerse a disposición de los investigadores y facilitar cualquier colaboración que fuera necesaria. Asimismo, precisó que abandonó posteriormente las dependencias y negó que la Guardia Civil registrara su despacho.

Los festivales patrocinados, en el centro de las pesquisas

La documentación requerida está relacionada con varios eventos musicales promovidos por el empresario investigado, cuya actividad empresarial se concentra principalmente en El Puerto de Santa María, donde regenta un local de copas, un restaurante, un chiringuito y un edificio de apartamentos turísticos.

Entre esos eventos figura un conocido festival de música urbana y latina nacido en la localidad gaditana y que, con el paso de los años, se ha extendido a otras ciudades, entre ellas Sevilla. Ese festival constituye uno de los principales focos de interés de la investigación.

En la página web de la edición de este año aparece la Junta de Andalucía como una de las entidades patrocinadoras. Además, la Plataforma de Contratación del Estado recoge que la empresa organizadora fue beneficiaria de un contrato privado de patrocinio de la Diputación de Cádiz por importe de 100.000 euros.

A ese evento se suma otro festival itinerante, también dedicado a la música urbana y gestionado por el mismo empresario, que se celebró entre los meses de mayo y junio en distintas localidades de la Sierra de Cádiz. En su página web también figura la Diputación como patrocinadora y, según la información publicada en la Plataforma de Contratación del Estado, las empresas vinculadas al investigado han recibido durante los dos últimos años contratos privados de patrocinio por un importe conjunto superior al millón de euros.

Precisamente para comprobar el alcance de esas relaciones contractuales, la Guardia Civil también ha solicitado información a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía sobre otros contratos de patrocinio de características similares.

Registros en Cádiz y Sevilla dentro de una investigación bajo secreto

La actuación en la Diputación se ha producido de forma simultánea a un amplio dispositivo desplegado desde primera hora de la mañana en distintos puntos de las provincias de Cádiz y Sevilla. Los agentes de la Comandancia de Sevilla han registrado varios locales y oficinas del empresario investigado, situados tanto en el centro histórico de El Puerto de Santa María como en la urbanización Puerto Sherry, además de practicar otras entradas en municipios del entorno de la capital sevillana.

Las diligencias permanecen bajo secreto de sumario y, según cuentan fuentes cercanas al caso a El País, comenzaron hace varios meses. Además del hostelero portuense, la investigación afecta a “varios empresarios” más y apunta a la existencia de un entramado de sociedades que, presuntamente, habría servido para blanquear capitales procedentes del narcotráfico. Por ahora, sin embargo, los investigadores no han desvelado cuál habría sido el funcionamiento de esa supuesta red ni el mecanismo utilizado para introducir el dinero en el circuito legal.

Las actuaciones policiales también han tenido una inmediata repercusión política. Desde la oposición, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reclamado al Partido Popular “la mayor transparencia” ante una investigación que, aunque permanece bajo secreto, ha alcanzado ya a una de las principales instituciones de la provincia. “Estamos expectantes y con incredulidad. ¿Qué está ocurriendo?”, ha manifestado el dirigente socialista tras conocerse la actuación de la Guardia Civil.