
El servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Málaga suma ya 11 semanas consecutivas de huelga. Los trabajadores denuncian las condiciones laborales y económicas, la falta de recursos y los “incumplimientos contractuales de la empresa concesionaria”, la UTE formada por Servicios Socio Sanitarios Generales Andalucía y Atlantic Emergency, al tiempo que reclaman que la temporada de socorrismo permanezca todo el año “para poder prestar un buen servicio”. Desde el sindicato CGT también denuncian el despido de varios miembros del comité de huelga.
“Es penoso que en una ciudad tan transitada como Málaga se encuentre en una situación tan precaria. Llevamos denunciando desde el primer día que no hay suficientes socorristas para cubrir todas las torres ni suficientes equipos de protección individual (EPI’s), lo que compromete la capacidad de respuesta ante emergencias, y faltan salas de descanso. Por si fuera poco, estando en huelga, la empresa sigue despidiendo y contratando gente de forma irregular”, afirma a Infobae Emiliano Cortés, portavoz de la sección sindical de CGT en el colectivo de salvamento y socorrismo de las playas de Málaga y uno de los trabajadores despedidos. También han alertado sobre posibles delitos ecológicos debido al repostaje de motos acuáticas a pie de playa.
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Los trabajadores consideran que se trata de “una situación límite” y advierten que, si no se toman medidas para solucionarlo a la brevedad, “debería suponer la pérdida de la Q de calidad y de las banderas azules” que reconocen la excelencia de los arenales.

El Ayuntamiento “no ejerce el control necesario”
Los socorristas señalan directamente al Ayuntamiento de Málaga por su papel en la crisis. Acusan al alcalde, el ‘popular’ Francisco de la Torre, y a la concejala responsable del área, Teresa Porras, de permitir que la empresa concesionaria “eluda sus obligaciones contractuales y de no ejercer el control necesario” para garantizar que se cumplan todas las condiciones del servicio.
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El Consistorio, por su parte, asegura que la obligación de prestar el servicio de socorrismo comienza el 15 de junio, conforme al calendario establecido por la Junta de Andalucía. Considera, asimismo, que el conflicto laboral es un asunto entre la empresa concesionaria y la plantilla, y subraya que la función del Ayuntamiento se limita a supervisar el cumplimiento del contrato por parte de la UTE responsable del servicio.
Los socorristas esperan que las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo y los procedimientos judiciales en curso lleven al Ayuntamiento a replantear su gestión del servicio de salvamento. “La lucha de David contra Goliat continúa”, aseguran.
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El próximo 24 de julio, el colectivo prepara una acción pública destinada a dar visibilidad a la crisis y lanzar una campaña de información dirigida a la ciudadanía, con el propósito de explicar las consecuencias que tiene la huelga y las carencias estructurales en la seguridad de las playas de la capital de la Costa del Sol.
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