Todo el peso contra los narcos: la Fiscalía quiere acusarlos de piratería y generales de la Guardia Civil piden poder usar lanzagranadas

España es la puerta de entrada a Europa de la cocaína que se cultiva el Bolivia, Perú y Colombia y del hachís que se produce en Marruecos. La mayoría de los cargamentos entran por mar (oculto en contenedores que llegan a los puertos españoles o en veleros y lanchas rápidas). Los poderes públicas buscan todo tipo de fómurlas para combatir al narco. La Fiscalía Especial Antidroga ha activado una nueva vía para proteger a los agentes cada día se juegan la vida en el mar. El órgano especializado del Ministerio Público ha dictado una orden dirigida a la Policía Nacional, la Guardia Civil y a Vigilancia Aduanera (DAVA) para que detallen en todos sus atestados los ataques de las narcolanchas para poder perseguir también esos hechos como un delito de piratería.

Además, según ha publicado este jueves el diario ‘El Mundo’, altos mandos de la Guardia Civil han reclamado a la Dirección General de la Benemérita el uso de lanzagranadas para hacer frente a las grandes organizaciones del narcotráfico que operan en el Estrecho, la zona más conflictiva. La petición se produce en un contexto marcado por el aumento de la violencia, el uso de armas de guerra por parte de algunas redes criminales y la muerte de cuatro agentes en operaciones marítimas durante los dos últimos años. Un grupo de generales ha elevado varios escritos internos para pedir que se permita el uso de lanzagranadas MOD. GL-06 calibre 40 mm. Los mandos sostienen que hay 50 unidades disponibles, junto con su munición, y que podrían utilizarse para tratar de inmovilizar o inutilizar los motores de las narcolanchas durante las persecuciones.

“Los actos de violencia y acometimiento que cada vez con mayor intensidad se están produciendo en aguas internacionales y nacionales contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o miembros de Vigilancia Aduanera utilizando EAV [alta velocidad] u otras embarcaciones se vienen incrementando en los últimos años sin que se haya dado una respuesta punitiva suficiente para enfrentar el reto que estas activades violentas suponen contra la seguridad de la navegación marítima y contra la vida y la integridad física de los afectados”, señala la Fiscalía Antidroga, que recuerda que el artículo 616 del Código Penal castiga a “al que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será castigado como reo del delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince años”.

Aunque el delito de piratería suele perseguirse en hechos ocurridos en aguas internacionales, competencia de la Audiencia Nacional, la orden de Antidroga recoge la necesidad de ampliar estas directrices a episodios registrados en aguas de soberanía española, ya que el delito de piratería protege la seguridad de la navegación en el mar sin distinguir aguas internacionales o territoriales. De este modo, la orden firmada por la fiscal jefa Antidroga considera necesario que en todos los atestados, oficios o informes dirigidos a dicho departamento (ya sea en el ámbito de la Audiencia Nacional o en el territorial a través de las delegaciones) referidos a actuaciones en las que participen embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas, se informe de cualquier ataque directo o indirecto contra las embarcaciones oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de vigilancia aduanera.

Ayuda de la Armada

La Fiscalía Antidroga ya pidió en 2024 al Ministerio de Defensa la colaboración directa de la Armada en los abordajes a las embarcaciones de los narcotraficantes en alta mar cuando su presencia sea requerida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “El Estado se tiene que dotar de todos los medios, no puede estar en inferioridad de condiciones con los narcos”, señaló entonces la fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán, en una entrevista concedida a Efe. La nueva petición de la Fiscalía coincide en el tiempo con la petición de estos generales, que no se plantea como una medida ofensiva convencional, sino como una herramienta de intervención frente a embarcaciones que, según los mandos citados por ‘El Mundo’, actúan con una capacidad de maniobra y una agresividad muy superiores a los medios disponibles por las patrullas.

Los sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional llevan tiempo reclamando el endurecimiento de las penas y el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo. Los profesionales denuncian la falta de medios materiales y humanos y de compromiso por parte del Gobierno para liderar medidas que los protejan. Muchos narcos usan ya en Andalucía fusiles de asalto para enfrentarse a los agentes. A este clima de tensión se suma la muerte de cuatro guardias civiles en apenas dos años. La tragedia más reciente ocurrió el pasado mes de mayo en Huelva. Una colisión entre dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado causó la muerte de dos agentes en acto de servicio. En febrero de 2024, otros dos guardias murieron en Barbate (Cádiz) tras ser embestidos de manera deliberada por una narcolancha.

Los mandos que impulsan la solicitud de los lanzagranadas consideran que el uso de estas armas podría dar una respuesta más eficaz a las persecuciones contra narcolanchas de alta potencia. Su planteamiento se apoya en que el material ya existe, está almacenado y podría emplearse por personal formado a una distancia aproximada de 100 metros. También alertan de que los narcos conocen las limitaciones legales y operativas de los agentes, lo que, a su juicio, aumenta la sensación de desprotección durante las intervenciones.