Cataluña debate restringir la compra de vivienda para especular con la amenaza de propietarios, PP y Junts de judicializar la ley

El Parlamento de Cataluña ha recibido este martes la proposición de ley que permitirá restringir la compra de viviendas como inversión —o especulación— tanto a fondos de inversión y grandes propietarios como a compradores particulares en las zonas declaradas como tensionadas. La medida resonaba en la comunidad autónoma desde febrero de 2026, cuando la propuesta se añadió al acuerdo entre el Gobierno autonómico del Partido Socialista de Cataluña y Comuns para los Presupuestos de la Generalitat de este año.

La propuesta, que coloca a Cataluña nuevamente en la delantera de medidas para hacer frente a la actual crisis de vivienda, se ha encontrado ya con el primer escollo: los partidos de la oposición (PP y Junts), así como asociaciones de propietarios, han anunciado que llevarán la proposición al Consejo de Garantías Estatuarias (CGE), lo que suspendería la tramitación parlamentaria y aplazaría la votación hasta octubre, ya que no llegaría a incluirse en el último pleno, que se celebrará como muy tarde el 23 de julio.

La ley no llegará a tiempo antes del parón veraniego, pero tendrá unos días de recorrido por el parlamento catalán. Este miércoles se debatirá si la iniciativa se tramita por el procedimiento de lectura única, recibiendo el apoyo de los socios de gobierno. Luego, los diferentes bloques podrán presentar enmiendas durante los siguientes diez días y, una vez transcurrido el plazo de enmiendas, los partidos de la oposición formalizarán la petición de dictamen al Consejo de Garantías, que contará con otros siete días para pronunciarse.

En qué consiste la proposición

De manera amplia, se trata de permitir la intervención del Estado autonómico sobre el mercado inmobiliario de compraventa. En concreto, la proposición modifica la ley de Urbanismo, dando potestad a los ayuntamientos de zonas declaradas tensionadas para aprobar planes urbanísticos que limiten algunas compras y ventas de inmuebles.

La medida propuesta por Comuns -con el respaldo del PSC y ERC- tiene como objetivo impedir operaciones que puedan considerarse especulativas y garantizar que las compraventas realizadas tengan la función de vivienda habitual o alquiler convencional dentro de las zonas tensionadas de la CCAA, una geografía que abarca el territorio en el que vive el 90% de la población catalana.

Para los propietarios de cinco o más viviendas -en territorio catalán-, la reforma establece que no podrán comprar más viviendas dentro de las zonas tensionadas salvo que esta se destine a la residencia habitual, algo que deberá acreditarse mediante una declaración responsable y el posterior empadronamiento. Por el contrario, estas personas físicas o jurídicas sí podrán adquirir edificios completos siempre y cuando los destinen de manera íntegra al alquiler residencial con precios limitados.

Por otra parte, los pequeños propietarios no tendrán limitada la adquisición de propietarios residenciales, siempre y cuando no superen los cuatro inmuebles y los destinen a residencia habitual, propia o de familiares de hasta segundo grado, o al alquiler permanente con una renta limitada. También tendrán prohibido destinar estas propiedades al alquiler turístico y de temporada. Esta ley también alcanza los pisos heredados, que deberán destinarse al mercado con precios regulados si no se destinan antes a la residencia habitual del heredero o de un familiar directo.

Los propietarios, el primer obstáculo de la ley

Desde asociaciones de propietarios de Cataluña ya han advertido que están analizando la propuesta de ley, con la esperanza de hallar algún resquicio que permita paralizar la implementación de la medida, alegando que se trata de una medida “inconstitucional”, según el informe elaborado por Som Habitatge, ya que las leyes de urbanismo pueden “regular el suelo urbano”, pero no “lo que se hace con el suelo”.

A la asociación se han sumado los grupos opositores del PP y Junts, que elevarán sus objeciones a la propuesta al Consejo de Garantías Estatutarias, lo que serviría de base para acudir a los tribunales y denunciar también su posible inconstitucionalidad. El informe alega también que la medida incide en el “contenido esencial del derecho de propiedad privada”, así como otros incumplimientos de l Carta Magna, como la falta de competencia de la CCAA para legislar sobre las bases de las obligaciones contractuales y que impone un “trato territorialmente asimétrico” entre propietarios.

Será el parlamento autonómico quien este miércoles determine si la proposición sigue adelante por la vía de lectura única, aunque, desde la asociación de propietarios, han señalado que el único antecedente de una medida similar se dio en Holanda, donde no ayudó a facilitar el acceso a la vivienda de los más necesitados, porque redujo la oferta de alquiler y encareció los precios de las viviendas a disposición de los inquilinos.