El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El Tribunal Supremo ha ordenado este viernes a la Policía Nacional investigar el tráfico de billeteras digitales creadas por el eurodiputado Alvise Pérez, así como de sus socios de partido y ha solicitado a Se Acabó La Fiesta sus libros contables: contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización y justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral del partido en las elecciones la Parlamento Europeo en el año 2024.

Además, el Supremo ha esclarecido que con esta nueva orden contra Alvise quedan “en suspenso” las declaraciones a los investigados, así como la averiguación patrimonial de los investigados y de la agrupación de electores de Se Acabó La Fiesta para averiguar saldos y cuentas de los mismos y, tras obtener la información, facilitar esta a la Policía Nacional para analizar los movimientos de las cuentas desde 2023 para emitir un informe sobre los hechos de la investigación.

La nueva orden judicial contra el líder de la agrupación de extrema derecha surge tras el acuerdo de suspensión de su inmunidad parlamentaria como eurodiputado y se suma a las otras seis causas abiertas contra el político. La última, sobre un presunto delito de provocación para la comisión de desórdenes públicos agravados.

El canal de Telegram y el rol de Alvise

El Tribunal Supremo ha modificado su postura respecto a la investigación sobre la gestión y difusión de mensajes desde el denominado “Canal Alvise”. En mayo de 2025, el mismo tribunal había rechazado asumir la causa por considerar insuficientes los indicios que vincularan al aforado con ese canal, devolviendo el caso al Juzgado de Instrucción de Madrid para nuevas diligencias.

Las actuaciones adicionales practicadas en el juzgado han aportado nueva información determinante. El alto tribunal recibió un informe de la Comisaría General de Información que, según consta en el auto, acredita la vinculación de Alvise Pérez con la administración y control del canal en Telegram. El tribunal señala que el propio investigado habría reconocido públicamente esa relación y que el canal servía como plataforma directa de difusión a una amplia audiencia.

Con estos elementos, la Sala considera que se han superado las carencias indiciarias detectadas en la primera revisión del caso. Por ello, ha decidido asumir formalmente la competencia, designando a la magistrada Carmen Lamela Díaz como instructora y prorrogando la investigación durante seis meses, tal como había recomendado el Ministerio Fiscal.

El contenido de los mensajes publicados en el canal está ahora bajo escrutinio judicial. El auto sostiene que las publicaciones, valoradas en su conjunto, incluían llamamientos reiterados a colapsar infraestructuras clave, coordinar cortes de tráfico y dificultar el funcionamiento de puntos estratégicos, lo que podría implicar delitos de provocación, conspiración o proposición para desórdenes públicos agravados según el artículo 557.4 del Código Penal.

Aun así, el tribunal recalca que la apertura de la causa no significa criminalizar cualquier convocatoria de protesta ni cuestionar derechos fundamentales. Subraya que derechos como la libertad de expresión y de participación política gozan de protección reforzada, aunque aclara que esa protección no impide investigar si los indicios apuntan a una incitación pública a disturbios graves.