Sin luz y ahora sin agua en la Cañada Real en Madrid: “Hay familias que no pueden beber, cocinar o asearse en pleno verano”

Miles de vecinos del barrio madrileño de la Cañada Real, sobre todo los sectores quinto y sexto, continúan viviendo sin luz desde que en octubre de 2020 la empresa Naturgy cortó el suministro eléctrico alegando conexiones ilegales por los cultivos de marihuana en la zona. Esta situación les impide encender cualquier electrodoméstico, por lo que no pueden conectar ni ventiladores ni aire acondicionado para combatir el calor, y priva a las familias de calefacción en los meses de invierno. A esa precariedad constante se añade ahora una nueva dificultad, ya que varias áreas del sector sexto permanecen sin suministro de agua después de que el pasado sábado se produjera un incendio.

“Las familias no disponen de agua para beber, cocinar, asearse o limpiar, cuando además en los últimos días ha habido ola de calor. Tras la intervención de los bomberos, el suministro de agua no volvió a restablecerse en zonas como la parcela 79 y otras colindantes, donde hay siete hogares con menores de edad. Además, en la zona junto al puente, hay otros cinco hogares con niños que llevan más de un mes sin agua y esta situación continúa sin resolverse”, explica a Infobae la mediadora intercultural Houda Akrikez, presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol, y también vecina de este barrio, que se ubica a tan solo 14 kilómetros del centro de Madrid.

La única respuesta que han recibido hasta el momento, asegura, ha sido el reparto puntual de algunos bidones de agua por parte de Cruz Roja, “una medida claramente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias”.

Comprar un tanque y recogida de firmas

Ante esta situación, los propios vecinos se están organizando para comprar un tanque de agua que dé suministro a las casas afectadas y han iniciado una recogida de firmas dirigida a los comisionados por Cañada Real del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, exigiendo una solución urgente y el restablecimiento inmediato del suministro de agua. “Resulta especialmente grave que esta nueva vulneración de derechos se produzca en un barrio que lleva casi seis años sufriendo el corte de suministro eléctrico y después de que el Consejo de Europa condenara a España por esa situación", afirma la asociación. “Ahora hay familias que tampoco tienen acceso a un derecho humano tan básico como el agua”, añaden.

Fue en febrero de 2025 cuando el Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa, condenó a España por vulnerar derechos de la Carta Social Europea debido a los cortes de luz. Para que las personas disfruten de sus derechos a la vivienda, la salud y la educación deben tener un “acceso estable, constante y seguro a energía adecuada”, señalaron los expertos de este órgano del Consejo de Europa.

En su decisión, el comité consideró que cuando los Estados optan por suministrar energía a través de empresas privadas no pueden “subcontratar” sus obligaciones en materia de derechos humanos para con esas empresas. “Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo una responsabilidad del Estado”, subrayó.

Continúan los derribos “sin autorización judicial”

La Asociación Cultural de Mujeres Tabadol también denuncia los últimos derribos “sin autorización judicial” que están llevando a cabo tanto el Ayuntamiento de Madrid como el de Rivas Vaciamadrid en la Cañada Real, lo que podría suponer nuevas vulneraciones de derechos fundamentales.

Los consistorios, por su parte, defienden la legalidad de sus actuaciones, argumentando que solo actúan sobre ocupaciones ilegales en suelo público protegido y no contra viviendas residenciales, pero los afectados y asociaciones vecinales consideran que existe un “acoso institucional” y reclaman la consolidación de las viviendas en lugar del traslado forzoso.

Cabe recordar que en 2024, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Julio César Santos, jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de la capital, a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa por derribos ilegales en la zona, una decisión que surgió por una demolición ilegal en este barrio.