Anular la regularización de migrantes “es casi imposible” pese a las dudas del Supremo sobre su encaje europeo: solo permite residir y trabajar en España

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes que puso en marcha el Gobierno a mediados de abril, que permitirá obtener permiso de residencia y trabajo a miles de personas que ya vivían en España y cuyo plazo para presentar solicitudes terminó el 31 de junio, ha estado rodeado de un intenso debate social y político, marcado también por los bulos y la desinformación, como suele ocurrir en asuntos relacionados con la migración. Ahora, pese al cierre del plazo, el debate sigue abierto, ya que el pasado martes el Tribunal Supremo planteó la posibilidad de llevar la regularización al Tribunal de Justicia Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho de la Unión Europea, una duda planteada después de que se hayan recibido más de 1,2 millones de peticiones en un proceso histórico.

La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal surge a raíz de dos recursos presentados por los Gobiernos de Aragón y la Comunidad Valenciana, que impugnaron el decreto aprobado en abril por el Gobierno central, que estimó que el mecanismo beneficiaría a medio millón de personas. Ahora las partes implicadas tienen hasta este viernes 3 de julio para expresar su opinión acerca de la procedencia de formular ante el TJUE dudas legales sobre el decreto de regularización. Antes de decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por las mencionadas autonomías, el Supremo quiere saber si la norma española podría entrar en conflicto con el derecho europeo.

La principal duda es si un país de la Unión Europea puede conceder de forma general permisos de residencia temporal a personas en situación irregular, sin exigirles antes que salgan del país, salvo en los casos excepcionales previstos por la legislación comunitaria. Los jueces relacionan esta cuestión con el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE, aprobado en 2024. El Supremo también pide a las partes que opinen sobre la compatibilidad de esta medida con el Convenio Schengen y otras normas europeas, ya que quienes obtienen la residencia temporal podrían circular libremente por el espacio Schengen durante ciertos periodos.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerdan, no obstante, que el pasado mes de mayo el Supremo ya rechazó suspender la regularización de manera cautelar, por lo que transmiten un mensaje de tranquilidad a quienes han solicitado el proceso. “La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario”, aseguran las mismas fuentes, que también subrayan que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español.

Desde la Fundación Por Causa también consideran “altamente improbable” que el proceso de regularización pueda anularse. “Lo que ahora ha recibido el Tribunal Supremo es una queja. Pero, si el procedimiento avanzara y el Tribunal de Justicia Europeo se pronunciara en contra, la anulación de la regularización sería extremadamente compleja, tanto desde el punto de vista jurídico como práctico, porque esto afectaría a cerca de 1,3 millones de personas que han presentado una solicitud para acogerse al proceso -ya hay más de 360.000 admitidas a trámite- y sería difícil de revertir”, señala a Infobae Lucila Rodríguez-Alarcón directora general de la Fundación porCausa.

El proceso judicial sería extenso y, para entonces, muchas personas ya habrían consolidado su situación legal, añade la activista, que insiste en que el anuncio de una posible invalidación de la regularización “es infundado y alarmista”: “Prácticamente es imposible que la regularización se eche atrás”.

En esa misma línea se expresan desde el movimiento Regularización Ya, impulsor del proceso, que tilda de “maniobras jurídicas de incidencia política” los recursos presentados por Aragón y la Comunidad Valenciana, donde gobiernan PP y Vox. “Este tipo de acciones tienen poco recorrido. Nos parece un manotazo de la derecha y la ultraderecha, que no saben perder, pero no van a poder tumbar la regularización”, defiende Victoria Columba, una de las portavoces de este movimiento.

Solo pueden viajar como turistas por la UE

El permiso de residencia y trabajo que se otorga a los migrantes regularizados solo es válido para vivir y trabajar en España, insisten desde el ministerio que lidera Elma Saiz. Si la persona que lo obtiene quiere trasladarse y trabajar en otro Estado miembro de la Unión Europea, deberá solicitar un permiso específico conforme a las leyes de ese país. Para ello, necesitará un contrato de trabajo y cumplir con los requisitos legales establecidos por el país al que desea ir.

En el caso de que las personas migrantes regularizadas quieran transitar o viajar por turismo a otro país europeo del espacio Schengen, se permite una estancia máxima de 90 días en un periodo de 180 días. Si superan los seis meses fuera de España, perderían su permiso. Además, la mayoría de quienes han solicitado la regularización lo han hecho porque ya cuentan con trabajo y cierta estabilidad en España, por lo que no planean mudarse a otros países europeos.

Meses atrás, la Comisión Europea también recordó que la regularización de ciudadanos extranjeros corresponde a las autoridades nacionales y que cada Estado miembro debe asegurar que esas medidas no comprometan la integridad del espacio Schengen. Según explicó en marzo el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, “si una persona con un permiso de residencia nacional es encontrada en situación irregular en otro país de la Unión Europea, deberá regresar a España”.

No concede automáticamente el derecho al voto

Aunque existen bulos que difunden que la regularización se realiza para incrementar el censo electoral, lo cierto es que este proceso no otorga automáticamente el derecho al voto. Solo las personas con nacionalidad española pueden votar en elecciones generales y autonómicas, y obtenerla requiere varios años de residencia y cumplir requisitos legales. Las personas regularizadas solo podrán votar en elecciones municipales si provienen de países con acuerdos de reciprocidad con España, ya que la residencia legal no implica la concesión automática de la nacionalidad ni el acceso inmediato al voto en comicios nacionales o regionales.

El derecho al voto en las elecciones generales está restringido a quienes tengan nacionalidad española, sean mayores de 18 años y estén inscritos en el censo electoral. Aunque la regularización otorga residencia legal, no implica la concesión automática de la nacionalidad española.