
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, una ampliación del análisis sobre las joyas intervenidas en una caja fuerte ubicada en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, en la calle Ferraz de Madrid.
La petición, presentada por la fiscal Elena Lorente, pretende que la joyería Ansorena, responsable de la valoración preliminar, realice un informe gemológico más detallado con el objetivo de precisar su valor real de mercado y la fecha de engarce de cada pieza. El cálculo inicial sitúa la tasación de las joyas en torno a 1,3 millones de euros, aunque la Fiscalía considera que el valor podría ser aún mayor.
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Zapatero aún no ha explicado el origen de las joyas
El pasado 17 de junio, Rodríguez Zapatero compareció ante el juez y aseguró que aportaría información sobre el origen y la procedencia de las joyas en un plazo de una semana o diez días. Sin embargo, más de un mes después de esa declaración y tras casi dos meses desde que el juez Calama acordase su imputación, el expresidente no había presentado ningún documento al respecto en el juzgado, limitándose a defender su inocencia sin aportar más explicaciones.
Ha sido en una entrevista emitida este jueves en el programa Mañaneros 360, de Televisión Española, donde Rodríguez Zapatero se ha referido por primera vez en público a este asunto. Durante la conversación, negó las acusaciones que pesan sobre él y defendió la legalidad de sus actuaciones. Según explicó, las joyas localizadas en la caja fuerte de su despacho forman parte de un “regalo de cortesía personal” recibido “sin afán patrimonial” hace años, un obsequio de un país que no quiso identificar.
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En sus declaraciones, el expresidente aseguró que no existió intención de ocultar las joyas ni ánimo de obtener ningún beneficio patrimonial. “Es una historia sin intención, sin afán patrimonial, es un regalo de cortesía personal tengo que ser muy prudente, no tenían uso ni destino ni hemos pensado en el valor que tenían”, sostuvo en la entrevista, asegurando también que las piezas incautadas le producen “alergia” como respuesta a la pregunta de si las piensa recuperar. También cuestionó la tasación incorporada al procedimiento e insistió en que será objeto de contradicción pericial: “La tasación que consta en las actuaciones será sometida a contradicción con un nuevo análisis pericial”.
Pese a las explicaciones ofrecidas, Zapatero evitó dar detalles sobre el contexto en el que recibió el regalo, ni si la entrega tuvo lugar durante una visita institucional o privada. Tampoco confirmó la fecha exacta en la que recibió las joyas, un dato relevante para la investigación y para determinar si los posibles delitos que se le atribuyen estarían prescritos.
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Durante la entrevista, el periodista Javier Ruiz preguntó de forma directa por el país y la persona que hicieron el obsequio. Zapatero rehusó responder, argumentando que prefiere proporcionar esa información primero en sede judicial. Reiteró que dará todas las explicaciones requeridas ante el juez Calama y defendió que aceptar ese tipo de obsequios podría haber constituido “un error”, que quizás habría tomado una decisión diferente a la que tomó en su día. Aun así, defendió que el que aceptar un regalo tal vaya o no en contra del Código de Buen Gobierno aprobado durante su propia etapa como presidente depende de “la interpretación” que se haga del mismo.
Calama rechaza la solicitud de nulidad de actuaciones en el caso Plus Ultra
Por otra parte, este viernes el juez José Luis Calama ha rechazado la petición de nulidad de actuaciones presentada por José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. La defensa de Zapatero alegaba una vulneración de derechos fundamentales del expresidente y solicitaba por ello anular varias resoluciones judiciales y excluir pruebas obtenidas durante la investigación.
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El auto explica que la ley solo permite pedir la nulidad en casos concretos y dentro de un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de que el afectado tiene acceso al expediente. La defensa de Zapatero accedió al expediente el 25 de mayo de 2026, por lo que el plazo vencía el 22 de junio, o como máximo, antes de las 15:00 horas del 23 de junio. La solicitud se presentó el 25 de junio, fuera del plazo legal.
Por este motivo, la petición fue inadmitida automáticamente, sin que el juez analizara las supuestas vulneraciones de derechos. Además, el auto indica que contra esta decisión no cabe recurso alguno y subraya que los plazos judiciales rigen para todos los implicados, sin excepciones.
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