La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

La Unión Europea ha propuesto este jueves incorporar un nuevo marco de sanciones contra el tráfico de migrantes, la trata de personas y otras formas de delincuencia organizada, que, entre otras medidas, impondría incorporar la congelación de activos y la prohibición de viajar a los infractores. La medida comunitaria surge en el contexto de un endurecimiento de la política antimigratoria de la Unión, con nuevas normas que permiten a los Estados miembros enviar a migrantes a quienes se les ha ordenado abandonar la UE a centros ubicados en terceros países no pertenecientes al bloque.

“Todos tenemos un objetivo común: acabar con su negocio y salvar las vidas de miles de personas que sueñan con una mejor vida”, ha indicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado, haciendo referencia a la campaña de la UE contra los traficantes de migrantes y los traficantes de personas. “Debemos ser nosotros quienes decidamos quién viene viene a nuestro territorio y en qué circunstancias”, ha añadido.

La propuesta, anunciada en medio de los intensos debates en torno a la política antimigratoria de la UE, requiere de la aprobación unánime del Consejo Europeo antes de que pueda entrar en vigor y tiene como principal objetivo desarticular el modelo de negocio de los traficantes, restringir sus movimientos y acabar con sus beneficios.

En concreto, la propuesta se centra en las actividades ilícitas que tienen su origen fuera de la Unión; las conductas relacionadas con el tráfico de migrantes, la trata de seres humanos, el tráfico y otras actividades vinculadas a las drogas ilícitas, así como la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego y el blanqueo de capitales; y las personas y entidades identificadas que participan en dichas actividades.

Detención de menores y registro de viviendas

La media choca con la normativa que impulsa la derecha europea para agilizar la deportación de migrantes y crear centros de migrantes en terceros países, como ya mantenían Italia y Albania. Además, dentro de este proyecto de ley se amplían los periodos de detención, así como se introducen sanciones, entre ellas las prohibiciones de entrada, multas y posibles sanciones penales por falta de cooperación. Además, las autoridades podrán confiscar pertenencias, detener menores, recopilar datos biométricos y registrar viviendas.

Este acuerdo también permite a las autoridades registrar a los migrantes y “locales pertinentes”, un término que para los activistas de derechos humanos es excesivamente amplio y permite las redadas domiciliarias. Por su parte, la diputada francesa de Los Verdes, Mélissa Camara, indicó que la legalización de estos centros fuera de la UE, junto con “la luz verde a la detención de menores, las visitas domiciliarias inspiradas en el ICE -Estados Unidos- es un arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba”.

Algunos Estados ya han comenzado a mover sus fichas en pos de hacer uso de esta normativa. Países Bajos, junto con Dinamarca, Alemania, Grecia y Austria están colaborando para establecer centros conjuntos de retorno y tránsito, mientras que las conversaciones bilaterales con Uganda sobre un acuerdo similar se han suspendido. Por el contrario, dentro de los Veintisiete hay países que se han opuesto a implementar esta normativa, como España, que con la regularización extraordinaria de migrantes ha seguido un sendero distinto al que marca la línea política del Parlamento Europeo.